Al igual que la sanidad, la alimentación… la vivienda es un bien esencial, no se puede prescindir de ella para vivir. Y por tanto el Estado y el conjunto de administraciones deben protegerla y darle un trato en la misma línea que a otros derechos sociales. Este es el punto de partida a la hora de plantear cualquier propuesta.
Dar una alternativa al precio de la vivienda es mucho más sencillo de lo que nos dicen. ¿Es esto una chulería? Veámoslo
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Hoy alquilar un piso de 80 metros cuadrados viene a costar 1.048 euros, casi el doble de lo que costaba en 2014. Para una gran parte de la población es inasequible, para la mayoría de los jóvenes, inalcanzable. La escalada de precios es imparable y se nos presenta el problema como irresoluble; sin embargo, dar una alternativa es factible, incluso rentable y más sencillo de lo que nos dicen.
Cojamos un elemento de comparación: la sanidad. España ocupa el tercer puesto en el ránking mundial de Sanidad, solamente superada por Hong Kong y Singapur, y además se posiciona como la más eficiente de Europa. Podemos estar orgullosos del excelente trabajo que realizan las sanitarias/os, de los muy buenos profesionales que tenemos y de la lucha que hemos llevado para que esto sea así. Tener este sistema sanitario público cuesta unos 90.000 millones de euros al año, implica tener miles de profesionales con una alta formación en diferentes grados y especialidades, invertir en tecnología, en investigación, tener centros especializados de atención primaria, hospitales… ¿Dar alternativa a la vivienda es más complejo que tener una sanidad pública como la que tenemos? En absoluto.
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Vamos a darle la razón por una vez a la banca
Vivienda asequible es equivalente a la tercera parte del SMI. Cuando vamos a comprar o arrendar una vivienda la pregunta inicial que nos hace el banco, o la inmobiliaria siempre es la misma: ¿Le supondrá el alquiler o la hipoteca más de un tercio de sus ingresos? En caso afirmativo no le facilitarán el acceso al piso.
Siguiendo esa norma que nos propone la banca, el precio de las promociones públicas debería ser como máximo un tercio del Salario Mínimo (SMI). Esto es una cantidad concreta: 378 euros.
En los planes del gobierno y de la Unión Europea se utiliza constantemente el concepto vivienda “asequible”. La pregunta es inmediata. ¿Asequible para quién? Pues démosle por una vez la razón a la banca y apliquemos su criterio “materialista”. Una vivienda de 60 m (para una persona) 378 euros; la tercera parte del Salario Mínimo Interprofesional.
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La alternativa es un parque público de vivienda amplío y rentable
Sin aumentar el parque público de viviendas para bajar y regular el precio no se va a resolver el problema de la vivienda de forma estable. Esta es la clave en gran parte de países europeos. El 30% del total de casas en alquiler de Países Bajos son públicas, en Austria lo son un 24%, en Dinamarca un 21%, la media europea es un 9%. ¡En España, al contrario, hay un 2,5% de parque público, medio millón de viviendas!
El primer objetivo es llegar a la media europea, esto es 1.800.000 viviendas. Y para ello el instrumento es formar una empresa pública que construya, o rehabilite vivienda actualmente vacía, que oferte las viviendas de la SAREB, que recupere las viviendas de protección oficial compradas por fondos buitre…, llegando a acuerdos entre el gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos.
Esta propuesta no sólo es factible sino que es muy rentable en tres aspectos. Primero, para ayudar a las familias trabajadoras y en especial a la juventud que en estos momentos tiene cercenada su posibilidad de independizarse. En segundo lugar, construir o reformar viviendas crearía empleo productivo y de calidad. Y en tercer lugar, porque esas viviendas puestas en alquiler o venta a medio plazo serían capital y beneficios para las arcas públicas. En definitiva, una solución que genera riqueza y empleo.
Ante la presión social, en los últimos meses el gobierno ha puesto en marcha algunas medidas para ofertar vivienda asequible. Pero hay dos problemas: por una parte no se dice cuánto dinero es “asequible” y por otra parte se están empezando a invertir miles de millones de dinero público a través de promotoras, entidades y bancos privados.
En vez de crear una empresa pública que realmente garantice que la vivienda se trata como un bien esencial, y que el dinero público invertido se convierta en una riqueza para el conjunto del país se está haciendo lo contrario. Darle el dinero a fondos privados es dilapidar el dinero público y rellenar todas las papeletas para que esas viviendas acaben siendo pasto de la especulación. Es como dice el refrán: “poner a la zorra al cuidado del gallinero”.
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Dos reformas imprescindibles
Es imprescindible poner en marcha dos reformas legislativas que ya se han aplicado en otros países exitosamente, para impedir que fondos “buitre” acudan al sector de la vivienda.
En primer lugar, hay que acometer una verdadera reforma de la ley del alquiler que proteja al inquilino, alargando el período de renovación del contrato a diez años y en el caso de los mayores de 65 años haciéndolo indefinido como en Portugal. Esto defendería a los arrendatarios de la especulación y pondría dificultades importantes a los grandes capitales para especular con el precio.
En segundo lugar, aprobar una ley que impida la monopolización de viviendas y suelo por parte del capital extranjero, como se ha hecho en Canadá prohibiendo la compra de vivienda o suelo a los extranjeros si no es para residir en ellas.
Es necesario “expulsar” a los grandes monopolios y fondos extranjeros del mercado de la vivienda. Los culpables de la escalada de los precios de la vivienda no son los “propietarios de pisos”, en general, son las grandes empresas del sector.
La vivienda es un bien esencial, como la alimentación, la sanidad o la energía. No se puede prescindir de tener un techo donde vivir, aunque los precios se disparen. Esto lo ha convertido en un mercado muy rentable y “seguro” en donde se concentran los grandes capitales para obtener una súper-ganancia. En Cataluña los grandes propietarios acaparan el 37% de las viviendas de alquiler, y en Madrid concentran el 24% de todas las viviendas, para alquiler o venta. La punta de lanza son los grandes fondos, Blackstone ha adquirido en los últimos diez años 150.000 viviendas. Son estos grandes tenedores los responsables del alza de los precios. Igualar a un pequeño propietario con grandes fondos como Blackstone o con bancos como el Santander es ocultar a los que convierten la vivienda en un saqueo y dispersar la lucha y las fuerzas.
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Tomar medidas de urgencia ya
Paralelamente a la puesta en marcha de esta alternativa hay que tomar medidas urgentes que rebajen el precio de la vivienda de inmediato porque es insostenible para una gran parte de la población. Tres millones de familias tras pagar la vivienda quedan en condiciones de pobreza severa. El coste de la vivienda supera el salario mediano (más habitual) de los menores de 30 años. Por eso solo un 17% de los jóvenes están emancipados.
El gobierno tiene recursos y mecanismos sobrados para tomar medidas efectivas ya. Al igual que Zapatero de un día para otro recortó el salario de los funcionarios un 5%, o congeló las pensiones, incluso junto con el PP hizo una reforma exprés de la Constitución para blindar el pago de la deuda externa, cambiando leyes y condiciones de vida con total rapidez. El gobierno central y las administraciones autonómicas y municipales pueden y deben actuar con la misma rapidez y efectividad para defender los intereses populares, interviniendo para que se rebajen los precios de la vivienda con carácter de urgencia, ayudando a los sectores más afectados.
– Lo primero, tomar medidas para limitar el precio del alquiler de acuerdo a la renta. Así un hogar que tenga unos ingresos inferiores a 1.134 euros (un SMI) no puede pagar más de 378 euros y así proporcionalmente, si sus ingresos son inferiores a 2.268 euros (dos SMI), debe pagar como máximo 656 euros. ¿Cómo se aplica esto? El Estado tiene cientos de asesores, expertos en legalidad y economía para hacerlo. Bien estableciendo un “tope” a los precios durante un período excepcional o dando una ayuda a las familias que paguen un alquiler superior compensando la diferencia.
– Y se deben establecer medidas urgentes para que los jóvenes puedan adquirir vivienda, promoviendo créditos a bajo interés a los menores de 35 años para que compren vivienda y ayudas al alquiler. Que los jóvenes no pueda emanciparse es un problema muy grave, que no solo les afecta materialmente sino también a sus perspectivas vitales y profesionales.
Ahora bien, a la vez que se toman medidas inmediatas, es imprescindible poner en marcha la alternativa estructural de crear un parque público de vivienda. porque sólo así se regularán los precios de forma estable y generando riqueza y empleo en beneficio de la mayoría.