El pasado 7 de febrero las organizaciones de investigadores salieron a la calle en diversas ciudades del país para exigir mejoras en el anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia. Los convocantes consideran que la ley implica avances en distintas materias respecto a la ley de 2011, como las indemnizaciones por despido, pero deja fuera importantes demandas, como un Estatuto del Personal de Investigación para mejorar en condiciones laborales. Pero los investigadores exigen más medidas concretas para acabar con la precariedad de los trabajadores, crear puestos indefinidos y en mejores condiciones, mejorar la excesiva burocratización, más inversión en ciencia, un plan concreto en el país para mejorar la capacidad productiva y avanzar en investigación.
Hablamos con Emilio Criado, investigador del CSIC que forma parte de Marea Roja y es vocal de CCOO en el Consejo Nacional de Ciencia, donde se ha elaborado el informe preceptivo antes de llevar la APL (anteproyecto de ley) al Consejo de Ministros. Además, pertenece al grupo de trabajo que ha estado en negociaciones con Función Pública.
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¿Qué mejoras supone el anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia respecto a la legislación anterior?
La ley tiene un aspecto fundamental de mejora para los trabajadores de investigación, incorpora las reformas introducidas en la reforma laboral como una indemnización por despido para predoctorales y postdoctorales con carácter retroactivo. Permite que en los grandes grupos de investigación que llevan años contratando personal y que reciben ayudas europeas o de las comunidades pueden hacerles contratos indefinidos, y se suprimen parte de los contratos por obra y despido que se hacían a los investigadores. Esta es una de las causas de precariedad, la gente está con contratos a corto plazo. Se eliminan algunas de las cláusulas de despido que había en la anterior ley, antes te hacían una evaluación intermedia a los cuatros años de tener el contrato postdoctoral y su resultado negativo podía ser motivo de despido, ahora no. En el sector investigador se puede despedir más fácilmente. La ley también avanza en temas de género y de ética. Las mejoras son muy importantes, pero la ley tiene muchas carencias. Nuestra posición es una crítica constructiva.
¿Qué mejoras reclamáis en la normativa?
En la carrera investigadora los contratos son tesis doctoral más seis años, pero nadie asegura que después de esos seis años vayas a tener acceso a un puesto de trabajo, en la normativa actual de la oferta de empleo no está garantizado. No se dice cuántas plazas va a haber de aquí a unos años. La ley no reconoce los derechos de carrera para el conjunto del personal de investigación, en la ciencia no trabajamos solamente científicos, hay profesionales técnicos, ingenieros, administrativos… La ley no avanza en las carreras para personal sanitario, médico y no médico, y no habla de la universidad, núcleo fundamental de la investigación en España. Esto tiene que ver con que están en marcha reformas en la LOSU, en la universidad, pero pedimos al Gobierno que sea coherente y plantee todo el paquete de reformas, que no deje fuera a un sector.
“El talento en investigación necesita inversión y capacidad productiva para materializarse”.
Hay partes más delicadas como que la ley no tiene memoria económica, lo cual le quita rigor. Solo hace referencia a que en 2024 llegaremos al 2% del PIB en inversión y en 2027 al 3%. Esos datos no se sostienen, porque el crecimiento en inversión en investigación es de un 0,1% al año. El porcentaje de inversión del PIB en ciencia de nuestro país es menor que la media de la UE, hay una carencia brutal de inversión. En España tenemos ciencia gracias al sector público.
En materia laboral y de derechos de los trabajadores, reclamáis un Estatuto del Personal de la Investigación, entre otras cuestiones.
La negociación colectiva de los derechos en los contratos, el horario, los salarios, quedan totalmente en el aire, se tienen que poder negociar las modificaciones. Las carreras tienen que tener un Estatuto del Personal de la Investigación que reúna todos los colectivos profesionales y derechos de los trabajadores y la obligatoriedad de integrar a todo el personal de investigación en los convenios colectivos.
Este ministerio ha tenido un tono más abierto en las negociaciones que el equipo anterior, pero la ley es imprecisa y voluntarista, le falta concreción. No avanza en la gobernanza, la relación entre el Gobierno central, las comunidades y las universidades. Esto hay que arreglarlo, tenemos seis estrategias en España sobre el hidrógeno verde, una distinta por comunidad, y es un lío a la hora de decidir invertir en una infraestructura. Hay carencias relevantes en la legislación, no hay carrera para el personal técnico ni para el personal sanitario, no se reconoce el papel de la universidad en la investigación, no está desarrollado el tema financiero ni la estrategia de la innovación.
“La investigación tiene que responder a demandas sociales y beneficiar al país.”
La mejora en investigación y ciencia va unida a la inversión y también a la soberanía productiva.
Se habla de ley de Ciencia e Innovación, pero no se especifica en qué sectores se va a potenciar la innovación, si en la sanidad, en los automóviles, la energía… En España el sector productivo ha caído mucho, hay una falta de desarrollo dramática. La estructura productiva tiene que cambiar. Se tiene que concretar qué sectores se va a potenciar y con qué empresas. No se puede hablar de desarrollar de tecnología de baterías para coches si la tecnología básica, el control de níquel y el cadmio está en manos de compañías que te pueden cerrar el grifo en cualquier momento.
Nosotros defendemos que invertir el 2% del PIB en investigación que proponen para dentro de unos años es el mínimo, se tendría que haber alcanzado hace tiempo según los acuerdos. Desconfiamos de que esa cifra se pueda alcanzar teniendo en cuenta el número tan pequeño de empresas españolas que se dedica a la investigación. España es el onceavo país en producción científica, pero, en tecnología, estamos en el puesto número treinta por una diferencia que es la capacidad productiva. Los profesionales españoles del Centro Nacional de Biotecnología no tienen nada que envidiar en capacidad profesional a otros investigadores en el mundo, lo que no tienen es la estructura productiva necesaria detrás. Por ejemplo, el equipo de Luis Enjuanes, quienes tienen más cercana la creación de una vacuna, tendrán que vender los derechos a una empresa que lo pueda materializar, porque trabajar con humanos en la fase de pruebas cuesta un millón y no tienen financiación para hacerlo. Tenemos gente buenísima pero no medios ni capacidad productiva para transformar las ideas en productos, materializar el talento. El Gobierno no solo tiene que financiar, tiene que generar estructura productiva, potenciar empresas que puedan llevar esto a cabo. Hay que producir, por ejemplo, material sanitario. España es de los pocos países que no tiene empresa propia de energía pública y tenemos que importar hasta jeringuillas, se nos cae la cara de vergüenza.
La ley de ciencia no es solo en relación a los científicos, también tiene que ser para decidir para qué es la ciencia española y cómo se va a traducir en resultados. La ley es para organizar a los trabajadores científicos, pero también para asegurar que su trabajo responda a demandas sociales y se traduzcan en productos concretos que benefician la economía del país.