A pesar de sus luces, esta nueva ley de universidades está lejos de ser la ley que estudiantes y profesores necesitan. Con parches, no deja de ser una continuación de lo que el Plan Bolonia promovió en su día: la universidad al servicio de los fondos privados.
Como ya va siendo natural, cada nueva ley que sacan está envuelta en polémicas. Sobre todo porque se ha aprobado “por la puerta de atrás”. Si hacemos una radiografía de esta nueva ley, sí que tiene cosas que mejoran las condiciones del conjunto de la comunidad educativa, pero luego tiene algunas, de carácter estructural, que lo que hacen es condenar la educación.
Asignaturas que aprueba
- Era necesario actualizar la ley. El sistema educativo funciona con una ley que se aprobó hace ya más de 20 años. Era una necesidad revisarla y actualizarla.
- Pone medidas para hacer frente a la precarización del profesorado. La propuesta estrella, pensando en los profesores, es que baja la contratación de profesores temporales al 8% (actualmente está en torno al 40%).
- Busca romper el techo de cristal. Las mujeres son el 55% de tituladas, pero solo el 41% de las profesoras y el 25% de las catedráticas. Sobre todo buscando la paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección.
- Mayor porcentaje de inversión en investigación. Cada universidad debe destinar hasta un 5% de su presupuesto en investigación y un 15% de sus plazas docentes a investigadores.
- Acabar con la endogamia universitaria. El 70% de profesores trabaja en el campus en que se doctoró. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber mayoría de profesores de otros campus elegidos por sorteo.
- Reducción de las tasas. Las tasas universitarias volverán a fijarlas las autonomías, pero siempre “dentro de un marco de contención o reducción progresiva de los precios públicos”.
- Los estudiantes no sufrirán penalizaciones por participar en huelgas estudiantiles. De forma de que si justifican su participación en una huelga o manifestación, no sufrirán ninguna penalización (pérdida de convocatoria, puntos de asistencia…).
- Mayor representación estudiantil en el claustro. Pasan del 10% de representación al 25%, frente al 51% del profesorado.
- Limitación de los colegios mayores no mixtos. Fruto de lo que pasó en el Colegio Mayor madrileño Elías Ahuja, se introduce una enmienda por la que las universidades públicas no renovarán como colegios mayores a las residencias que segregan por sexos, con lo que perderán prestigio, dinero y acceso a servicios del campus.
Si bien tiene aspectos positivos, la LOSU no es suficiente.
Asignaturas que suspende
- Es una ley que cuenta con el rechazo de estudiantes y profesores. La mayoría de los aspectos positivos no se contemplaban hace un año en el proyecto de ley que presentó Castells. Los cambios que propuso Joan Subirats se deben a las movilizaciones de la comunidad estudiantil del año pasado.
- Abre (aún más) la puerta de las universidades a las empresas privadas. Este es uno de los principales problemas. En la última década el Banco Santander ha invertido en la educación española hasta 1.600 millones, dándole un peso y una capacidad de decidir en los planes educativos. Con esta nueva ley, las empresas privadas tendrán más influencia a golpe de talonario.
- Es una exigencia de Bruselas. Esta ley no está hecha en función de actualizar y mejorar el sistema educativo español. Sino que es una exigencia por haber recibido las ayudas europeas para hacer frente a la COVID-19 (fondos Next Generation).
- No soluciona los problemas de la financiación universitaria. Solo señala, en el mejor de los casos, un incremento de hasta el 1% del PIB en 2030, insuficiente porque actualmente está por debajo de la media europea y de la de la OCDE.
La LOSU, aunque mejora… LO SUspendemos
Si bien tiene aspectos positivos, estamos ante una ley que hace -en cuanto raspamos un poco- lo que el plan Bolonia no consiguió: privatizar la universidad. Dando carta blanca a los fondos privados para poder invertir a placer.
Y no olvidemos que los aspectos positivos que tiene esta ley son añadidos a posteriori, fruto de las movilizaciones del año pasado. La ley que proponía Castells ni siquiera las contemplaba. Si cuando se intentó poner en marcha el plan Bolonia encontramos una fuerte resistencia por parte de la comunidad educativa, es previsible que próximamente haya manifestaciones.
CCOO ha criticado que esta ley es “poco ambiciosa y superficial”, aludiendo a que no saca a relucir toda la capacidad que tiene la educación española. Por otro parte, la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (CREUP) lo que denuncia es que es completamente insuficiente. Ambas partes confluyen en una misma cuestión: la LOSU no es suficiente.
Esta ley intenta lo que el plan Bolonia no consiguió: privatizar la universidad.
Solo podemos aspirar a otro tipo de educación, partiendo de la unión del conjunto de la comunidad educativa. Por ello, lo primero es promover a nivel interno los organismos necesarios para que dentro de la universidad estén representados de forma equitativa los diferentes sectores de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, auxiliares…).
Por otro lado, hay que redistribuir la riqueza: invertir los recursos necesarios para promover la contratación del profesorados, la compra de equipos e instalaciones a la vez que se facilita el acceso a la universidad (tasas reducidas, un sistema de becas menos excluyentes…).
Para poder llevar adelante todo este proyecto es vital defender la soberanía nacional, no podemos aspirar a un proyecto educativo diferente si estamos sujetos a los mandatos y chantajes de Bruselas. La universidad debe de estar al servicio del pueblo, no puede ser un mercado donde los fondos privados hacen y deshacen por interés.