Lo que parece una cadena diabólicamente trabada de errores médicos, policiales, judiciales y periodísticos ha llevado a un juicio paralelo contra Diego P. V. que lo ha dejado psicológicamente traumatizado y socialmente estigmatizado. Juicio paralelo que se ha basado en pasar por encima de la presunción de inocencia, un derecho fundamental, el alfa y el omega del sistema jurídico que implantó la revolución burguesa. Todo empezó con un informe médico que detallaba golpes, quemaduras e indicios de agresión sexual en el cuerpo de una niña de tres años, que falleció en la madrugada del pasado viernes. Kafka en su novela «El proceso» y Hitchcock en su película «Falso culpable» ya denunciaron la capacidad, de destrozar al individuo, al ciudadano de a pie, que tiene el Estado y sus distintos estructuras, que se convierten en juez y parte, y en verdugo; que dejan al individuo indefenso, aplastado y con un futuro negro.
Tal situación termina cuando los forenses concluyen que la niña falleció como consecuencia de una caída. Porque en realidad este ciego roceso infernal había empezado días antes cuando un médico de guardia no realiza ninguna prueba a la niña aunque ha sido llevada por el futuro “culpable” al caerse y darse un golpe fuerte en la cabeza. Fue en el segundo ingreso cuando murió y aparecieron las erróneas acusaciones de otro médico. Sólo el informe forense parará el rodillo aplastador al determinar que no existían lesiones de agresión sexual; que las quemaduras no son compatibles con marcas de cigarrillos, ni de secador, sino con alergia a una crema. A los personajes de la clase de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que ha dicho que “vamos a esperar a que concluyan todas las investigaciones y podamos saber dónde se ha producido, si es que se ha producido, algún fallo”, y la titular de Sanidad del Gobierno canario, Mercedes Roldós, que ya ha negado la responsabilidad de su departamento y ha rechazado pedirle disculpas, les escandaliza si el acusado es un político corrupto y lo esposan, pero no les preocupa realmente el derecho a la inocencia del ciudadano de a pie. Lo que no quiere decir que en los casos probados de maltrato no se deba denunciar socialmente a los condenados. No podemos ignorar que, además de la aplastante maquinaria estatal y mediática que ha dejado a este ciudadano destrozado, con secuelas psicológicas inmediatas y la necesidad de un tratamiento psiquiátrico dilatado, el fallo sanitario, yendo más allá del médico o médicos responsables directos, indica una responsabilidad del sistema sanitario que ahora sale a la luz. La niña murió porque no se le hizo un escáner la primera vez que acudió con dolores de cabeza por la caída, fallo que también tiene detrás la reducción de gastos sanitarios en pruebas y en atención especializada. Y como todos sabemos, a veces no pasa nada, pero a veces sí pasa. Y todo por ahorrar dinero para seguir alimentando a la banca.