Los actos de la diada de este año manifiestan la voluntad de los sectores más agresivos de la burguesía burocrática catalana por mantener abierto a cualquier precio la división en el seno de la sociedad catalana y el cuestionamiento de la unidad. Pero también revelan los límites que enfrentan los proyectos de fragmentación, basados en primer lugar en la mayoría social catalana que rechaza la ruptura.
La afluencia a los actos de la diada es el termómetro de la movilización del independentismo. Este año van desde el millón de manifestantes que da la guardia urbana -una cifra considerable pero 800.000 menos que en 2014- a los 356.000 que ofrece El País. Recuperado el control de la Generalitat, los Puigdemont y Torra han puesto en marcha todos los resortes del poder autonómico (TV3 y todos los medios públicos catalanes han convocado durante días a la manifestación) para garantizar la movilización, utilizando como “banderín de enganche” la situación de los políticos independentistas encarcelados.
Pero esta diada se realiza en un marco político diferente. Si hace un año la diada estuvo marcada por el desafío directo al Estado, tras la imposición en el parlament de la ley de referéndum, que se reflejaría después en el 1-O y la “ley de desconexión” con España, ahora buena parte de las élites independentistas se distancian del aventurerismo que representan los Puigdemont y Torra. La dirección de ERC reconoce “la imposibilidad de imponer la independencia de forma unilateral”, y aboga por “una negociación con el Estado”. El grupo parlamentario del PDeCAT va a presentar una moción en el Congreso que aboga por un proceso de diálogo, admitiendo incluso una enmienda del PSOE donde se establece que deberá “respetarse la legalidad vigente” .Incluso Torra, más allá de su retórica inflamada, ha aceptado en los hechos que su gobierno se mueva dentro del marco autonómico.
Las razones últimas de este cambio no están en la aplicación del 155, sino en la movilización de la mayoría social que en Cataluña defiende la unidad, antes, durante y después de las elecciones del 21-D, que han hecho retroceder los proyectos de fragmentación.
Los sectores más reaccionarios y aventureros de las élites independentistas buscan agudizar la división y el enfrentamiento en el seno de la sociedad catalana, entre partidarios y detractores de la independencia, y de Cataluña con el resto de España, ocultando su responsabilidad en los ataques contra el 90% de los catalanes e impidiendo la unidad del conjunto del pueblo trabajador.
En los días previos a la celebración de la diada se publicó un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sobre la situación de la sanidad pública. Revelando que en los últimos ocho años se han recortado 6.000 millones en la inversión pública, y que la mitad de ese tijeretazo se ha ejecutado en Cataluña. Los gobiernos de Mas y Puigdemont han jibarizado hasta un 27,5% el gasto sanitario. Es la comunidad donde más lejos han ido los recortes. El doble que la segunda, la Castilla La Mancha de Cospedal. Convirtiendo a Cataluña en la tercera por la cola en gasto sanitario per capita, a pesar de ser la más rica, la que mayor volumen de PIB tiene.
Esta es la realidad que permanece oculta, pero afecta al 90% de la población catalana, y se sufre con igual intensidad en Madrid y en Barcelona. Los recortes fueron impuestos por los dictados del FMI o la Comisión Europea, los aceptaron gobiernos como el de Zapatero o el de Rajoy, pero han tenido en Mas, Puigdemont o ahora Torra uno de sus más avanzados ejecutores.
La realidad demuestra que la situación política en España, marcada por el avance de la mayoría social progresista,crea mejores condiciones para la defensa de la unidad, y peores para el avance de la fragmentación.
El cambio de inquilino en la Moncloa y la iniciativa política que hoy tiene el gobierno de Pedro Sánchez ha creado condiciones diferentes en Cataluña, que también obligan a las élites independentistas. Torra se ha visto obligado a acudir a Moncloa, y su gobierno está participando en las comisiones bilaterales donde la negociación -sobre inversiones, competencias…- supone en los hechos la aceptación del marco autonómico.
Las declaraciones de Josep Borrell, declarando en la BBC que hubiera preferido que a los políticos independentistas encarcelados no se les hubiera aplicado la prisión incondicional, busca enfriar el que hoy es el principal instrumento de propaganda del independentismo.
La contradicción de fondo, que se manifiesta permanentemente, está en la necesidad de una respuesta donde sea la izquierda quien encabece la defensa de la unidad.
Existe una mayoría progresista que en Cataluña defiende la unidad y se enfrenta a los recortes. Pero las principales fuerzas en la izquierda oscilan entre la connivencia con los argumentos de la ruptura de Podemos o En Comú Podem o la tibieza del PSC. Dejando en los hechos la iniciativa política en la denuncia de la fragmentación a Ciudadanos o el PP.
Solo puede unirse al 90% de la sociedad catalana, frente a los proyectos que representan Puigdemont o Torra, desde la izquierda, desde la defensa de los intereses comunes, entre el conjunto de la sociedad catalana y con el resto del pueblo trabajador español. Colocando en primer plano la defensa de salarios y pensiones o la necesidad de revertir los recortes en sanidad y educación.