Casimiro
Sobre las 10 de la mañana del jueves 16 de abril, los policías que se encargan de la seguridad del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato percibieron que un vehículo les estaba siguiendo. Inmediatamente, dieron la voz de alarma y solicitaron a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la que dependen, el establecimiento de una ‘contra’ (así le llaman a un servicio de contravigilancia). Dos coches camuflados de Policía se pusieron en marcha y detectaron que no sólo era uno, sino dos vehículos los que seguían al coche donde viajaba Rato. Comprobaron matrículas y descubrieron que se trataba de agentes de Vigilancia Aduanera. Se produjo entonces una comunicación entre mandos de la Policía y del Servicio que depende directamente de la Agencia Tributaria. Éstos se negaron a dar información sobre el objetivo de su operativo.
A las tres de la tarde se produjo un momento de máxima tensión. Agentes de paisano de Vigilancia Aduanera trataron de entrar en el domicilio del ex ministro de Hacienda y los policías que lo custodian les pidieron identificación y que explicaran qué pretendían. La respuesta fue rotunda: «No podemos decir nada, el asunto está judicializado y bajo secreto». En la calle Don Ramón de la Cruz había ya cinco coches de Vigilancia Aduanera interrumpiendo el tráfico. El subgrupo de la Unidad de Intervención de la Policía envió a otras dos patrullas de apoyo, pero la persona al mando del grupo de Vigilancia Aduanera insistió en el «secreto» impuesto por el juzgado 35 de Madrid, para no revelar sus intenciones. Para evitar males mayores, la dirección de la Policía ordenó retirarse a sus efectivos. Miembros de la Comisaría General ya habían avisado por la mañana a los medios de lo que estaba ocurriendo.
Ya con medio centenar de periodistas en la calle, Rato, detenido, aunque no esposado, fue introducido en uno de los coches de Vigilancia Aduanera por uno de sus agentes, que le cogió del cuello innecesariamente para evitar que se golpeara.
Vigilancia Aduanera pidió más tarde por vía oficial a la Dirección General de la Policía que habilitase un calabozo para alojar al ex director gerente del FMI. Se preparó primero una sala en la sede de Rafael Calvo. Pero, después, Aduanas informó que habría que tomarle huellas y fotografías. Así que se dispuso un calabozo para Rato.
El ministro de Justicia,Rafael Catalá, alarmado, habló con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para evitar que el asunto se fuera completamente de las manos. Tras varios registros en su domicilio y en su despacho, el ex ministro fue puesto en libertad. El fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó Aduanas. O sea, que fue el Gobierno el que evitó que Rato durmiera en el calabozo.
Sin embargo, la imagen de la detención, que había sido transmitida en directo por televisión, ya había dado la vuelta al mundo.
El presidente del Gobierno calificó de «vergüenza» la forma en la que se había tratado a una persona a la que consideraba su «amigo» en una reunión con empresarios el pasado miércoles en Moncloa. Un par de ministros con los que he hablado estos días van en la misma línea: «Me dio asco», dice uno refiriéndose al gesto del agente de Aduanas; «fue lamentable», afirma el segundo al comentar el escarnio que supuso verle en una situación incompatible con la presunción de inocencia.
A las dudas sobre si el procedimiento seguido por la Agencia Tributaria con el ex ministro ha sido excepcional (la apreciación de delito fiscal y la denuncia a la Fiscalía suele ser el último trámite de un procedimiento de inspección), se suma la intervención como policía judicial del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuya directora general,Pilar Jurado, depende directamente del secretario de Estado de Hacienda. La filtración del registro tenía precisamente ese objetivo.
Fue la propia Agencia Tributaria la que solicitó en su escrito a la Fiscalía del 15 de abril que el registro fuera llevado a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera. No contaban, claro, con la retransmisión en directo.
La investigación inicial sobre Rato se inició hace casi dos años. Las alarmas sonaron en mayo de 2013 (justo tras su salida de Bankia) cuando procede a una regularización fiscal por un patrimonio ridículo: ¡menos de 600.000 euros! ¿Por qué lo hizo? La tesis en Hacienda es que con ello pretendía blindarse. Es decir, que pensó que, al regularizar, ya no se le sometería a ninguna investigación. Más o menos como Bárcenas. Pero no fue así. La Agencia cruzó lo declarado en la regularización (modelo 720) con lo que declaró en patrimonio (modelo 714) y las cifras no cuadraban. A esa discrepancia luego se añadió la investigación por el uso de la ‘tarjeta black’ (septiembre de 2014) y otras indagaciones paralelas que afectan a algunos de sus socios.
La investigación era secreta y no se le abrió un procedimiento de inspección porque eso, argumenta Hacienda, hubiera permitido a Rato llevar a cabo maniobras de ocultación con sus sociedades no declaradas en el exterior.
El 21 de enero, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria mantuvieron una conversación con el fiscal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción Alejandro Luzón, que lleva el ‘caso Bankia’, para que asumiera la investigación del caso Rato. Éste lo rechazó porque no vio conexión entre ambos asuntos y porque la fianza (cuya elusión era esgrimida para el supuesto delito de levantamiento de bienes) ya había sido depositada.
Un mes después, en febrero, la denuncia se trasladó a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. El martes 14, la noticia sobre la investigación de Hacienda a Rato se filtró a ‘Voz Populi’. A partir de ese momento, se activó la denuncia ante dicha Fiscalía y fue el día 15 cuando se entregó el escrito en el que se pide el registro y la detención del ex ministro.
El desasosiego que ha producido el ‘caso Rato’ en el seno del PP y del Gobierno tiene que ver con el vértigo a perder las elecciones del 24-M. Estamos en el ‘sálvese quien pueda’.