La sentencia que da la razón a unos padres y que obliga a una escuela pública de Catalunya -el Turó del Drac de Canet de Mar, en Barcelona- a dar un 25% de clases en castellano, ha desatado una intensa polémica.
El independentismo ha reaccionado rabiosamente, afirmando que la sentencia, junto a otras recientes del Tribunal Supremo, pone en peligro el modelo de inmersión lingüística, y por ende a la lengua catalana. Y los sectores más reaccionarios de la derecha española -con el PP y Vox a la cabeza- se han lanzado a instrumentalizar la sentencia, llamando «apartheid lingüístico» al actual modelo educativo en Cataluña.
Vaya por delante la más rotunda condena a cualquier tipo de amenazas, presión o amedrentamiento que estén sufriendo estos padres o cualquiera que defienda el bilingüismo en las aulas de Cataluña o del resto de España. Están en su derecho.
Y también vaya por delante que la inmersión lingüística ha demostrado que es capaz de promover el uso del catalán sin menoscabo de que los jóvenes catalanes sepan comunicarse, leer y escribir perfectamente en castellano. Priorizar una de las dos lenguas cooficiales como vehicular no debe significar no dejar un espacio para la enseñanza de la otra. De la misma manera que la lengua de Ramón Llull y la lengua de Cervantes coexisten en armonía y con naturalidad en las calles de Cataluña, así deben hacerlo en las aulas.
Sea bienvenido cualquier debate que -de forma franca y buscando la verdad, sin sectarismos ni distorsiones identitarias- vaya en función de cómo mejorar el aprecio, el uso hablado y la comprensión lectora de todas las lenguas cooficiales de nuestro país y de la invaluable riqueza inmaterial que encierran, para potenciar que sirvan para lo que deben servir las lenguas: para comunicarse y no para enfrentarse, para unir y no para dividir.
Pero volviendo al ruidoso debate que se ha levantado, ¿de verdad que este es el principal problema de la educación allí? ¿Es esta la cuestión que amenaza la calidad de la enseñanza de los niños y jóvenes en Cataluña?
La respuesta es que NO. Son los recortes.
Cataluña es, junto a Madrid, la comunidad autónoma que más recortes sociales ha sufrido en la última década, reduciendo en un 20% (4.190 millones de euros) su inversión social entre 2009 y 2019. Es la última en gasto por habitante en sanidad y penúltima en educación. Solo supera a Baleares, Canarias y Murcia en servicios sociales. Siendo una de las comunidades autónomas más industrializadas y prósperas, Cataluña es -solo superada por Madrid- la que menos gasto dedica a la educación. La media española es de 863,50€ por niño y año. La media catalana es de 756,84€, cien euros menos.
No son sólo euros, esto se traduce en menos personal, ratios de alumnos más elevadas, menos recursos para atender a la diversidad y la inclusión… todo lo cual redunda en una peor calidad de la enseñanza, en mayores tasas de fracaso escolar. Cataluña es la novena de las comunidades autónomas con más abandono escolar temprano y la segunda en segregación escolar.
Es este el debate que en Cataluña y en el resto de España se debería estar librando en torno a la educación: cómo revertir los recortes educativos, cómo aumentar y fortalecer las plantillas de profesores, cómo mejorar la calidad de la enseñanza en todos los sentidos.
Pero en lugar de eso, todo queda eclipsado por un debate bronco y sectario donde los que más gritan -el PP y Junts, Abascal y Borrás- son los que ocultan en su haber, o en sus programas de gobierno, los recortes más grandes en materia educativa, para Cataluña y para el resto de España.