El Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha decidido por 15 votos a 13, que sean los clientes quienes paguen el impuesto de las hipotecas y no la banca.La decisión anula la sentencia del 18 de octubre que daba la razón a los clientes.Y responde a la pregunta que se hacía el prestigioso periodista Fernando Onega, “Quién manda de verdad en España”, cuando el presidente de la Sala Díez-Picazo sometió al Pleno la decisión final, no por criterios jurídicos sino por “la enorme repercusión económica y social” en los beneficios de la banca.
La decisión anula la sentencia de los seis magistrados de la Sala conocida el pasado 18 de octubre que daba la razón a los clientes y que establecía que el impuesto debían pagarlo los bancos. Y responde a la pregunta que se hacía el prestigioso periodista Fernando Onega, “Quién manda de verdad en España”, cuando el presidente de la Sala Díez-Picazo impuso la suspensión de la sentencia y someter al Pleno de la Sala la decisión final, no por criterios jurídicos sino por “la enorme repercusión económica y social”… en los beneficios de la banca.
El Tribunal Supremo decide que se siga manteniendo la legislación de los últimos 23 años por la que los bancos han estado endosando a los clientes el pago de los impuestos por registrar las hipotecas ante notario, a pesar de que quien sale beneficiado de este acto es el banco, como demostraba con total claridad la sentencia de los jueces de la Sección de Tributos del Contencioso-administrativo, que había fijado que el impuesto lo debía pagar el banco porque era la parte interesada e elevar a escritura públic la hipoteca y así poder reclamar y ejecutar el préstamo en caso de impago.
Una más de las prácticas abusivas de la banca que han provocado una oleada de reclamaciones y que han terminando llegando al Tribunal Supremo.
Lo que las altas instancias del Tribunal Supremo han ejecutado es un golpe judicial en toda regla, para proteger los beneficios de la gran banca. Y ha sido incluso peor que las peores previsiones posibles.
Ante la negativa de buena parte de los jueces del Supremo a evitar la retroactividad de la sentencia (lo que hubiera obligado a devolver a la banca el pago de los impuestos de las hipotecas firmadas anteriormente, con un desembolso que podía oscilar entre 5.000 y 24.000 millones), el presidente de la sala, Luís Díez Picazo, ha decantado la balanza por la vía más expeditiva: suspender una sentencia ya emitida y firme.
No solo se evita a los bancos hacer frente al pago de los impuestos de las hipotecas firmadas en los últimos años, sino que se obliga a los hipotecados a seguir pagando los costes fiscales que deberían pagar los bancos.
Para ello se ha forzado la justicia, degradando su imagen hasta extremos impensables. Con la intervención directa del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, actuando como abogado defensor de la banca. Y presionando durante 16 horas de reunión a los jueces del Supremo que se negaban a emitir un dictamen favorable a la banca.
A lo que asistimos a es a un segundo rescate bancario, que como el primero deberemos pagar todos los españoles. Y que ha sido impuesto por la fuerza a través del Estado.
En el primero se destinaron hasta 130.000 millones de dinero público, arrancado a costa de recortar en sanidad, educación, pensiones, salarios… para, como un Robin Hood invertido, regalárselo a la oligarquía. Ahora, se nos quiere imponer que, cada año, seamos nosotros quienes carguemos con más de 1.000 millones de pago de impuestos que deberían abonar los bancos.
Lo que se ha impuesto, utilizando toda la fuerza del Estado, es un “cortafuegos” para que el avance de la influencia del movimiento popular no afecte a los beneficios de la gran banca. Tuvieron que aceptar, a regañadientes, la devolución de las cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo. Poniendo todos los impedimentos para que solo pudiera hacerse efectiva en una pequeña parte. Ahora han sentado que no están dispuestos a aceptar que se cuestione más un mercado hipotecario que, gracias a las draconianas condiciones impuestas, es un gigantesco atraco a la población y una de las principales bases de los multimillonarios beneficios de la banca.
Se nos dice que con esta sentencia del Supremo se demuestra que “la banca está por encima de la ley”. No es exacto. Lo que se ha evidenciado es que los beneficios de la banca son la ley. No es que los grandes bancos sean poderosos, y tengan la capacidad de presionar a la justicia. Es que tienen el poder, y un Estado que actúa a su servicio.
El problema no está en una justicia “reaccionaria y polítizada”. Eso es cargar toda la culpa sobre “el mensajero” para que los auténticos responsables sigan quedando a resguardo. Porque la cuestión está colocada con toda claridad en el dominio de la gran banca, auténtico corazón de la oligarquía, incompatible con los intereses del 90% de la población y, como acaba de demostrarse, también con los mismos fundamentos de una justicia democrática.
Se han convocado manifestaciones frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra la sentencia. Todos compartimos la indignación. Pero habría que manifestarse ante las sedes de los bancos, los auténticos responsables de este atraco, y los que van a llevarse el botín.