A menudo se confunde la razón de Estado con la estabilidad del Gobierno de turno, por ejemplo cuando se les reclama al PSOE y a Ciudadanos que dejen gobernar a Rajoy. Pero como hemos comprobado entre 2011 y 2015, un Gobierno con mayoría absoluta nos ha abocado a la mayor inestabilidad desde el 23-F. Su intransigencia con los diversos, la desigualdad agravada con sus políticas y el desfalco generalizado por todas las Administraciones que domina han exacerbado el independentismo, cercenado libertades y derechos civiles y generalizado la desconfianza en las instituciones. Quienes dejen que siga gobernando quien tantos desbarajustes ha provocado asumirán, por activa o por pasiva, la complicidad en la más que probable reincidencia del PP en su perniciosa gestión pública.
Adocenar el debate político con pedestres falacias, como la que cacarea que es más democrático el Gobierno de la lista más votada que el de quienes sean capaces de dialogar y coaligarse conjugando muchos más escaños, es impropio de una democracia avanzada. Ya hemos tenido bastante mediocridad con esta larga y desenfocada campaña electoral que ha ocupado la más corta legislatura de la democracia. Mientras las encuestas arrojaban el más inquietante de los datos, otra mayoría del PP, los demás partidos se enfrascaban en disputarse del segundo al cuarto puesto; con lo que además de implementar la tendencia ganadora del PP le facilitaron su estrategia: desligar corrupción y gestión de gobierno (corruptos pero eficaces). Ahora, por higiene democrática habrá que emplearse a fondo para que no puedan esgrimirse los votos obtenidos como redentores de las fechorías cometidas.
Perderse en la inacabable y tupida maraña de casos sería hasta contraproducente para abordar como corresponde la corrupción institucionalizada: la cuestión de Estado que más atenaza el desarrollo democrático, social y económico de España. Tal vez la herencia más nefasta del franquismo sea la de creer que quien se apropia del poder, antes por la fuerza y ahora por las urnas, obtiene carta de naturaleza para lucrarse y privilegiar a sus allegados. Hay evidencia reiterada de la difusa comprensión que tiene la derecha española del principio medular de la separación de poderes en un Estado de Derecho. No tienen reparos en bloquear las más altas instancias del poder judicial cuando están en la oposición; menos aún se contienen estando en el Gobierno para utilizar marrulleramente contra los adversarios políticos a la Agencia Tributaria, a la fiscalía, a determinados policías y al Ministerio del Interior.
Tampoco es cierto que la gestión económica haya sido eficiente. El crecimiento tiene vectores externos como son la caída del precio del petróleo, la mayor afluencia turística por la tragedia terrorista que sufren otros destinos competidores o la expansión monetaria del BCE que está llegando a su colapso. Los ingredientes internos son tan inestables como los pretextos de empleo que se están creando sin mejoras de la productividad o como el alza del gasto por electoralismo rampante y en abierta contradicción con la ideología fundamentalista sobre el déficit que se predica.
Dejar que sigan gobernando es dejarles también que palíen el incumplimiento de los objetivos de déficit con los nuevos recortes que Rajoy comprometió por carta ante el presidente del Consejo de la UE. Bastaría con reparar en que la pobreza infantil roza el 35% para que se impidan más atentados contra la justicia social.
Pudieron haberlo hecho tras el 20D; ahora pueden y deben formar un Gobierno entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. El rapapolvo electoral que los tres se han llevado el 26J les obliga a restarse pretensiones particulares para sumar voluntades de regeneración; de recomponer la convivencia plurinacional en España avanzando hacia la reforma federal del Estado; de actuar urgentemente contra el calamitoso panorama social. No es pedir demasiado que hagan política trascendiendo los confines de sus respectivos intereses de partido; seguramente cosecharán después los réditos de haber ennoblecido la política.
A la vista de las inercias imperantes es probable que cada mochuelo opte por quedarse en su olivo cavilando su porvenir. En tal caso deben saber que asumen la responsabilidad de añadir la frustración política a la profesional y social con la que ya cargan dos generaciones, a las que tras pedirles grandes esfuerzos para que se formasen, terminamos ofreciéndoles precariedad laboral o emigrar. Y acumulando frustraciones puede desencadenarse la rabia.
Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC OO (1987-2000).