Junts, el partido de Puigdemont, anuncia que no apoyará ninguna ley que proponga el gobierno: “La legislatura queda bloqueada”, han anunciado los 7 diputados de Puigdemont en el Congreso. Esta decisión, junto con las causas judiciales por corrupción que cercan al gobierno de coalición y al Partido Socialista Obrero Español, estrechan el cerco al gobierno y ponen en cuestión que la legislatura pueda cumplir los dos años que restan sin capacidad de sacar adelante sus propuestas legislativas y los Presupuestos Generales que necesita el país.
La dependencia de un socio como Junts, la burguesía ultrareaccionaria catalana de siempre, deja en evidencia la decisión de Sánchez de fiarlo todo a los acuerdos con Puigdemont. La corrupción que rodea al PSOE se asoma al abismo de una posible financiación irregular del partido. Y la apertura de un nuevo ciclo electoral en 2026 de elecciones en varias autonomías, como antesala de unas elecciones generales en 2027, si no se adelantan antes, dibujan un escenario político especialmente turbulento, convulso y revuelto.
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Chantajistas de medio pelo
El partido de Puigdemont ha decidido dar un paso más en su estrategia de chantaje permanente al gobierno, rompiendo las negociaciones con el PSOE y bloqueando la legislatura.
Junts ha anunciado que se opondrán a todas las iniciativas legislativas del gobierno, no apoyará ninguna ley de las que hay en tramitación y presentará enmiendas a la totalidad de las leyes que a partir de ahora entren en el Congreso. “Por tanto, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada”, ha declarado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, respaldada por los otros seis diputados de Junts. Nogueras ha justificado la ruptura por incumplimiento de los “Acuerdos de Bruselas” firmados con el PSOE, con la amnistía de Puigdemont en el centro; pero también el reconocimiento del catalán en Europa y el traspaso de las competencias de inmigración.
La ruptura con el gobierno ha quedado plasmada con el registro de enmiendas a la totalidad a 25 leyes impulsadas por el PSOE y Sumar. Entre ellas la Ley de Familias, la de universalidad del Sistema Nacional de Salud, la de industria y autonomía estratégica o la de protección para la libertad de expresión.
No es la primera vez que Puigdemont y los suyos vetan leyes del gobierno, con PP y Vox votaron en contra de la reducción de jornada, la creación de una agencia anticorrupción y de una ley para limitar el precio de los alquileres.
Pero con esta decisión, Junts se suma abiertamente al cerco al gobierno de coalición progresista haciendo frente con el PP y Vox, sirviendo a los intereses de la ofensiva trumpista y su reflejo en nuestro país.