La juventud en España se enfrenta a un reto casi insalvable: la emancipación. Comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en una quimera para la mayoría de los jóvenes. Un informe del Consejo de la Juventud de España pone sobre la mesa una de las grandes barreras para la emancipación: el coste de la vivienda. Para que un joven pueda alquilar un piso sin endeudarse por encima del 30% de sus ingresos, el alquiler medio en España debería rondar los 380 euros. Sin embargo, la realidad es muy diferente: el alquiler medio en el país supera los 850 euros mensuales, y en ciudades como Madrid o Barcelona alcanzan los 1.200 euros.
Según el informe, el 2023 nos ha dejado cifras alarmantes: sólo el 15,9% de los jóvenes menores de 30 años han conseguido emanciparse, la cifra más baja desde que comenzaron a registrar estos datos. Y, detrás de este número desolador, hay una realidad aún más cruel: la precariedad y la temporalidad laboral. Estos dos fenómenos se han convertido en los verdaderos verdugos de una generación atrapada en la incertidumbre.
La precariedad laboral: el principal obstáculo
Pero la raíz del problema no es solo el precio disparatado de los alquileres, sino también la situación laboral que sufren los jóvenes. A pesar de las reformas y los supuestos avances en materia de empleo juvenil, la realidad es que más del 60% de los jóvenes menores de 30 años que trabajan lo hacen con contratos temporales o a tiempo parcial, según la Encuesta de Población Activa (EPA) . Estos contratos, a menudo, no solo son cortos, sino que también suelen estar mal remunerados, lo que limita enormemente la capacidad de ahorro y de planificación a largo plazo.
El salario medio de una persona joven en España se sitúa en torno a los 985 euros netos al mes (14 pagas al año), según el CJE. Esto implica que destinarían más del 80% de su sueldo solo para pagar el alquiler, lo que convierte la idea de la emancipación en un imposible para la mayoría. Las recomendaciones internacionales señalan que no se debe dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda para evitar caer en situaciones de pobreza habitacional, pero este porcentaje se ha convertido en una utopía. Un joven que quisiera comprarse una vivienda tendría que destinar más del 90% de su salario a pagar una hipoteca.
Ante este panorama, se ha intentado vender la idea de que el emprendimiento es la solución mágica a los problemas laborales de los jóvenes. Sin embargo, convertirse en autónomo en España no es sinónimo de estabilidad, ni mucho menos. Más de un tercio de los autónomos menores de 35 años apenas consiguen llegar a fin de mes, según un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La cotización mínima para autónomos en España ronda los 290 euros al mes, una cifra que, sumada a otros gastos, deja a muchos jóvenes sin margen para invertir en vivienda.
La vivienda como un bien de lujo
El mercado inmobiliario español sigue siendo uno de los menos accesibles de Europa para los jóvenes. Mientras en países como Alemania o Francia se han implementado políticas de control de alquileres, en España las reformas aprobadas han sido insuficientes.
El precio medio de una habitación es de 488 euros al mes, un 57,3% más que hace cinco años. Y si lo comparamos con el año 2015, sería un 90% más. Solamente en el último año los precios de las habitaciones se han incrementado de media un 9,8%. El alquiler por habitaciones -llamado ‘coliving’, se ha disparado -así como su precio en los últimos tiempos. Por ello, es urgente que se reconozca que el alquiler de habitaciones es alquiler de vivienda y que, por lo tanto, se someta a las mismas condiciones.
Además, los fondos de inversión internacionales han encontrado en España un filón: adquieren grandes lotes de vivienda para alquilar, lo que encarece aún más el mercado y lo convierte en un bien de lujo. Esta situación deja a los jóvenes en una posición de absoluta vulnerabilidad. No pueden competir contra grandes inversores y, al mismo tiempo, no cuentan con el respaldo de un sistema público de vivienda accesible.
¿Hacia dónde vamos?
La precariedad laboral y el acceso a la vivienda se retroalimentan, creando un ciclo vicioso que condena a los jóvenes a la inestabilidad. La crisis de la vivienda es, en realidad, una crisis del modelo laboral y económico en el que nos encontramos inmersos. Sin una reforma profunda que aborde estos dos frentes de manera conjunta, la situación seguirá empeorando.
El informe del CJE no solo refleja un problema de números, sino una cuestión estructural que afecta directamente al futuro de toda una generación. La solución pasa por una política integral que tenga como centro acabar con la monopolización y el control de los bancos y los fondos buitres. Desde ahí se puede contemplar el aumento de la vivienda pública, el control de precios del alquiler, y una reforma laboral que ponga fin a la temporalidad y la precariedad. De lo contrario, la emancipación seguirá siendo un privilegio reservado para unos pocos, mientras el resto de la juventud queda atrapado en un limbo de incertidumbre.