«Una intervención con todas las de la ley», «marcará la política y la economía española de los próximos años». Así definen los medios españoles el resultado de la reunión del Ecofin, que agrupa a los ministros de Economía comunitarios. Cada tres meses, «los hombres de negro» «la Troika, integrada por el FMI, la Comisión Europea y el BCE- visitarán España para comprobar que ha «hecho los deberes». Estos incluyen draconianos recortes, desde la reducción de las pensiones y las prestaciones por desempleo a la subida del IVA, que el gobierno de Rajoy acaba de anunciar. Algunos hablan de «intervención suave», porque no nos han colocado al mismo nivel que Grecia o Portugal. Pero la realidad se acerca más a un «saqueo salvaje» que marcará nuestro futuro por mucho tiempo.
Bruselas ha desbloqueado las ayudas a la banca española (30.000 millones de euros para empezar, antes de finales de julio) y ha otorgado un año más a Madrid para cumplir los objetivos de reducción del déficit.
A cambio, la UE nos exige rigurosas condiciones fiscales, bancarias y de supervisión-. Y el vicepresidente comunitario, Olli Rehn, se ha encargado de recordar que “España tendrá que cumplir plenamente”.
España pasa a ser oficialmente un país intervenido por Berlin y Washington. La troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) enviará misiones a España cada tres meses.
Supervisará la ejecución de los recortes impuestos, y asume de facto poderes sobre la supervisión financiera de la banca, por encima del Banco de España.
Ya se anuncia que será necesario “liquidar algún banco”, y que los que sobrevivan deberán desprenderse de buena parte de sus participaciones en otras empresas. Como en el caso de Portugal, pueden ser vendidas a precio de saldo al capital extranjero, deseoso de penetrar en el sistema financiero español.
El gobierno de Rajoy ya ha anunciado la subida del IVA, plegándose a las exigencias de Bruselas y dando un giro de 180 grados a su posición oficial hasta hace pocos días.
El ministro francés Pierre Moscovici ha explicado que el propio Ejecutivo español sugirió en la reunión modificaciones en políticas muy delicadas, como la relativa a las pensiones.
El periódico Expansión anuncia que una de las condiciones sería el recorte en las prestaciones a los parados. Reduciendo su cuantía desde el 70% al 60% del último salario, y limitando el periodo máximo de percepción, fijado ahora en 24 meses.
La revisión de las cuentas de las comunidades autónomas apunta a nuevos tijeretazos en sanidad y educación.Se trata de un ataque sin precedentes, un salto cualitativo en el saqueo sobre España que persiguen Washington y Berlín.