Primero se cebaron sobre el norte de la Franja, lanzando sobre la ciudad de Gaza en las primeras semanas de la ofensiva una cantidad de explosivos equivalentes a una bomba de Hiroshima y media. Entonces lanzaron panfletos desde el aire, llamando a la aterrorizada población civil a desplazarse al sur de la Franja «por su seguridad». Más de un millón de gazatíes se hacinaron a Rafah, cerca de la frontera con Egipto.
Desde que comenzó su ofensiva genocida sobre Gaza, las bombas israelíes han asesinado a más de 32.000 personas, el 70% de ellas mujeres y niños -sin contar el número de cadáveres sin identificar que hay bajo los escombros, lo que eleva la cifra a cerca de 40.000 muertos- junto a 74.298 personas heridas, que desde hace meses no tienen acceso a suministros sanitarios básicos. Ahora es la hambruna total la que se cierne sobre Gaza. La tercera parte de todos los gazatíes ya no tienen acceso a fuentes de alimentos alguna, lo cual puede hacer que en las próximas semanas las muertes por inanición -especialmente de niños, ancianos y enfermos- comiencen a contarse por miles al día, superando a las de las bombas.
En medio de esta dantesca situación, el gobierno ultrasionista de Tel Aviv ha decidido dar un salto en el horror, y ya ha dado luz verde a la ofensiva terrestre sobre Rafah -previos bombardeos aéreos para despejar el terreno- diezmando a sus 1,3 millones de refugiados, heridos y hambrientos. Sólo aguarda el momento propicio para perpetrar una auténtica carnicería que puede hacer palidecer la larga lista de horrores y crímenes de guerra cometidos por las IDF.
Es la siguiente etapa de la «solución final» de Netanyahu. Forzar -por el terror a las bombas, por la desesperación del hambre- a un desplazamiento masivo, al éxodo total -o de la mayoría- de los gazatíes al desierto egipcio del Sinaí. Quiere una Gaza jibarizada y sin palestinos -o con los mínimos posibles- para poder reconstruirla con colonos. Una limpieza étnica, una nueva y más monstruosa ‘Naqba’.
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Netanyahu aprueba el mayor expolio de terrenos cisjordanos desde los Acuerdos de Oslo
Y mientras tanto, en Cisjordania…
Mientras la mirada del mundo está puesta en los horrores del genocidio gazatí, el gobierno ultrasionista de Netanyahu acelera la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, prohibidos por todos los acuerdos de la ONU y la legislación internacional
El ministro de Finanzas del gobierno Netanyahu, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich -que dirige el departamento dentro del Ministerio de Defensa que autoriza los asentamientos-, ha declarado como tierras estatales israelíes 800 hectáreas en el valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, una zona tradicionalmente poblada por campesinos palestinos y que Israel va a anexionar al cercano asentamiento colono de Yafit.
En ellas se construirán 3.500 viviendas para nuevos colonos, en una violación flagrante de las resoluciones de Naciones Unidas. Las tierras declaradas estatales dejan de ser propiedad privada de los palestinos a ojos de Israel, y se les impide utilizarlas. El Estado solo las arrienda a israelíes para expandir los asentamientos, que son ilegales bajo las normas internacionales en territorio militarmente ocupado, como es el caso de Cisjordania.
Se trata de la mayor expropiación de tierras palestinas en Cisjordania desde los Acuerdos de Oslo,
Se trata de la mayor expropiación de tierras palestinas en Cisjordania desde los Acuerdos de Oslo, ha denunciado la ONG israelí Peace Now, que documenta la colonización en los territorios palestinos, ocupados por Israel desde 1967. Esta organización asegura que con el nuevo Gobierno Netanyahu, apoyado por la ultraderecha colona, 2024 marca ya el récord en la extensión de tierras declaradas como «estatales». Estas 800 hectáreas robadas a los palestinos se suman las 264 hectáreas aprobadas el pasado 29 de febrero, entre los asentamientos de Maale Adumim y Keidar, cerca de Jerusalén.
Esta decisión se anunció pocas horas antes de la llegada del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y lanzan un mensaje desafiante a la administración demócrata.
La respuesta de Washington: el Congreso de EEUU -en un proyecto de ley pactado entre republicanos y demócratas- ha prohibido la financiación a la UNRWA, en un momento en el que la hambruna amenaza de muerte a dos millones de gazatíes. Todo ello después de otorgar 3.800 millones de dólares adicionales para financiar militarmente a Israel.