Tiene que formarse un gobierno de progreso.
Es lo que llevan exigiendo -por dos veces ya en lo que va de año- las urnas. El mandato de un gobierno de izquierdas es lo que clamó la mayoría social en abril, y lo que volvió a exigir, sobreponiéndose a los intentos por desmovilizarla, desalentarla o torcerla, en las elecciones del 10N.
Tiene que formarse un gobierno que ponga por delante de cualquier otra consideración -sean los intereses de partido, sean las presiones del Ibex o de los centros de poder mundial- el satisfacer los anhelos y exigencias de la mayoría social progresista, que quiere políticas que signifiquen mejoras en las condiciones de vida y de trabajo, el fin de los recortes y la precariedad, más protección y justicia social, y el desarrollo de derechos y libertades.
Tiene que formarse un gobierno progresista que cierre el paso a la posibilidad de que -como pretenden oligarquías financieras y centros de poder- se forme un ejecutivo de compromiso con las fuerzas que, como el Partido Popular, quieren nuevas vueltas de tuerca en la reforma laboral o en los ajustes contra las políticas sociales y los servicios públicos; que diga «No es No» a gobernar con los que quieren seguir avanzando en el proyecto de saqueo, recortes y empobrecimiento que las clases populares llevamos una década soportando.
Que se forme o no este gobierno de progreso que la mayoría social exige es la encrucijada real y concreta ante la que todas las fuerzas políticas deben tomar posición y quedar retratadas. Incluyendo una Esquerra Republicana de Catalunya que debe decidir si el precio de sus pretensiones “procesistas” es empujar a que -como quieren banqueros y oligarcas- finalmente el PSOE se avenga a aceptar los votos del PP para poder ser investido.
Tiene que formarse un gobierno progresista que sabemos que va a estar enmarcado por poderosas líneas rojas que las clases dominantes no van a permitir que se traspasen. Pero un gobierno que -más allá del carácter de las fuerzas llamadas a nuclearlo (PSOE y Unidas Podemos) y a apoyarlo- también va a estar inevitablemente bajo el influjo de las líneas rojas que imponga la mayoría social progresista.
No solo las clases dominantes imponen lineas rojas (que lo hacen). También lo hacemos la gente.
Porque no solo las clases dominantes imponen lineas rojas (que lo hacen). También lo hacemos la gente.
Las clases populares vamos a exigir a ese gobierno progresista que suba el Salario Mínimo Interprofesional, que defienda las pensiones públicas, que no consienta ni un recorte más en sanidad, educación y políticas sociales, que derogue los aspectos más lesivos de la reforma laboral o de las leyes del PP que han recortado derechos y libertades, que lleve adelante y con decisión políticas ecológicas de transición energética, y que no dé ni un paso atrás en la lucha de las mujeres.
Independientemente de que este gobierno de progreso sea más tibio o más audaz en satisfacer esas demandas populares, independientemente de las inconsecuencias que tendrá y de las frustraciones que generará… significa un gobierno que pondrá trabas, obstáculos y barreras al proyecto de saqueo y degradación que las clases dominantes quieren seguir perpetrando sobre el 90%.
Y significa mejores condiciones concretas para avanzar en la conquista de nuestros intereses. Por ejemplo, un gobierno basado en un acuerdo PSOE-UP que dice estar comprometido con la defensa de las pensiones públicas ofrece mejores condiciones para la conquista de que las pensiones queden blindadas en la Constitución como un derecho fundamental, quedando taxativamente prohibida en la Carta Magna cualquier intento de privatización de las mismas.
Tiene que formarse ese gobierno de progreso. Todos los progresistas de España tenemos que empujar para que ese barco llegue, cuanto antes, a buen puerto.