«España y Portugal son una isla energética», su abastecimiento de electricidad y gas no depende de su conexión con el resto de Europa (solo intercambiamos un 2,8% de la energía total gastada). Este fue el argumento ganador de los presidentes español y portugués para negociar, durante el Consejo Europeo de finales de marzo, la posibilidad de admitir para la Península unas medidas autónomas a las tomadas en el resto del continente: El precio del gas no se incluirá en el cálculo del precio de la luz.

El Nobel portugués José Saramago escribió «La Balsa de Piedra», imaginando una península Ibérica que se desgajaba del contiente, navegando hasta unirse a Iberoamérica… Toda una orientación para el desarrollo independiente de ambos países.

La unidad de ambos gobiernos defendiendo sus intereses, sin trastocar la unidad europea (frente al intento alemán de bloquear la alternativa presentada), ha conseguido un paso importante para el abaratamiento de la electricidad.

En palabras del presidente portugués: «Lo hemos hecho sin romper el mercado europeo. Serán medidas temporales que respondan a circunstancias concretas, pero de ninguna forma nos tienen que quitar la motivación para una reforma integral». Apuntando a seguir defendiendo un cambio total en la ley europea que constriñe el mercado eléctrico actualmente por interés alemán.

El precio de la luz se fija en una subasta diaria y queda determinado por el coste más alto de las seis fuentes de energía disponibles. El cuadro recoge el precio medio del año 2020.

Con esos datos, las compañías están autorizadas a aplicar a toda la energía que vendan, el coste final del megavatio a 175 dólares (unos 160 €), el del gas, el más caro de todos. Obtienen así unos beneficios que técnicamente se denominan «caídos del cielo», aunque realmente salen de nuestros bolsillos…

Con la nueva medida, al no entrar el gas en la subasta, el precio más caro serían los 164 dólares (unos 148 euros) de la energía nuclear, abaratando el precio final al consumidor.

Límites a los que vamos por delante

Ahora bien, la medida aceptada tiene dos límites: los beneficios de los monopolios eléctricos se respetan (no se toca el privilegio de vender toda la energia al precio más caro de una de ellas) y a cargo de nuestro bolsillos se fijará un sistema de compensación-subvención para las estaciones de ciclo combinado que se activan y consumen gas cuando hay déficit de energía con el resto de fuentes. Y además Europa ha exigido que esta excepción ibérica sea provisional.

Queda así pendiente una reforma más profunda del sistema de fijación de precios, porque como señaló muy agudamente el primer ministro portugués, la característica principal que permite sacar el gas del cálculo del precio final en ambos países, no es sólo su poca dependencia de Europa en este campo, sino su mayor desarrollo en energías alternativas y renovables. Estas representan el 45% de la potencia instalada en España y el 60% de Portugal.

En el debate de Bruselas, Italia, Grecia, Bélgica o Eslovenia, propusieron  intervenir el mercado y fijar un máximo al precio de la energía; España defendió limitar un «precio de referencia para el gas»; Francia y Rumanía también plantearon que hay que cambiar las leyes que rigen el actual cáculo de la luz. Se opusieron Alemania y Países Bajos, más atrasados en la implantación de energías alternativas y muy dependientes del gas y el carbón.

El gobierno germano ha optado por subvencionar directamente a las familias y empresas alemanas porque la invasión rusa a Ucrania ha puesto el gas hasta un máximo de 545 euros megawatio el 7 marzo. Francia también ha aprobado subvenciones, con 10.000 millones para compensar el aumento del precio del gas y 8.000 millones para mitigar la subida de la electricidad.  Para  reducir 0,15 euros por litro del precio del carburante en las gasolineras gastará otros 2.000 millones. Además, entregará una subvención directa a las empresas cuyo gasto en gas y electricidad represente al menos un 3% de su cifra de negocios y que corran el riesgo de entrar en números rojos por el alza energética.

Y como solución a medio plazo, los países más dependientes del gas ruso han optado por una compra masiva de gas licuado a Estados Unidos, que dará salida a su producción de esquisto (una técnica de extracción muy contaminante).

Familias y empresas

La traslación del acuerdo sobre el gas a la rebaja de las facturas de la luz no será inmediata. La ministra ya ha avisado que los diferentes trámites pendientes harán que hasta mayo no veamos el efecto de la medida. Entonces se abrirá la disputa sobre hasta cuándo Berlín nos querrá permitir extenderla. 

El abaratamiento de la energía supondrá un desahogo para las familias pero también para la industria y el comercio. La situación ha llegado al extremo de que las mayores fábricas de acero, automóviles, aluminio… han  parado temporalmente o recortado producción. Y las facturas de pymes y autónomos han colocado contra las cuerdas la continuidad de muchos.

Nuestro país tiene enormes posibilidades con el desarrollo de las energías alternativas. Su importancia estratégica se ha demostrado en el acuerdo con Europa que encabeza este artículo. La generación de energía renovable puede ser un factor de redistribución de la riqueza, de  desarrollo tecnológico, de  creación de empleo y de ahorro, frente a un sector que hoy, monopolizado,  es sólo una fuente de saqueo para el 90% y una traba al desarrollo industrial del país.

Hace falta, eso sí, un Plan Nacional que contemple como cuestiones básicas: lo principal, que este desarrollo lo encabecen pequeñas y medianas empresas (la tecnología ya lo permite, no es imprescindible una inversión a nivel monopolista); que esté presente en el mercado una empresa nacional de electricidad; y que se garantice la presencia de capital nacional en el sector, promoviendo la reinversión de gran parte de los beneficios que se generen.

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La otra energía y el transporte

Acuerdo mínimo y temporal

Al tiempo, la ministra para la Transición Ecológica y la ministra de Hacienda se han reunido con representantes de las principales compañías (Cepsa, Repsol, BP España) y las asociaciones del sector petrolero, con el objetivo de abaratar también el precio de los combustibles. La gasolina y el gasoil han subido un 40% en año y medio, asfixiando a 800.000 profesionales autónomos y a las empresas de transporte.

Aparte de una subvención directa a los transportistas (450 millones en total), las petroleras aceptaron abaratar 5 céntimos el litro, y el gobierno rebajará otros 15 céntimos bonificando el gasto de los profesionales (hasta 650 millones).

De entrada son medidas provisionales hasta el 30 de junio con posibilidad de prorrogarlas.

Tanto en el recibo de la elecricidad como en los combustibles el gobierno tiene margen, pues ambos costes están muy inflados por la parte del IVA y los impuestos especiales que soportan. Y también se podrían subir los impuestos a los monopolios energéticos: las seis mayores empresas de España que cotizan en bolsa sumaron el pasado año 10.100 millones de beneficios netos. El equivalente a 20 veces lo que se destinará en ayudas al sector del transporte.