«La notable movilización lograda por los líderes sindicales, en principio contra el comportamiento de los empresarios frente a la crisis, pero también a modo de aviso al Ejecutivo, por si decidiera salirse de la hoja de ruta que claramente parecen haberle marcado para cualquier eventual reforma del mercado de trabajo. Abundan los analistas convencidos de que evitar una huelga general es el principal empeño del presidente Rodríguez Zapatero y sus más próximos en la dirección del Partido Socialista» (ESTRELLA DIGITAL)
EL MUNDO.- Los grandes vencedores de la jornada de ayer son ERC y CiU, los verdaderos romotores de las consultas, que han utilizado a dos irrelevantes plataformas para enmascarar su responsabilidad en la organización de esta farsa y escapar de cualquier posible acción legal. Felip Puig, número dos de Convergència, no ocultaba ayer su satisfacción por lo que considera el inicio de «un nuevo ciclo político» que los nacionalistas van a intentar impulsar en torno «al derecho a decidir». Joan Puicercós, líder de ERC, iba incluso más lejos al afirmar que «las consultas populares convierten en intrascendente el fallo del Tribunal Constitucional» sobre el Estatuto. EL PAÍS.- Cuanto más cae la calificación de un país, más caros resultan los préstamos que demandan para pagar sus obligaciones. ¿Habrá un efecto dominó? Lo sucedido en Grecia ha resucitado en algunos ambientes el abusivo concepto de los países PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España). Europa no dispone de un protocolo con el que tratar a los países que pudieran suspender pagos, reflexión que ha surgido ahora con el caso de Grecia. ¿Se puede decir de los países, como de los bancos, que hay algunos suficientemente grandes como para impedirles quebrar porque tienen riesgo sistémico y por la interdependencia que produce la globalización? Opinión. Estrella Digital La Huelga General como temor Enrique Badía El pasado sábado, más de un veterano rememoró el lejano 14 de diciembre de 1988, cuando los sindicatos lograron paralizar el país con una convocatoria de huelga general contra el Gobierno socialista encabezado por Felipe González. Un episodio que, a juicio de muchos analistas, marcó un antes y un después en la ejecutoria política de aquel gabinete y su presidente, no precisamente para bien. El recuerdo venía probablemente a cuento por la notable movilización lograda por los líderes sindicales, en principio contra el comportamiento de los empresarios frente a la crisis, pero también a modo de aviso al Ejecutivo, por si decidiera salirse de la hoja de ruta que claramente parecen haberle marcado para cualquier eventual reforma del mercado de trabajo. Abundan los analistas convencidos de que evitar una huelga general es el principal empeño del presidente Rodríguez Zapatero y sus más próximos en la dirección del Partido Socialista. Habría, pues, una relativa asunción de esa línea roja marcada por los sindicatos en la no concretada, pero sugerida, reforma de las normas laborales que algún miembro del equipo gubernamental empieza a asumir como planteable en la primera mitad del 2010. Si tal presunción es cierta -datos lo apuntan-, cabe preguntar qué margen de maniobra existe para introducir cambios en las reglas que rigen aspectos tan relevantes como contratación, negociación colectiva y demás. Lo que vienen declarando al respecto los máximos dirigentes de UGT y CCOO, junto a la poco o nada matizada aquiescencia de varios miembros del Gobierno, viene a descartar cualquier cosa que no sea dejarlo todo prácticamente igual. Tal como están las cosas -mal-, probablemente convenga pensar que el diálogo en la pertinente mesa negociadora va a discurrir distinto o más allá de lo hasta ahora escenificado por unos y otros. Si no, las cosas difícilmente dejarán de empeorar. ESTRELLA DIGITAL. 14-12-2009 Editorial. El Mundo Un sainete que ERC y CiU van a rentabilizar FUE UN sainete en la mejor tradición del género chico español: votaron adolescentes de 16 años e inmigrantes africanos, la participación fue muy baja, el recuento se hizo sin ninguna garantía y la organización semejaba un club de amigos que se disponían a pasar un día de fiesta. Dicho todo esto, sería un error tomar sólo a broma lo que sucedió ayer en Cataluña, donde cerca de 700.000 ciudadanos estaban convocados a las urnas en 166 localidades para votar sobre la independencia ante la absoluta pasividad del Gobierno de Zapatero, que no hizo nada para evitar esta flagrante ilegalidad. Todavía anteayer el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, calificaba de «legítimas» estas consultas que violan el artículo 2 de la Constitución que preconiza la unidad de España. Zaragoza y sus compañeros deberían saber que existe otro artículo en la Constitución -el 149- que señala que es necesaria una autorización del Estado para «la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». El propio Estatuto de Cataluña establece en su artículo 122, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, que «la competencia exclusiva en materia de refrendos y consultas populares correspone a la Generalitat», lo que evidencia que también Montilla ha hecho dejación de sus obligaciones de hacer respetar la ley. Lo increíble es que este tremendo disparate haya contado con la complicidad del PSC, que ha apoyado activamente la celebración de la consulta en muchos pueblos, facilitando, por ejemplo, los censos a los promotores de la iniciativa. Para vergüenza del PSOE, al menos 18 de las 166 localidades están gobernadas por alcaldes socialistas. Montilla debería sancionar hoy mismo a los alcaldes y dirigentes municipales del PSC que han colaborado en estas consultas, ya que resulta imposible entender cómo un partido que se declara a favor de la legalidad constitucional da cobijo a personas que alientan el independentismo mediante procedimientos ilegales. Los grandes vencedores de la jornada de ayer son ERC y CiU, los verdaderos promotores de las consultas, que han utilizado a dos irrelevantes plataformas para enmascarar su responsabilidad en la organización de esta farsa y escapar de cualquier posible acción legal. Felip Puig, número dos de Convergència, no ocultaba ayer su satisfacción por lo que considera el inicio de «un nuevo ciclo político» que los nacionalistas van a intentar impulsar en torno «al derecho a decidir». Joan Puicercós, líder de ERC, iba incluso más lejos al afirmar que «las consultas populares convierten en intrascendente el fallo del Tribunal Constitucional» sobre el Estatuto. Poner el énfasis en los detalles de la ridícula farsa que se consumó ayer sería un error. Lo importante no estriba en que las consultas fueron esperpénticas ni en que la participación fuera baja. Todo ello es secundario frente al hecho de que los nacionalistas consiguieron consumar sus propósitos, convirtiendo en parte del paisaje político la percepción de que hay un camino plebiscitario que lleva a la independencia de Cataluña y que puede ser seguido en otras comunidades, como el País Vasco y Baleares. A nadie se le escapa tampoco que las consultas son una forma de presionar al Tribunal Constitucional, al que los nacionalistas ningunean bajo el pretexto de una voluntad popular expresada en las urnas que estaría por encima del fallo de esa institución sobre el Estatuto. Ayer se dio un paso muy peligroso en Cataluña sin que Zapatero tuviera los reflejos para reaccionar. Tal vez cuando lo intente, sea ya demasiado tarde. EL MUNDO. 14-12-2009 Opinión. El País La burbuja de la deuda Joaquín Estefanía Permitámonos, por ser Navidad, una ucronía: que Marx y Engels viven y han de redactar, 161 años después, una nueva versión actualizada del Manifiesto Comunista. Quizá podrían empezar así: "Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de la deuda. Todas las fuerzas del planeta se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el FMI y las agencias de calificación de riesgo, Obama y Merkel, los gobiernos y las empresas, los socialdemócratas y los conservadores". La burbuja del endeudamiento, privado y público, se ha unido al incremento del paro y al empobrecimiento de las clases medias como las principales secuelas de una crisis que afectará en sus cimientos económicos, junto al cambio climático, a al menos a una generación de ciudadanos. En las últimas fechas la deuda pública ha sustituido a la privada en el primer lugar de las preocupaciones de los Gobiernos. No porque esta última haya disminuido significativamente (no es cierto que la crisis económica haya producido una sustitución del endeudamiento privado por el público, como en algún momento se creyó, sino una acumulación de ambos) sino porque ha emergido con mayor virulencia la posibilidad del impago de la deuda de algunos países. Una suspensión de pagos dio lugar precisamente a una década perdida, la de los años ochenta, en América Latina. Primero, los problemas de una empresa pública como Dubai World (cuya deuda, ahora se sabe, no estaba asegurada por el Gobierno de ese país, como creían los inversores); a continuación Grecia ve como su deuda soberana cae a la misma consideración que los bonos basura tras conocerse que sus niveles de déficit y deuda pública (12,7% y 114% del PIB respectivamente) eran el doble de los reconocidos por el anterior Gobierno, situándose en una coyuntura que concita analogías con la de Islandia, un país que pasó en unas semanas de ser modelo de desregulación a la bancarrota. Y las agencias de calificación de riesgo (que pese a sus continuas equivocaciones y abusos mantienen un nivel alto de influencia entre los inversores) han puesto en cuestión, también por los elevados desequilibrios de sus cuentas públicas, a países tan dispares como EE UU, Gran Bretaña o España. Cuanto más cae la calificación de un país, más caros resultan los préstamos que demandan para pagar sus obligaciones. ¿Habrá un efecto dominó? Lo sucedido en Grecia ha resucitado en algunos ambientes el abusivo concepto de los países PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), como si la situación fuese similar en los cuatro. Por su parte, el FMI pronostica que la deuda pública promedio de los países que forman el G-20, el 80% del PIB en el año 2007, alcanzará el 120% en el año 2014. A los problemas sobre el pago de esa deuda habrían de añadirse los de los avales públicos a los bancos, en caso de que algunos de éstos tuviesen problemas que aun no han emergido (como también indica el FMI) o los que en el seno de los Estados afectan a algunas zonas (por ejemplo, California, en EE UU, o los que hay en algunas comunidades autónomas españolas). Ante estos problemas, que podrían acrecentarse si suben los tipos de interés y en un contexto de caída de los ingresos públicos y de aumento de las presiones sobre el gasto social, habría, por ejemplo, que matizar un poco las palabras de Cándido Méndez, el secretario general de UGT, en la multitudinaria manifestación de poder sindical que hubo en Madrid el pasado sábado: la prioridad de la política económica debe ser, efectivamente, el empleo pero en materia de déficit y deuda pública estamos rozando el larguero. No se trata de retirar los estímulos públicos en esta coyuntura, pero sí de dotar a esa política de mayor eficacia y transparencia (el engaño sobre la magnitud de las cuentas públicas en Grecia cuestiona la ausencia de vigilantes en la eurozona) y de una hoja de ruta para salir, poco a poco, de esa metástasis del endeudamiento. Además, Europa no dispone de un protocolo con el que tratar a los países que pudieran suspender pagos, reflexión que ha surgido ahora con el caso de Grecia. ¿Se puede decir de los países, como de los bancos, que hay algunos suficientemente grandes como para impedirles quebrar porque tienen riesgo sistémico y por la interdependencia que produce la globalización? EL PAÍS. 13-2-2009