«Uno de los hechos más intrínsicamente perversos, dentro del desastre económico, intelectual y social que Zapatero representa, es la patraña sobre la fortaleza de su política social, desmentida día a día por el incremento imparable de la desigualdad entre los españoles»
“A rincipios de los años 70, como consecuencia del espectacular crecimiento de los años 60 y la creación de una poderosa clase media, la parte del trabajo en el PIB, según un estudio de la Comisión Europea, ascendía al 64% del total o al 67,9% sin impuestos indirectos, una situación que se hundiría rápidamente a partir de 1982, iniciándose un sesgo sin precedentes a favor de los beneficios empresariales”. “Entre 2003 y 2007, los años de las vacas gordas, el 60% de la población, había perdido renta real y la que más gana es la del 10% más rico de la población, que se apropia ya de más del 31% de la riqueza. Pero si la concentración la medimos sobre la riqueza financiera, el resultado es espectacular: el 10% más rico de la población se apropia del 70% de la riqueza”. “En 1975, cuando aún no existían autonomías había 11 regiones o CCAA que superaban la media nacional y hoy, 33 años después, éstas se han reducido a ocho; mientras que el número de CCAA con renta inferior al 90% de la media ha pasado de solo seis en 1975 a ocho en 2008”. (EL CONFIDENCIAL) EL PAÍS.- El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como "nación" y podar del Título Preliminar las referencias a los "símbolos nacionales" y los "derechos históricos", así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados Opinión. El Confidencial La distribución de la renta en la España de Zapatero Roberto Centeno Uno de los hechos más intrínsicamente perversos, dentro del desastre económico, intelectual y social que Zapatero representa, es la patraña sobre la fortaleza de su política social, desmentida día a día por el incremento imparable de la desigualdad entre los españoles. El tema es ya tan extremo que la cruda realidad de cientos de miles de familias nos devuelve a las páginas más oscuras de nuestra historia, con 1,6 millones de parados tirados en la cuneta, sin prestación ni subvención alguna; con los comedores de Caritas desbordados e incapaces de atender ya a todos los necesitados; con miles de personas buscando cada noche comida en los cubos de la basura de los supermercados, o con situaciones como la que acaba de ocurrir en Alicante, donde se ha hecho un llamamiento para encontrar familias de acogida para 150 niños, a los que sus padres no pueden dar de comer. Aparte de su sectarismo e incompetencia, este océano de injusticia en el reparto de la renta y la riqueza creadas, es la gran seña de identidad del socialismo español. Desde su distribución funcional -donde la “política social” de Zapatero ha dado un vuelco a la distribución primaria de la renta a favor del capital y en contra de los salarios- a la distribución personal -donde la “política de igualdad” de Zapatero ha conducido a que en la época de las vacas gordas un 60% de las familias perdiera renta real-, o a la distribución territorial -donde la “política de solidaridad” de Zapatero ha conducido a que las diferencias de renta entre las regiones se hayan incrementado en lugar de disminuir. La distribución funcional: el desplome de las rentas del trabajo La distribución funcional de la renta expresa la forma en que ésta se reparte entre el trabajo y el capital. A principios de los años 70, como consecuencia del espectacular crecimiento de los años 60 y la creación de una poderosa clase media por el régimen del general Franco, la parte del trabajo en el PIB, según un estudio de la Comisión Europea, ascendía al 64% del total o al 67,9% sin impuestos indirectos, una situación que se hundiría rápidamente con el primer gobierno socialista a partir de 1982, iniciándose un sesgo sin precedentes a favor de los beneficios empresariales. Este fenómeno no ha sido exclusivo de España, pero sí ha sido aquí, bajo los gobiernos socialistas, donde la pérdida de riqueza relativa al PIB de los asalariados ha sido más acusada. Durante su primer gobierno, en la España del pelotazo según expresión de un ministro de Economía de la época, ésta se desplomaría hasta el 48,7% en 1996, cuando el ínclito Solbes dejó casi quebrado el país por primera vez. Durante el gobierno de Aznar la cifra se recuperaría algo, hasta el 50,1% en 1999. Finalmente, en la España de Zapatero, la parte de los salarios en el PIB se hundiría de nuevo hasta el 46,6% en el primer trimestre 2008. A día de hoy la cifra es ya inferior al 46% porque, según el INE, las rentas salariales han crecido menos que las del capital desde esa fecha hasta el tercer trimestre 2009. ¿Y por qué el INE no deja de ocultar la realidad y en vez de porcentajes que no dicen nada, publica las cifras absolutas? En todo caso, se trata de la cifra más baja de participación de los salarios en la renta nacional desde que existen series estadísticas, y la más baja de toda la UE, donde la media se sitúa en el 53%, mientras los vendidos de UGT y CCOO no dicen ni pío. La pérdida de participación de los salarios es más grave aún si tenemos en cuenta que, además, Zapatero ha situado a España en el primer puesto de la UE en cuanto a desigualdades salariales, con un 60% de la población activa mileurista, y donde la presión fiscal sobre las rentas salariales es ya cuatro puntos superior a la media de la UE, mientras las grandes fortunas siguen exentas. La distribución personal: el crecimiento imparable de la desigualdad La distribución personal es la forma en la que las rentas de mercado y las transferencias se distribuyen entre la población. El primer indicador del grado de desequilibrio lo constituye el índice de Gini, que mide la concentración de riqueza, cuyo valor oscila entre cero y uno. Cuanto más bajo es el valor, más equitativa es la distribución, y viceversa. Cuando Zapatero llegó al poder el valor de éste índice era de 0,307 y, en lugar de reducirse, ha crecido hasta 0,325 en 2008, lo que supone un empeoramiento del 5,86% en sus cinco primeros años de gobierno, una cifra enorme, y un 9% peor que la media europea, por no hablar de países como Dinamarca o Suecia cuyo índice es de 0,225. Otra de los indicadores es la curva de Lorenz, una forma gráfica de mostrar la distribución, dividiendo la población y la renta en décimas partes, decilas en lenguaje estadístico, y teniendo en cuenta el porcentaje de la renta total que recibe cada una, desde el 10% mas pobre al 10% más rico. Los resultados son sobrecogedores. Entre 2003 y 2007, los años de las vacas gordas, las seis primeras decilas, el 60% de la población, había perdido renta real y, de las cuatro siguientes, la que más gana es la del 10% más rico de la población, que se apropia ya de más del 31% de la riqueza. Pero si la concentración la medimos sobre la riqueza financiera, el resultado es espectacular: el 10% más rico de la población se apropia del 70% de la riqueza. No en vano en estos años, España encabezaba el ranking mundial en incremento del número de millonarios. Pero además si con las cifras 2007 calculamos lo que los economistas denominan “ratio de desigualdad”, que mide la relación la relación de la renta que está en manos del 20% de las familias más ricas y lo que está en manos del 20% más pobre, este ratio había pasado de 5,1 veces en 2004 a 5,4 veces en 2.007, frente a una media de 4,8 para la UE-15, y de 4,2 para los países centrales, es decir el “ratio de desigualdad” en la España de Zapatero es un 12,5% más alto que la media de la UE-15 y un 28,6% superior que la media de los países centrales hacia los que supuestamente pretendemos converger, lo que representa una diferencia de desigualdad tremenda. Y lo que es peor: mientras este ratio se ha elevado en España, se ha reducido en Europa. La distribución territorial: la vuelta de las dos Españas Uno de los mitos más extendidos entre los políticos de uno y otro signo es que el Estado de las Autonomías ha reducido las diferencias de renta “per cápita” entre las regiones españolas. Así lo expondría Zapatero hace unos meses en el debate del Estado de la Nación. Nada más lejos de la realidad. La desigualdad territorial se mide con el número de CCAA cuya renta “per capita” supera la media nacional y con las que tiene una renta un 90% inferior a la media. En 1975, cuando aún no existían autonomías había 11 regiones o CCAA que superaban la media nacional y hoy, 33 años después, éstas se han reducido a ocho; mientras que el número de CCAA con renta inferior al 90% de la media ha pasado de solo seis en 1975 a ocho en 2008. Y la desigualdad está empeorando con la crisis. Mientras Navarra y País Vasco, gracias a un régimen fiscal demencial, que les permite pagar ocho veces menos de lo que les corresponde han salido de la crisis, Andalucía, Extremadura, Canarias -que votó a favor de blindar el expolio vasco-, Aragón, y otras, siguen cayendo al -4% oficial, y Cataluña, donde la incompetencia, el despilfarro y la persecución lingüística, han batido todos los “records”, ostenta el farolillo rojo con una caída del -4,7% oficial. Es decir, el modelo autonómico no sólo es que sea económicamente inviable e intrínsicamente corrupto, es que además ha empeorado significativamente la distribución de la renta entre las regiones, que no están convergiendo sino divergiendo: es la vuelta de las dos Españas. Todo lo expuesto no son juicios de valor, son hechos cuantificables, que por cierto demuestran la falsedad de que el socialismo sea el reparto igualitario de la miseria. En el socialismo español de reparto igualitario nada, con Zapatero los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, junto con una casta política parasitaria, que sigue despilfarrando como si no hubiera crisis expoliándonos sin contemplaciones. EL CONFIDENCIAL. 23-11-2009 Editorial. El País Dilema constitucional El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como "nación" y podar del Título Preliminar las referencias a los "símbolos nacionales" y los "derechos históricos", así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados, hace ya tres años, por el PP. El curso que han tomado las deliberaciones permite presagiar que la vieja aspiración de que el alto tribunal dictase una sentencia salomónica, sin vencedores ni vencidos, ha quedado definitivamente arrumbada. Si los aspectos identitarios del texto –por emocionales, menos objetivables que los de orden competencial– no superan el cedazo constitucional, la letra pequeña de la sentencia pasará inadvertida para muchos. La mayoría de los catalanes acogerá el fallo como una derrota de Cataluña; y el PP, como una victoria en toda regla. Sólo desde una falsa ingenuidad se puede pretender que el Constitucional es un órgano jurisdiccional inmune a la política. Primero, porque sus integrantes son designados por los dos grandes partidos, que articulan las mayorías parlamentarias precisas para los nombramientos preservando sus respectivas cuotas. Segundo, porque le corresponde arbitrar entre los poderes públicos, incluidos los principales grupos parlamentarios. Y tercero, porque la jurisdicción ordinaria se limita a aplicar las leyes, mientras que la misión del Constitucional, como sumo intérprete de la Ley Fundamental, es velar por que el legislador la respete en su letra y en su espíritu. Si política es su función, políticos son también los efectos de sus sentencias. Y mucho de lo que las rodea. A la campaña del PP contra el Estatuto, cuñas radiofónicas y recogida de firmas incluidas, le siguió, una vez interpuesto el recurso, una guerra de recusaciones que dejó en la cuneta a un juez del bloque progresista en teoría proclive a la constitucionalidad del texto. Tampoco es ajeno a la política el hecho de que PSOE y PP no hayan sustituido a los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en 2007, ni al fallecido Roberto García-Calvo. Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional. EL PAÍS. 23-11-2009 Opinión. La Vanguardia ¿Y el Gobierno? José Antich COMENTABA días atrás un dirigente socialista con motivo de la elección de la nueva cúpula europea en Bruselas que el principal provecho de haber logrado situar al frente de la diplomacia de la Unión al ministro español Miguel Ángel Moratinos era que obligaría imperiosamente a un cambio en el Gobierno. Con esta reflexión, el cualificado dirigente no hacía más que relatar algo que desde la vuelta del verano es un clamor en las filas del PSOE: la gestión del Ejecutivo se ha deteriorado, el Gobierno ha adquirido un perfil políticamente plano y carece de iniciativas que le permitan al menos intentar la gestión de la agenda informativa. El Gobierno vive de anuncios más o menos virtuales y de concentraciones de partido durante los fines de semana. Poco bagaje para conectar con la ciudadanía, que vive inmersa en una realidad mucho más cruda: crisis económica, cifras de paro acercándose peligrosamente al 20%, el crédito bancario inaccesible para el común de los mortales o una vivienda inalcanzable para los jóvenes. Ante todo eso, parece más que insuficiente el anuncio de la próxima aprobación de la ley de Economía Sostenible que tramitará el Consejo de Ministros el próximo viernes y que parece casar mal con decisiones que se han adoptado últimamente como la reducción en los presupuestos generales del Estado de partidas destinadas a actividades de I+ D+ i. No parece que vaya a ser suficiente para el relanzamiento del proyecto socialista el cambio de estilo en la organización de sus mítines que se vio ayer en el Palacio de Congresos de Madrid, ni el acercarse a un formato más propio de una gala televisiva e interactiva. Los problemas son algo más que estéticos. LA VANGUARDIA. 23-11-2009