El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha anunciado un indulto a las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como ‘Las seis de la Suiza’. Una medida de gracia que llega después de que hayan pasado nueve meses privadas de libertad.
Un indulto que -como reconocen las familias, compañeros y amigos de ‘Las seis de la Suiza’- llega tras una prolongada e intensa campaña de solidaridad impulsada por organizaciones sindicales y colectivos sociales, especialmente de Asturias, pero también del resto de España. El Gobierno ha justificado su perdón porque los hechos penados se produjeron «en un contexto laboral, en ejercicio de la libertad sindical y sin ánimo de cometer delitos»
«Para sus vidas personales es una alegría, un chute de energía», han asegurado a elDiario.es fuentes familiares que agradecen «los apoyos sociales, políticas, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones» que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de la condena y posterior ingreso en prisión de las seis sindicalistas. «Ha sido muy importante para ellas».
«Siempre fue una sentencia ejemplarizante cuyo objetivo era meter miedo a la clase trabajadora y que no se le ocurra exigir sus derechos, ni utilizar las herramientas propias de la acción sindical, la negociación y la movilización porque pueden acabar en la trena como nuestras compañeras, las 6 de la Suiza. Las movilizaciones que hicieron fueron concentraciones pacíficas delante de la pastelería (todas autorizadas, con la preceptiva presencia policial y sin ningún incidente) y mira donde acabaron», contaba a deverdaddigital hace unos meses Herminia González, portavoz del grupo de apoyo ‘Sofitu a las 6 de la Suiza’.
El indulto pone fin a un proceso judicial controvertido que, para la práctica unanimidad del movimiento obrero y sindical de nuestro país representaba un brutal ataque a la libertad sindical, instaurando un precedente para criminalizar la defensa de los derechos de todos los trabajadores.
La medida excarceladora es una excelente noticia que ha celebrado toda la izquierda política y sindical. Pero no basta. Hay que derogar la ley mordaza y todas las leyes que han permitido y permiten condenar -y además a penas de cárcel- la acción sindical, o la protesta, sin más prueba de cargo que un testimonio policial. Hay que recordar aún quedan 2 de los 6 de Zaragoza en prisión.
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Los hechos de «Las 6 de la Suiza»: un gravísimo ataque a la acción sindical
Los hechos se remontan a 2017, cuando una trabajadora de una pastelería de Gijón -llamada La Suiza- acudió a la sede del sindicato CNT para denunciar el acoso laboral y sexual de su jefe, que además le encargaba tareas que ponían en riesgo su embarazo.
Los equipos de acción sindical de la CNT trataron de ponerse en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el dueño de la confitería se negó en redondo. Entonces los sindicalistas -entre ellos las 6 condenadas- convocaron varias concentraciones ante el establecimiento para protestar ante el atropello a la empleada y la actitud de la empresa. Poco después la pastelería cerró, según el jefe a causa de las movilizaciones, aunque los empleados aseguran que ya tenía pensado echar la persiana antes.
En 2021 el magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón -un juez de conocido perfil reaccionario, llamado Lino Rubio Mayo, apodado como “El Justiciero de Poniente” y que, entre otras actuaciones de su historial, encarceló a los entonces insumisos al servicio militar condenó a tres años y medio de prisión a ocho sindicalistas de CNT por un delito de coacciones, al considerar que «la presión de las movilizaciones había superado el ámbito de la libertad de expresión y la libertad sindical» y les impuso el pago de una indemnización de 150.000 euros.
Después, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo confirmaron la sentencia condenatoria para seis de las acusadas -las 6 de la Suiza- dando validez legal a un gravísimo ataque a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores.