«La mitad de los españoles exige a los sindicatos que convoquen una huelga general contra una eventual subida de la edad de jubilación. Una opinión que comparten el 63% de los votantes del PP y un 43% de los del PSOE. Sólo un 34% se muestra contrario a convocarla y el 16,5% no opina. Las respuestas muestran que donde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se lleva un mayor varapalo es en la valoración de su actuación política. Un 55,5% de los españoles suscribe la afirmación: «Zapatero nos estaba engañando cuando decía que las pensiones estaban aseguradas». (PÚBLICO)
EL PAÍS.- Al crecimiento esectacular del desempleo, al empobrecimiento de las clases medias que ven reducida su renta disponible y el valor de sus activos inmobiliarios, se le van a sumar a partir de ahora, de una forma u otra, antes o después, unas condiciones más exigentes para recibir las pensiones públicas (mientras las privadas, en el seno de las instituciones financieras, también han perdido parte de su valor) y una reforma del mercado de trabajo que para mejorar la posición de unos conllevará las pérdidas de derechos de otros” (EL PAÍS) EL CONFIDENCIAL.- La plácida mayoría absoluta que disfruta Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid puede verse seriamente amenazada en las próximas elecciones autonómicas por la emergente Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez. Hasta el punto de que un sondeo interno encargado por el PP madrileño, y que Aguirre guarda bajo siete llaves, apunta un leve descenso de los populares en intención de voto y otorga al partido liderado por la ex dirigente socialista, que irrumpiría con fuerza en el Parlamento regional, hasta cinco escaños. Encuesta. Público El 50% apoya la huelga general si el gobierno retrasa la jubilación Fernando Vicente Podrá no estar claro por qué el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió apretar el acelerador de la reforma del sistema de pensiones sin previo aviso, pero de lo que no queda ya ninguna duda es de que la fuerte polémica desatada tras el anuncio tiene una raíz concreta: el rechazo mayoritario de la sociedad española. Las respuestas a las preguntas del Publiscopio, realizadas entre los días 1 y 3 de febrero, demuestran que los españoles podrán estar de acuerdo en que es necesario reformarlas, pero también que no sólo rechazan la forma y el momento, sino que se sienten engañados por el Gobierno. Lo curioso es que una clara mayoría de los ciudadanos, prácticamente el 66%, está de acuerdo con el argumento de que cada vez habrá más personas cobrando pensiones y menos gente cotizando para pagarlas, y que, por lo tanto, es necesario reformarlas. Y es esta una opinión mayoritaria independientemente de la adscripción política. Piensa así el 67% entre los votantes del PSOE y el 64% entre los del PP. Es más, siete de cada diez españoles están convencidos de que el sistema de pensiones corre un serio peligro si su reforma no se lleva a cabo. Una opinión que comparten el 61% de los votantes del PSOE y un 74% de los del PP. Pero en las reformas concretas propuestas por el Gobierno para garantizar la supervivencia de las pensiones es donde se rompe su sintonía con los ciudadanos que, también mayoritariamente, rechazan que sean las acertadas. Sólo un 14% cree que elevar la edad de jubilación "es indispensable para evitar la quiebra del sistema". Piensa que no el 74%, una opinión que es mayoritaria tanto si se vota al PP (72%) como al PSOE (76%). Pensando así, es lógico pues que los españoles no estén de acuerdo con la propuesta de elevar progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años de edad. Y en este caso no hay ninguna diferencia ideológica: el 75% de los votantes de los dos principales partidos políticos rechaza la medida. Incluso si se analizan las respuestas de los españoles en función de la edad, lacoincidencia en los porcentajes de rechazo a la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años es casi absoluta. Entre los que tienen ya 60 o más años cumplidos, y por tanto no se verían afectados por la medida si esta se llevara a cabo, la rechaza un mayoritario 65%, mientras que un 19% la aprueba y otro 14% responde que "no tiene opinión". Pero por debajo de ese límite de edad, desde los 18 hasta los 59 años, opina como mínimo un 95% de los españoles y, de ellos, ocho de cada diez "no está de acuerdo" con elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67. En todos los casos, los mayores porcentajes de españoles que manifiestan no tener una opinión sobre el asunto (no supera el 23%) se dan entre los mayores de 60 años. Pero la edad nunca implica una desviación significativa sobre la opinión de la mayoría, ni sobre la existencia de un desequilibrio entre pensionistas y cotizantes, la consiguiente necesidad de reformar el sistema o sobre que la solución sea elevar la edad de jubilación. Eso sí, es entre los más jóvenes, los que tienen de 18 a 29 años, donde se encuentran mayores cuotas de pesimismo. El 77% de ellos está de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema por su desequilibrio entre pensiones y cotizaciones, lo que supone 11 puntos por encima de la media nacional; otro 74% cree que el sistema está realmente en peligro si no se reforma, lo que vuelve a suponer otros siete puntos por encima de la media. Un 50% apoyaría una huelga general La mitad de los españoles exige a los sindicatos que convoquen una huelga general contra una eventual subida de la edad de jubilación. Una opinión que comparten el 63% de los votantes del PP y un 43% de los del PSOE. Sólo un 34% se muestra contrario a convocarla y el 16,5% no opina. Las respuestas muestran que donde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se lleva un mayor varapalo es en la valoración de su actuación política. Un 55,5% de los españoles suscribe la afirmación: “Zapatero nos estaba engañando cuando decía que las pensiones estaban aseguradas”. Respuesta que elige el 83% de los votantes del PP, pero también tres de cada diez votantes del PSOE. Peor aún para la imagen del Gobierno: un 58% de los españoles está convencido de que elevando la edad de jubilación, “Zapatero incumple su promesa de defender los derechos de los trabajadores” y el 67% piensa que es falso que no haya “otro remedio para asegurar el futuro de las pensiones”. La decepción sobre la gestión presidencial que implica esta respuesta es prácticamente igual entre sus propios votantes (un 62% lo cree). Sólo tres de cada diez españoles están dispuestos a concederle a Zapatero “haber sido valiente al tomar una medida impopular”, en lugar de dejar que el problema, que la mayoría reconoce, “siga agravándose”. PÚBLICO. 8-2-2010 Opinión. El País España contra la pared Joaquín Estefanía La semana empieza conteniendo la respiración: ¿cómo reaccionarán los mercados tras la tregua del fin de semana? Con el esbozo de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno ha conseguido, de momento, detener en parte la hemorragia de la contestación interior. Ahora tiene la batalla más dura: convencer a los mercados internacionales de que España no es Grecia; que tiene un diagnóstico adecuado de la situación; que va a gobernar aunque sea impopular hacerlo; que va a liderar una coalición social de apoyo a las reformas necesarias; y que convocará a la oposición, con voluntad política de pactar, para que de una vez ésta comparezca con soluciones concretas y no sólo con conceptos esdrújulos. El cierre de la semana anterior fue dramático: acumulación de pésimos datos coyunturales en materia de desempleo y de déficit público (aunque haya indicadores parciales, por ejemplo la producción industrial, que indican que algo se está moviendo), y crítica de los mercados internacionales en forma de castigo a la calidad y al precio de la deuda pública del Reino de España. A partir de hoy, los responsables económicos se van de gira por Europa con inversores institucionales y agencias de calificación de riesgo para convencerlos de que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para corregir los fuertes desequilibrios. Tropezarán para ello con una triple desconfianza. La principal, la duda sobre si existe un Gobierno eficaz y capaz de aguantar las presiones en contra de un severo plan de ajuste; el atropellamiento de medidas que se superponen unas a otras, las marchas adelante y atrás dependiendo de la reacción social que generan, han afectado a la imagen del Ejecutivo. Tener enfrente a los mercados es estar contra la pared; puede parecer bien o mal, justo o injusto y plantea un interesante debate sobre el papel hegemónico de los especuladores y las agencias de calificación de riesgos en las democracias y en la soberanía de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos, pero es el que es y el que se ha permitido. Además, el Gobierno tiene un límite que hasta hace poco parecía una ventaja: España preside la UE y ello dificulta los cambios políticos que parecen imprescindibles para reaccionar. La segunda desconfianza se expresa en el voluntarismo de los datos presentados en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas hace unos días. Pocos expertos han creído en la capacidad de crecimiento del PIB que el Gobierno atribuye para los próximos dos o tres años, toda vez que España es hoy el único país del G-20 que sigue técnicamente en recesión, después de siete trimestres seguidos de contracción. La tercera desconfianza permanece agazapada, pero en algún momento tendrá que salir: la sanidad del sistema financiero español. Se sabe, de manera agregada, que los bancos y cajas de ahorro poseen en sus tripas un riesgo promotor inmobiliario de 350.000 millones de euros, impagable en gran parte, y un stock de deuda pública española, ya deteriorada por el aumento del riesgo país, de unos 150.000 millones de euros. ¿Cómo se descompone ese riesgo entre las entidades concretas? En las últimas semanas, el Gobierno ha iniciado un sigiloso cambio de rumbo en su política económica para evitar el estrangulamiento en su financiación. Nada se puede hacer si no hay dinero, nos lo prestan muy caro o no nos lo prestan. Ese sigilo es el que ha dado lugar a ese "déficit de explicación" al que se refería el ministro de Trabajo, para embridar la reforma de las pensiones. Zapatero ha de hacer frente a su última ensoñación sucumbida: que no va a haber recortes en la protección social. Al crecimiento espectacular del desempleo, al empobrecimiento de las clases medias que ven reducida su renta disponible y el valor de sus activos inmobiliarios, se le van a sumar a partir de ahora, de una forma u otra, antes o después, unas condiciones más exigentes para recibir las pensiones públicas (mientras las privadas, en el seno de las instituciones financieras, también han perdido parte de su valor) y una reforma del mercado de trabajo que para mejorar la posición de unos conllevará las pérdidas de derechos de otros. Difícil tarea. De pedagogía, pero también de liderazgo y del consenso que requieren coyunturas excepcionales. EL PAÍS. 8-2-2010 Opinión. El Confidencial Alarma en el PP de Madrid: Rosa Díez podría arrebatar a Aguirre la mayoría absoluta J. L. Lobo / A. Mendoza La plácida mayoría absoluta que disfruta Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid puede verse seriamente amenazada en las próximas elecciones autonómicas por la emergente Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez. Hasta el punto de que un sondeo interno encargado por el PP madrileño, y que Aguirre guarda bajo siete llaves, apunta un leve descenso de los populares en intención de voto y otorga al partido liderado por la ex dirigente socialista, que irrumpiría con fuerza en el Parlamento regional, hasta cinco escaños. Fuentes del PP madrileño han reconocido a El Confidencial que UPyD, que actualmente no tiene representación en la Cámara autonómica, podría poner en peligro la mayoría absoluta de Aguirre y condicionar decisivamente la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid si se cumple el pronóstico de la encuesta encargada por la presidenta regional. Ésta dispone ahora de 64 escaños -tres por encima de los 61 que marcan el listón de la mayoría absoluta-, pero podría bajar de los 60 si se da el mejor escenario posible para Díez, a quien el sondeo concede una horquilla de entre dos y cinco diputados. Esa clara tendencia al alza de UPyD, no sólo en la Comunidad de Madrid sino en toda España, ya quedó reflejada en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer el pasado jueves. Según ese sondeo, si hoy se celebrasen elecciones generales la formación encabezada por Díez obtendría el 4,4% de los votos; es decir, cuadruplicaría el resultado logrado en los comicios de 2008, cuando alcanzó el 1,1% y un escaño en el Congreso de los Diputados, que desde entonces ocupa Díez. Ésta, además, es ya el dirigente político más valorado, según el CIS, por encima de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. Voto socialista La presidenta de UPyD reconoció a este periódico que su partido carece por ahora de fondos para encargar encuestas, "pero analizamos los que hacen los demás". Según Díez, un sondeo interno de Ferraz "nos da hasta siete escaños en la Asamblea de Madrid. Y un alto dirigente socialista que no voy a identificar me confesó recientemente que estaban preocupados porque la mayoría de los votantes que ganamos nosotros proceden de las filas del PSOE, y ese electorado que se pierde es muy difícil de recuperar". La encuesta interna encargada por Aguirre, en efecto, apunta un desplome del PSOE madrileño actualmente liderado por Tomás Gómez, cuya candidatura como rival de aquélla en las elecciones del próximo año aún no está confirmada. UPyD crecería en la Comunidad de Madrid a costa, sobre todo, de los socialistas, que también podrían ceder terreno a IU. Pero el PP tampoco saldría indemne del tirón electoral de Díez. Las fuentes consultadas atribuyen ese posible caída en la intención de voto del PP a un descenso en la popularidad de Aguirre como consecuencia de su desafío al liderazgo de Rajoy y su enfrentamiento fratricida con Alberto Ruiz-Gallardón. En el caso de que UPyD sea una fuerza decisiva en la Comunidad de Madrid "daremos nuestro apoyo al PP o al PSOE sólo en función del programa que presenten para gobernar", asegura Díez a El Confidencial, "pero en ningún caso entraremos en el Ejecutivo autonómico, porque queremos seguir siendo la alternativa". Díez rechaza, sin excesiva convicción, las críticas sobre su supuesto exceso de personalismo, y asegura que "esto se arregla cuando los medios de comunicación dejen de centrarse exclusivamente en mí y estemos presentes en más comunidades autónomas y ayuntamientos. En el País Vasco, por ejemplo, todo el protagonismo lo tiene nuestro diputado Gorka Maneiro". EL CONFIDENCIAL. 8-2-2010