Hablar del Castor es hablar al fin y al cabo de gas y en concreto de su almacenamiento, pero también de sus protagonistas…
Imaginemos por un momento que el administrador de una comunidad de vecinos, con el pretexto de ahorrar en las facturas del agua y calefacción centralizadas, decide que se debe construir una enorme bombona de butano en un altillo del bloque, para comprar gas cuando es barato y guardarlo como reserva para el invierno y obtener así una calefacción más barata. El administrador se lo comenta a su fiel vecino y le parece una gran idea: de hecho el vecino convence al administrador que contrate a un manitas amiguete suyo. A un amigo no se le hacen preguntas raras como si tiene experiencia en este tipo de obras o si sabe hacer los estudios previos, así que sin más publicidad, se adjudica. Pero resulta que por aquello de los márgenes de beneficio, el amiguete calculó mal y solo la instalación de la bombona ya provoca grietas y temblores en todo el bloque de viviendas.
Cunde el pánico en la comunidad porque ni siquiera se ha puesto en funcionamiento el invento y sólo con las primeras pruebas ya hay daños considerables. Las obras se paralizan. Pero el chapuzas exige que se le pague la mano de obra. El total sube tanto que ni con una derrama es suficiente. El vecino y el administrador deciden incrementar el recibo de la comunidad tantos meses como cueste pagarlo, más los intereses, por supuesto, no sea que el amigo vaya a perder el dinero invertido. Total, lo firmado hoy firmado queda y cuando haya asamblea de vecinos no se podrá cambiar.
El proyecto de gas Castor ha tenido una historia semejante, solo que en ella el encargado de la obra no es un manitas chapuzas cualquiera sino que es el empresario estrella del país, con operaciones aquí y allá, clubes de futbol y millones a mansalva. Sí, hablamos de Florentino Pérez cuya empresa ACS es propietaria del 66,6% de la sociedad Escal UGS, concesionaria del proyecto Castor. Por supuesto el fiel vecino no es otro que el gobierno de España, una mera marioneta del sistema. Y el administrador es nada menos que Jean-Claude Juncker presidente de la Comisión Europea y propulsor, cuando era primer ministro de Luxemburgo, de los Project Bonds, que consisten en financiar mediante dinero público aportado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) las empresas privadas en las grandes construcciones de infraestructuras. En la práctica se traduce en el uso de fondos públicos para asumir los riesgos de los inversores de los mercados de capital motivándolos así a invertir en grades proyectos de infraestructuras.
¿Qué riesgos? Pues el mayor de ellos sin duda era la ambiciosa operación geotécnica que implicaba el proyecto… Y salió mal: centenares de terremotos en la zona y la posibilidad de “haber despertado la falla“. No se sabía si eso pasaría pero sí que se sabía qué se haría si pasaba: que los vecinos pagarían. 4.731 millones de euros a cargo del contribuyente que se cobrarán a través de nuestras facturas mensuales del gas. 1.350 millones del total ya han sido avanzados por bancos como el Santander, Bankia y Caixabank por orden del Gobierno antes de agotar el plazo de 30 días, mientras otras transferencias a servicios públicos se retrasan meses o incluso nunca llegan, aún teniendo una sentencia del Tribunal Supremo que permitía no tener que hacerlo.
El BEI, que era el que protegía del riesgo y por lo tanto el último en cobrar, ni está ni se le espera: solo ha servido para atraer buitres a comer, eso sí, no con su dinero: la ciudadanía española es la única que paga la fiesta. Pero ni habiendo probado el vino, la resaca se prolongará 30 largos años, pues las refinanciaciones son más que previsibles. Un cuadro que dejó sin palabras al representante de la Comisión Europea en una mesa redonda en el Parlamento Europeo.
En todo este asunto, las cuentas de ACS y las de sus accionistas no se han despeinado, ni tampoco sus negocios, ya que por octavo año consecutivo sigue siendo el primer grupo mundial en consesiones de transporte de todo el mundo. Y es que cada vez más a menudo se observa como lo que llaman gestión público-privada significa que si hay beneficios se los lleva el privado, es decir los accionistas. Pero ¿qué pasa cuando hay pérdidas? Que las asume el público, esto es, la ciudadanía. La deuda socializada es la bisagra que permite que el sistema funcione. ¿De qué otra manera se podrían asumir los peligros de inversiones especulativas de alto riesgo?
Se dice a menudo que el crédito financiero de las administraciones públicas va a una caja única y es imposible determinar qué deuda es ilegítima y qué no lo es. Eso es falso: en el caso del Castor, como en otras infraestructuras, o en el caso del Ejército, tenemos decenas de ejemplos donde el fraude y la especulación producen cócteles de deuda ilegítima que se beben los inversores a cuenta del contribuyente. El Castor es nuestro caso más reciente. Auditar las cuentas y señalar a los responsables es indispensable. Tener la información, vital.
La deuda del Castor muestra unos acuerdos claramente beneficiosos solo para unos actores determinados, también identificables. El resultado, como ilustraba nuestra historieta de la comunidad de vecinos, es claramente un fraude que no debiéramos pagar. Es por eso que la sociedad civil se ha puesto en marcha: la factura del gas incluirá la deuda de Castor a partir de 2016, momento en el cual se podría optar por la desobediencia a través de impagos masivos de ese concepto. Pero mientras tanto, nos espera un 2015 apretado: la fiscalía de Castellón tiene abierto el caso; el defensor del pueblo y el Govern de Cataluña han manifestado su intención de llevar hasta el final la vía judicial en el Constitucional. Varios procesos judiciales estarán en marcha, pero si no van acompañados de movilización social, podrían perderse entre el papeleo de los despachos. A todo esto, el Gobierno no ha suspendido el proyecto, sino que lo ha dejado en estado de hibernación. Así pues, el monstruo de momento duerme, y encima hay que seguir alimentándolo.