Por tercer año consecutivo el «Informe Auken» aprobado por el Parlamento Europeo (con los votos en contra del PSOE y PP) vuelve a condenar a España por la corrupción generalizada en torno a la construcción. El informe es aún más duro en esta ocasión, dando varias claves para poner de manifiesto que no estamos ante el problema de algunos funcionarios o políticos corruptos, o de casos aislados en algún ayuntamiento, sino ante «una situación de corrupción endémica» favorecida por la «ambigüedad perversa y querida de la legislación», las propias «Administraciones españolas, central, autonómica y local», y la «ineficacia judicial».
El informe denuncia esecialmente “la ambigüedad perversa y querida de la legislación”, haciendo hincapié de forma especial en la figura “legal” del “agente urbanizador”, utilizada por promotores, funcionarios y políticos para “el expolio generalizado del suelo” aprovechando “la obligación de ceder propiedad privada” a los ayuntamientos o para imponer “costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras a menudo innecesarias”, etc.El informe incide en la “ineficacia judicial”. A pesar de que “las autoridades judiciales han empezado a reaccionar (según el informe, hay más de 250 proyectos urbanísticos investigados, especialmente en Andalucía, Castilla-La mancha, Murcia y Valencia)…, los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse deforma que compensen a las víctimas de tales abusos”.Pero la situación de “corrupción endémica” sería imposible sin la estrecha relación entre la clase política, auténtica casta de burguesía burocrática, y las burguesías locales, especialmente las vinculadas a la construcción y el sector inmobiliario. Una relación sin la cual no hubiera sido posible lo que denuncia el informe: “la mayoría de los planes urbanísticos denunciados conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor”. Una relación engrasada por una legislación hecha a medida y una justicia lenta, en el mejor de los casos. Eso es lo que ha permitido, como dice el informe, “la conducta especulativa” de autoridades locales y el sector de la construcción “que han conseguido sacar beneficios masivos”.El problema, por lo tanto, no es el problema de tal o cual ayuntamiento, de tal o cual político corrupto o constructor sin escrúpulos, tal y como dicen las fuerzas políticas implicadas en autonomías y ayuntamientos. La corrupción generalizada se corresponde con un sistema general organizado, una especie de mafia inmobiliaria que extiende sus ramificaciones por las administraciones, los partidos, las empresas y el propio sistema judicial. Y, por lo tanto, como tal ha de ser tratado. Los delitos de corrupción han de ser tratados de la misma manera que “el crimen organizado”, investigando la tramas corruptas hasta desarticularlas por completo en todas sus ramificaciones. Lo que también exige una revisión del Código Penal para endurecer las penas a los corruptos y establecer medidas para que devuelvan todo lo robado, defraudado o evadido a las arcas públicas y las víctimas de sus desmanes.