La batalla por la formación del gobierno de España sigue ocupando el centro de la política nacional. La inapelable victoria del PSOE encabezado por Pedro Sánchez en este largo ciclo electoral ha concentrado una buena parte del voto progresista. Y la dirección del PSOE está obligada a satisfacer, aunque sea parcialmente, las exigencias de esa mayoría social.
Todos los medios centran la atención en las diferencias y las disputas entre PSOE y Podemos, pero no es esta relación la que determina el curso de esta batalla, sino la disputa entre los intereses y las exigencias de los diferentes sectores de la oligarquía española y de las potencias internacionales, por un lado; y los intereses de las clases populares por otro.
La recuperación económica no llega a amplias capas de la población, el gran capital nacional y extranjero siguen saqueando las rentas de los ciudadanos y expoliando los recursos del país. Pero al mismo tiempo, la correlación de fuerzas que ha salido de este ciclo electoral no les favorece, les genera más problemas y contradicciones.
Con los resultados electorales en la mano no hay una alternativa viable a un gobierno que no sea con Sánchez en la Moncloa. Pero tras el encuentro de las urnas se ha abierto una segunda parte de esta batalla, en la que está en juego con qué apoyos, con qué composición y con qué arquitectura parlamentaria podrán gobernar los socialistas.
En la batalla por la Moncloa no está en juego un simple reparto de asientos, sino qué tipo de gobierno, y por lo tanto qué tipo de políticas van a aplicarse en los próximos cuatro años en España, la decimocuarta economía mundial y la cuarta de la zona euro.
Hay una mayoría social progresista que extiende su influencia sobre el gobierno de Sánchez y exige que sus demandas sean atendidas. Nadie duda de que sean cuales sean las opciones de gobierno que se implementen, van a estar marcadas por la influencia de la mayoría social de progreso.
Pero qué dicen los que mandan, los que tienen el dinero, los que pretenden que sigan imponiéndose los intereses de los grandes centros de poder que representan el FMI y Bruselas, Washington y Berlín, y los intereses de la oligarquía financiera y monopolista española.