Tras nueve meses de negociaciones, Ecuador logró imponer la nueva ley de hidrocarburos a las multinacionales petroleras que operan en el país. Como resultado, el gobierno dio por terminados cinco contratos con petroleras, dos de ellos con la estatal brasileña Petrobrás; al tiempo que alcanzó acuerdos con otras ocho, que incluyen a la chilena ENAP, la italiana Agip y las chinas Andes Petroleum y Petroriental y la española Repsol YPF, que representan, de conjunto, el 86% de la actividad petrolera privada del país. Gracias a su independencia política el gobierno ecuatoriano recupera el control de los recursos energéticos y da por finalizada la ignominia de más de cien años de saqueo de los recursos energéticos y la entrega de la soberanía del país a las petroleras extranjeras.
Hasta el último momento era incierto el futuro de Resol YPF en Ecuador, después de que, tras arduos meses de negociaciones, la multinacional española decidiera “tomarle el pelo” al gobierno ecuatoriano y echarse para atrás en los acuerdos alcanzados hasta ese momento. Tal vez acostumbrada a hacer su voluntad allí donde opera. Sin embargo, la respuesta del gobierno ecuatoriano fue contundente. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó ante los medios de comunicación que Repsol debía abandonar el país “porque nos ha hecho perder el tiempo como ocho meses, además de que ha bajado la producción y las inversiones”, además, ese mismo día anunció, que el gobierno empezaría a tomar de inmediato los campos de explotación de Repsol para trasladarlos “a una de las tantas empresas que están ansiosas de invertir en el país”. Y para finalizar, advirtió “que entiendan las compañías trasnacionales: la Banana República se acabó. Aquí las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país”.Tras estas históricas declaraciones, al parecer, Repsol se dio cuenta que no podría salirse esta vez con la suya y decidió ceder a las exigencias del gobierno ecuatoriano. La firma del acuerdo con Repsol se produjo más tarde que los convenios con el resto de petroleras ya que los documentos no estaban listos. Al parecer el propio presidente Correa, recibió la noche antes del fin de plazo a los responsables de la compañía.La actividad de Repsol en Ecuador apenas representa el 2% de la producción total y se sitúa en torno a 60.000 barriles de crudo al día. Aun así, Repsol es uno de los principales inversores extranjeros.Por otra parte, las cuatro empresas que abandonarán el país, con las que no se pudo alcanzar un acuerdo, representan el 14% del bombeo privado del petróleo del país. La firma brasileña, Petrobrás, aceptó ser indemnizada con un plan de pagos, mientras que con la petrolera EDC se estableció un monto para comprar el negocio. La empresa estatal Petroamazonas asumirá las operaciones de las petroleras que abandonan el país. La saliente Petrobrás se comprometió a darle apoyo durante los próximos 30 días para garantizar la producción durante la transición. Las multinacionales salientes no están interesadas en que el cambio afecte la producción debido a que cuando reclamen los valores de sus activos, el gobierno tendrá en cuenta que estén operando perfectamente. Como puede verse, el gobierno ecuatoriano ha dejado todo muy bien atado para evitar cualquier juego sucio que caracteriza a las petroleras.¿En qué consiste el nuevo contrato de las multinacionales con el gobierno ecuatoriano? De acuerdo con el nuevo modelo de contrato, el Estado será el dueño de todo el petróleo que bombean las multinacionales. El país pagará por cada barril extraído una tarifa fija que incorpora una rentabilidad para ellas de en torno al 15%. El Estado pasará del 70% al 82% de beneficios, uno de los más elevados del mundo. Con el nuevo modelo de contratación, el gobierno, además, aseguró inversiones por 1.207 millones de dólares para los próximos años, ya que las petroleras están obligadas a reinvertir parte de sus beneficios en el país. La esencia del nuevo modelo de contrato, reside en que el Estado es el dueño de todo el petróleo que bombean las empresas privadas, a las que paga por cada barril extraído una tarifa fija, por lo cual se quedará con los beneficios extraordinarios de cualquier subida en el precio del crudo. Como declaraba recientemente el presidente Correa, las petroleras serán a partir de ahora simples prestadoras de servicios al Estado, lo cual convierte al Estado en dueño del crudo y en principal beneficiario de su venta. Frente a la pregunta de por qué simplemente no se les retiraron a las petroleras los campos, respondió “Es el nacionalismo heroico. Yo lo haría, pero es torpe. No se requiere que el Estado esté directamente explotando todos los yacimientos, hay discurso a veces un poco simplista de que hay que luchar contra las transnacionales. No se trata necesariamente de enfrentarlas, sino de usarlas y aquí las estamos utilizando para el bien del Ecuador”. Una de las prioridades durante los próximos años para Ecuador será impulsar la gran refinería del Pacífico, construida conjuntamente con Venezuela. El objetivo de este megaproyecto es romper con el círculo perverso por el cual los países del Tercer Mundo, a pesar de ser productores de crudo, tienen que gastar millones en importación de derivados del petróleo por falta de refinerías. Un negocio redondo para las multinacionales energéticas. De esta manera, con la refinería del Pacífico, la explotación de petróleo redundará en beneficios directos de sus derivados y se generará una fuerte industrialización de este sector en el país.Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, extrajo unos 481 000 b/d de crudo entre enero y septiembre de 2010, de los cuales 192 400 b/d fueron explotados por las firmas extranjeras. El petróleo ha sido la principal fuente de entradas del país durante décadas. Un modelo de explotación antimonopolistaEcuador pagará a las multinacionales petroleras una tarifa de 35,95 dólares por barril, una cantidad que es superior al ingreso equivalente actual de 33,22 dólares por barril, debido a las importantes nuevas inversiones que el Gobierno prepara. El acuerdo entre Repsol YPF y el gobierno ecuatoriano contempla un compromiso de inversiones hasta 2018 de 134,3 millones de euros. Con el acuerdo, se amplía en seis años, de 2012 a 2018, el periodo de explotación del Bloque 16 (en el que opera la petrolera española) y se establece un plazo transitorio de un año. En este año de “transición” se negociará entre ambas partes un contrato de prestación de servicios de largo plazo que regulará de manera definitiva las actividades de Repsol en Ecuador. Repsol considera positivo el acuerdo, ya que, al ampliarse el periodo de concesión, aumenta el valor de los activos e inversiones de la compañía. Podemos deducir que su reticencia a firmar el nuevo acuerdo en Ecuador provenía exclusivamente del rechazo a perder los privilegios y enormes beneficios con los que ha operado durante décadas.Todos estos avances en la naturaleza de las relaciones entre las multinacionales petroleras y Ecuador, se producen en el marco de los cambios progresistas que vive el país, que se ven reflejados en la nueva Constitución y las nueva leyes derivadas de la Carta Magna. En junio de este año entró en vigor la nueva ley de hidrocarburos, después de que venciera el plazo estipulado de 30 días sin que la Asamblea Nacional del país adoptara una resolución a favor o en contra de la norma. Un efecto de la oposición de la clase política tradicional, alimentada por intereses extranjeros, que busca paralizar cualquier cambio a favor de los intereses del país. Sin embrago, gracias a la nueva Constitución y al dominio del partido del presidente Correa en las instituciones, la nueva ley de hidrocarburos salió adelante.La nueva ley creó las facilidades necesarias para la renegociación de contratos con las petroleras que operan en el país, básicamente dirigido a un cambio de relación de “participación” a “prestación de servicios”, que devuelve el poder al Estado ecuatoriano sobre al petróleo del país. Por ello la norma no sólo es un instrumento creado para evitar la caída de la producción petrolera, facilitar la renegociación y fijar competencias en la gestión; también -y fundamentalmente- es un instrumento de recuperación y ejercicio de la soberanía del país sobre la explotación de sus recursos naturales.Cómo funcionaban las cosas hasta ahoraSólo se puede observar la verdadera dimensión del cambio que se está produciendo en Ecuador al comprender cómo funcionaba antes de la nueva ley.En Ecuador la actividad petrolera se inicia a principios del siglo XX y estaba localizada en la costa pacífica del país. Hasta ahora, prácticamente toda la actividad petrolera había estado en manos de multinacionales, primero, inglesas y norteamericanas y, después, de otros países. Compañías como Angla Ecuadorian Oilfields Ltda., Leonard Exploration Co., Shell o Texaco Gulf (que en 1967 obtiene una concesión de un millón quinientas mil hectáreas) son algunos nombres habituales en el país. Tras el descubrimiento de grandes reservas por parte de Texaco Gulf, a partir de los años 70, se produce un auténtico regalo de concesiones, que tuvieron como efecto consolidar el dominio absoluto de las compañías extranjeras, ya que consiguen el control de más de cuatro millones de hectáreas. En 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE, que años más tarde se convierte en Petroecuador) que junto a Texaco Gulf inicia la explotación de la Región Oriental del país. En 1973 el Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mejorando la capacidad de negociación del Estado a través de CEPE frente a las compañías extranjeras. Sin embargo, tras 19 años de permanencia en la OPEP, el gobierno de Durán Ballén en 1993 retira al país de ese importante organismo, con graves consecuencias de sometimiento a la presión de las compañías y mercados internacionales. Los últimos gobiernos pretenden la privatización de Petroecuador y de la actividad petrolera.En la década de los 80 cambia la política petrolera y se firman los llamados contratos de servicios, los cuales no producen ninguna utilidad al país, con una mísera rentabilidad del 0% al 15%. En los 90 se cambia a los denominados contratos de participación, en ellos el Estado participa como máximo en el 25% de producción. Por ejemplo, si se descubren reservas por 1000 millones de barriles de petróleo, apenas la cuarta parte (250 millones de barriles) son de Ecuador y las tres cuartas partes se las llevan los contratistas.Como señala Guillaume Fontaine, en el libro “Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. Las reglas de juego.” (2003 disponible en internet), la explotación petrolera en el Ecuador tiene dos épocas: la primera etapa corresponde al periodo 1911-1960, caracterizada por con la modalidad legal de concesión a una compañía extranjera, en este caso, la Anglo. En este tipo de contrato el beneficio directo para el Estado ecuatoriano fue del 1 por ciento, bajo la figura de la concesión y la regalía. El 99 por ciento fue beneficio directo para la empresa Anglo, subsidiaria de la transnacional British Petroleum. La segunda etapa petrolera se inició en 1970, con el descubrimiento del campo Lago Agrio (Lake Acid) en la región amazónica del Aguarico, etapa que se extiende hasta el año 2001 con la construcción de un nuevo oleoducto de crudos pesados con inversión privada, sin participación del Estado. Hasta este año, la industria de hidrocarburos tuvo un periodo de apropiación de una parte del proceso industrial por parte del Estado. Gracias a la creación de la CEPE, antes mencionada, por parte del gobierno nacionalista de Rodríguez Lara, para asumir el manejo industrial en todas sus fases. La característica de esta segunda etapa es que el crudo se encuentra en una región ambientalmente frágil y socialmente compuesta de varios pueblos indígenas. La Región Amazónica Ecuatoriana, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y donde habitan nueve pueblos ancestrales.El impacto de la explotación petrolera sobre esta región ha sido enorme y ha derivado en decenas de conflictos sociales y demandas de los habitantes contra los abusos medioambientales de las petroleras. Por ejemplo, Repsol YPF tiene actividad en el Parque Nacional Yasuní, reserva de la biosfera y hábitat de la etnia huaorani, que forma parte del consorcio que explota el Oleoducto de Crudos Pesados, que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta la costa pacífica y afecta a 11 áreas protegidas. En una propuesta novedosa, el gobierno de Correa está dispuesto a dejar de explotar indefinidamente los 846 millones de barriles de petróleo en el parque Yasuní, donde podrían estar el 20% de sus depósitos de crudo, para contribuir a la lucha contra el cambio climático a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares.En la última década, mediante ocho procesos licitatorios internacionales se entregaron a 16 empresas privadas el manejo de 4 millones de hectáreas en la región amazónica, bajo contratos de participación y prestación de servicios que no superan la modalidad jurídica de la concesión. En estos contratos de participación el país se quedaba con un 12,5% de beneficios máximo, mientras las petroleras se apropiaban del 87,5% de los ingresos. Por si fuera poco, el Estado debía atender las demandas de todo el país, al tiempo que las petroleras ampliaban aún más sus beneficios sin pagar el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, ni hacer inversiones en el territorio nacional. Tal era la situación hasta el inicio de la nueva era abierta por el gobierno del presidente Rafael Correa, por primera vez en beneficio de los intereses nacionales.