Lo más lamentable del resultado de las elecciones autonómicas en Castilla y León son los más de doscientos mil votos sacados por Vox, una ultraderecha trumpista y «made in USA» que en medio de la campaña electoral reunía en Madrid a lo más tenebroso de los líderes y partidos de la extrema derecha europea, incluidos gobernantes con un amplio historial autoritario y de ataques a las libertades y derechos ciudadanos, como el húngaro Viktor Orbán o el polaco Mateusz Morawiecki.
El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero para gobernar tendrá que contar con el apoyo de Vox, que ya le ha exigido la vicepresidencia y entrar en el gobierno de Castilla y León. Estas son muy malas noticias para la mayoría social progresista de nuestro país.
Nadie debería dar por hecho que finalmente se produzca ese gobierno conjunto de PP y Vox en Castilla y León. Tal eventualidad genera graves problemas a Génova, que intentará evitarlo. Provocaría no pocas fricciones con gobiernos como el alemán o el francés, que han situado como línea roja el «cordón sanitario» a la ultraderecha, y tampoco está nada claro que la cogobernanza con la extrema derecha trumpista cuente con el beneplácito de los actuales ocupantes de la Casa Blanca. Pero sobre todo, esa posibilidad podría movilizar -a la contra- a la mayoría social progresista y complicar el camino del PP en las elecciones andaluzas, y el itinerario de rosas que Pablo Casado había diseñado en su pretendido ascenso a la Moncloa.
Pero que exista esa posibilidad es preocupante. Seria la primera vez que Vox entrase en un gobierno autonómico, cuando no formaba parte ni siquiera de los gobiernos municipales de ninguna gran ciudad. Supone el fortalecimiento de una línea extremadamente reaccionaria y agresiva, ariete de los recortes sin complejos, así como de la degradación política extrema -han pasado de «gobierno ilegítimo» a «parlamento ilegítimo»- y del alineamiento a pies juntillas en los planes militares de Washington.
Lo más lamentable del resultado de las elecciones autonómicas en Castilla y León son los más de doscientos mil votos sacados por Vox, una ultraderecha trumpista y «made in USA»
Ha ganado (pírricamente) el Partido Popular, y ha avanzado la ultraderecha. Pero frente a lo que nos muestra la propaganda reaccionaria, no lo han hecho «arrasando», ni sumando a una gran cantidad de votantes a su camino de los «recortes sin complejos». Si sumamos los votos de PP y Vox tenemos 591.501 apoyos… que suponen 78.000 votos menos que la suma de esas dos formaciones en la última cita a la que fueron a votar los castellanoleoneses (junto al resto de los españoles): las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.
PP y Vox suman el 49% de los votos, pero son el 30,79% del censo. Menos de uno de cada tres castellanoleoneses han apoyado la línea del «gobierno de los recortes sin complejos», y sólo el 11% de los habitantes de Castilla y León votan a la extrema derecha. Son muchos, han ganado las elecciones, y van a gobernar… pero son minoría.
Hay una mayoría social progresista en Castilla y León que rechaza este camino, pero entre cuyas filas ha cundido un importante desencanto, fruto en lo principal de los errores e inconsecuencias de las dos fuerzas que componen el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Los resultados revelan un desgaste del PSOE (que pierde una cuarta parte de sus votos) y sobre todo de Unidas Podemos (que pierde casi el 40% de sus apoyos respecto a la suma de Podemos e IU)
Sería un error achacar este desgaste a las dificultades derivadas de la pandemia. Tanto PSOE como Unidas Podemos deben valorar autocríticamente esta desafección. Han aprobado leyes y medidas positivas y progresistas que defienden los intereses de la mayoría. Pero en materias tan importantes como las pensiones, la reforma laboral, la política fiscal, los fondos europeos, la sanidad y educación, la vivienda, el atraco eléctrico, los problemas del campo, etc… han acatado los límites y «líneas rojas» impuestos por la oligarquía financiera y los centros de poder extranjeros (Washington o Bruselas), no abordando, o haciéndolo desde los intereses de las clases dominantes, las cuestiones fundamentales que afectan a las masas.
Hay una mayoría social progresista en Castilla y León que rechaza este camino, pero entre cuyas filas ha cundido un importante desencanto, fruto en lo principal de los errores e inconsecuencias de las dos fuerzas que componen el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
La victoria electoral de PP y Vox no se puede explicar sin partir de la desmovilización de buena parte del electorado de izquierdas.
Y eso multiplica la necesidad de que se fortalezca una alternativa que defienda de verdad los intereses populares, y que sea capaz de unir y movilizar a esa mayoría social progresista en toda España, evitando el peligro de que llegue a la Moncloa el «gobierno de los recortes sin complejos» que pretenden los centros de poder oligárquicos y extranjeros. Es necesario fortalecer una alternativa basada en la redistribución de la riqueza -base para una salida de la crisis favorable a los trabajadores y al 90%-; en la defensa de la soberanía nacional frente a EEUU y Bruselas; en la ampliación de la democracia; y en la defensa de la libre unidad del pueblo de las nacionalidades de España.