«El desafío al que se enfrenta la economía española y nuestro aún relativamente modesto Estado de bienestar es de una envergadura muy superior. Con una tasa de desempleo del 19%, una economía sumergida que, según estimaciones, superaría el 20% del PIB y una presión fiscal muy por debajo de la media europea, es difícil que cuadren las cuentas públicas. Pero la solución no puede pasar por recortar gastos en los servicios sociales esenciales»
Pero el desafío requiere valentía en la toma de decisiones. Las acometidas hasta ahora contienen aciertos, ero siguen siendo tímidas y parciales. El plan contra el fraude fiscal ha quedado corto, como la reforma del impuesto sobre las Sicav, ese refugio de las grandes fortunas cuyos beneficios siguen tributando inicialmente al 1%. Se necesita un sistema impositivo verdaderamente progresivo que obligue a pagar a los que más tienen y una revisión de la redistribución de la renta para no despilfarrar ayudas en quienes no las necesitan. (EL PAÍS) LA VANGUARDIA.- La imperiosa necesidad de reforzar los recursos propios divide a las entidades entre las que deberán hacerlo para sobrevivir, que son las que ahora estudian fusiones frías o calientes y que reconocen ya la realidad de las limitaciones de su naturaleza jurídica, y las que aspiran a escalar posiciones en el ranking del sector, no sólo en el de las cajas, bancos incluidos. La Caixa, tercer grupo español, tras Santander y BBVA, bien podría aspirar a colocarse entre ellos dos. En ambos escenarios, el modelo de las cajas, el debate sobre su privatización y las posibles maneras de acometerla ya es un hecho en los cálculos de futuro de muchas entidades de ahorro españolas. Fainé, y tal vez más adelante Rato, entre otros, tiene algo que decir. EL PAÍS.- El ministro habrá de emplear mucha pedagogía para convencer a esos ciudadanos que ven reducido su nivel de bienestar, de que lo que ellos ahorran se gasta en ayudar de nuevo a los bancos (por segunda vez; en diciembre de 2008 el Estado ya hubo de intervenir), porque estos constituyen el sistema sanguíneo de la economía y sin bancos sanos no hay nada de lo demás. Por ello, esos bancos en dificultades pasan a depender, mayoritariamente, del sector público. Que no haya malentendidos: el país en cuestión es Irlanda. Editorial. El País Insostenible indecisión La elevada tasa de paro español, agravada por la crisis económica y financiera, y el envejecimiento de la población están poniendo en jaque nuestro Estado de bienestar. A los tradicionales cantos de sirena de que el sistema será incapaz de garantizar las pensiones futuras se han sumado los Gobiernos autónomos de Cataluña, Galicia y Valencia planteando por vez primera una reflexión sobre el proceso de aplicación completa de la Ley de la Dependencia. Ello se suma al hecho de que algunos Ejecutivos regionales del PP, como los de Madrid y Murcia, ya están aplicando, de facto, una moratoria. Esta norma puede ser la víctima más propicia a corto plazo de esta crisis. Las arcas públicas adelgazan en plena aplicación de un derecho que, por novedoso, algunos creen que bien puede esperar. Pero hacer ahorros en ese capítulo es una tentación tan fácil como estéril. El desafío al que se enfrenta la economía española y nuestro aún relativamente modesto Estado de bienestar es de una envergadura muy superior. Con una tasa de desempleo del 19%, una economía sumergida que, según estimaciones, superaría el 20% del PIB y una presión fiscal muy por debajo de la media europea, es difícil que cuadren las cuentas públicas. Pero la solución no puede pasar por recortar gastos en los servicios sociales esenciales, que también están por debajo de la media comunitaria, ni por frenar la extensión de un nuevo derecho, el de la dependencia, que nos aproxima a ese Primer Mundo al que queremos pertenecer y que apenas supone un desembolso anual del 0,5% del PIB. Respondiendo seguramente a la inquietud general, el presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que no recortará gastos sociales. Pero la realidad es que es su propio Gabinete el que ha puesto sobre la mesa un cómputo distinto para calcular las pensiones, una prolongación de la vida laboral hasta los 67 años o una extensión del contrato laboral de despido más barato. El problema no es que se apliquen tales medidas, algunas de las cuales, como el retraso en la edad de jubilación, están plenamente aceptadas por los analistas europeos desde hace años, sino la ausencia de un diseño más amplio y ambicioso que despeje las dudas a medio y largo plazo que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema y que son anteriores a esta crisis. Más allá de las palabras, es lo que cabría esperar de un Gobierno que lleva la política social en su ADN. Lo contrario conduce a la paradoja de seguir el camino inverso del emprendido por Barack Obama y de alejarse del exitoso modelo nórdico que tanta admiración produce en el sur. El margen para recortar gastos sociales es muy estrecho, pero existe, como lo demuestra el reciente pacto sanitario. Suprimir subvenciones no esenciales (como los 2.500 euros por natalidad) o racionalizar el gasto son vías a seguir explorando. Pero el desafío requiere valentía en la toma de decisiones. Las acometidas hasta ahora contienen aciertos, pero siguen siendo tímidas y parciales. El plan contra el fraude fiscal ha quedado corto, como la reforma del impuesto sobre las Sicav, ese refugio de las grandes fortunas cuyos beneficios siguen tributando inicialmente al 1%. Se necesita un sistema impositivo verdaderamente progresivo que obligue a pagar a los que más tienen y una revisión de la redistribución de la renta para no despilfarrar ayudas en quienes no las necesitan. Salir de la crisis no es suficiente. Mantener e incluso seguir avanzando en nuestro Estado de bienestar como hasta ahora es incompatible con el recorte de impuestos que acometió en su día Zapatero y que el PP exige. Y la única manera de lograrlo es aumentar los ingresos, base sobre la que por cierto se asientan los beneficios sociales de las economías centroeuropeas que nos sirven de modelo. EL PAÍS. 11-4-2010 Opinión. La Vanguardia La CECA y el futuro de las cajas Manel Pérez Apariencia de tranquilidad en las cajas de ahorros. Pero sólo eso, apariencia. Entre bambalinas ha sido una semana de intensa actividad por cuenta de la elección del nuevo presidente de la CECA, la organización que agrupa al sector y que se ha autoconvocado para elegir el próximo día 20 al sucesor de Juan Ramón Quintás, su dimitido presidente en el anterior y agitado consejo. En torno a este último y la actual estructura funcionarial de la entidad se ha organizado un frente que pretende mantener viva la candidatura de Amado Franco, presidente de Ibercaja e íntimo amigo de otro ex presidente de la CECA, Manuel Pizarro, como sucesor continuista, frente a la propuesta de abrir una nueva etapa con la elección de Isidre Fainé, presidente de La Caixa.Pero el núcleo central del ajetreo ha sido el intento de alcanzar un acuerdo institucional que evite el enfrentamiento entre sectores en un momento tan delicado para la economía en general y para las entidades de ahorro en particular. Contactos telefónicos, muchos. Varias fuentes hablan incluso de alguna reunión al más alto nivel entre miembros del consejo de la CECA, tanto cajas grandes como pequeñas. La tesis mayoritaria, que aún no significa unánime, es que Fainé debería asumir la presidencia sin enfrentamientos, es decir, candidatura única e integradora. Tal cosa implicaría que Franco debería dar un paso atrás y no presentarse. En caso contrario, aseguran las mismas fuentes, se iría a un proceso de votación enfrentada en el que Fainé no participaría. "Su objetivo es reforzar la unidad del sector, no aparecer como vencedor sobre otros", señalan fuentes informadas sobre las conversaciones de estos días. Parece ser que la primera persona que le planteó a Fainé la posibilidad de asumir el cargo fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, y posteriormente se fueron sumando la vicepresidenta Elena Salgado y otros responsables de entidades como Rodrigo Rato, el presidente de Caja Madrid y, por razones obvias, con enorme ascendiente en la opinión del PP sobre los asuntos del sector. Tampoco se trata de que para Isidre Fainé dirigir la CECA no tenga ninguna motivación especial. Viene un periodo crucial para las cajas de ahorros y sería incomprensible que el presidente de la primera y más destacada de ellas no tuviera nada que decir en esta situación. Según los analistas del sector, las cajas tienen por delante tres grandes retos en los próximos meses. El primero y más obvio es el de acometer su reconversión, FROB mediante, reduciendo el número de entidades y diluyendo el peso de aquellas que más preocupan por sus hipotéticos problemas de solvencia en un futuro próximo. Ese proceso, no es un secreto, avanza con mucha lentitud, y Fernández Ordóñez ya ha dicho varias veces bien alto que hay que ir más rápido. Está claro que en su opinión, Fainé dispone de autoridad suficiente para ejercer ese papel de impulsor desde la CECA. El segundo expediente es el del cambio regulatorio, las normas de Basilea, que silenciosamente sigue avanzando y modificará el modelo bancario en muchos países del mundo desarrollado. Y, paradojas de la cosa, tal como se está planteando actualmente, prima el modelo anglosajón, más arriesgado, especulativo y cortoplacista, frente al de la banca tradicional y más proclive a la inversión industrial. Si la normas se desarrollan tal como está dibujándose ahora, el perfil de entidades como La Caixa quedará seriamente afectado por la obligación de adaptarse a esas normativas, empezando por el abandono total de la inversión industrial. La CECA tiene un papel que desempeñar para hacer valer la opinión de las entidades de ahorros españolas en esa definición de las nuevas normas. Finalmente, queda el frente del cambio de la propia naturaleza de las cajas de ahorros, mutación de la que parecen partidarios no sólo los responsables de las grandes entidades y que la crisis financiera – con las dificultades para acceder a nueva financiación que está suponiendo-ha puesto de rabiosa actualidad. Nuevos recursos que ya no vendrán del crecimiento autosostenido de la actividad del sector, como ha venido ocurriendo en el pasado gracias sobre todo a la actividad hipotecaria e inmobiliaria, ni por la generosa entrada vía interbancario del ahorro de los vecinos alemanes. La imperiosa necesidad de reforzar los recursos propios divide a las entidades entre las que deberán hacerlo para sobrevivir, que son las que ahora estudian fusiones frías o calientes y que reconocen ya la realidad de las limitaciones de su naturaleza jurídica, y las que aspiran a escalar posiciones en el ranking del sector, no sólo en el de las cajas, bancos incluidos. La Caixa, tercer grupo español, tras Santander y BBVA, bien podría aspirar a colocarse entre ellos dos. En ambos escenarios, el modelo de las cajas, el debate sobre su privatización y las posibles maneras de acometerla ya es un hecho en los cálculos de futuro de muchas entidades de ahorro españolas. Fainé, y tal vez más adelante Rato, entre otros, tiene algo que decir. LA VANGUARDIA. 11-4-2010 Opinión. El País Bancos malos Joaquín Estefanía El penúltimo día de marzo, cinco líderes del G-20 (EE UU, Francia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur) hicieron pública una carta en la que advertían que "se requiere más trabajo para restaurar la solvencia en el balance de varios bancos internacionales". Dicho y hecho: el responsable de la política económica anunció inmediatamente una nueva fase de reestructuración del sistema financiero. El problema que tienen las finanzas es, en esencia, un gigantesco volumen de créditos de lo inmobiliario, de dudoso cobro, que vienen de la etapa del boom de la vivienda: cuando se construían muchas más casas de las que correspondían en relación al poderío del país. La economía, ahora lo sabemos, ha padecido del monocultivo de la construcción, que generó mucha riqueza y empleo cuando las cosas fueron bien, y la ruina en la coyuntura contraria. Como consecuencia de estas dificultades los bancos no prestan a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, y se estrangula el crecimiento de la economía real. El ministro ha seguido el llamado modelo sueco. Primero, creó un banco malo público al que fueron a parar esos activos tóxicos; el Estado los compró con un fuerte descuento de su valor de mercado (47% de media). Este es un asunto central cuando se hacen este tipo de operaciones: si se valoran demasiado los activos tóxicos hay una transferencia de los contribuyentes a los bancos; si ocurre al revés, los bancos quiebran. En segundo lugar, vaciados los bancos de ese crédito promotor, el Estado subió su participación en el capital de algunas entidades financieras, lo que de hecho supone su nacionalización. Para poder hacer estos cambios, el ministro había tenido que proceder previamente a un fuerte programa de ajuste de las cuentas públicas del país, ya que este había superado un déficit de dos dígitos y debía volver a la disciplina del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que rige para los países de la eurozona, lo cual exige reducir ese déficit a un máximo del 3% del PIB. Para ello tuvo que subir los impuestos, reducir los salarios de los funcionarios y disminuir los pagos de las partidas que constituyen el Estado del Bienestar (entre ellas, las pensiones). Una mezcla de incremento de los ingresos y reducción de los gastos públicos que sin duda significarán austeridad para la población, afectada por la Gran Recesión. El ministro habrá de emplear mucha pedagogía para convencer a esos ciudadanos que ven reducido su nivel de bienestar, de que lo que ellos ahorran se gasta en ayudar de nuevo a los bancos (por segunda vez; en diciembre de 2008 el Estado ya hubo de intervenir), porque estos constituyen el sistema sanguíneo de la economía y sin bancos sanos no hay nada de lo demás. Por ello, esos bancos en dificultades pasan a depender, mayoritariamente, del sector público. Que no haya malentendidos: el país en cuestión es Irlanda. EL PAÍS. 11-4-2010