Bajo el pomposo título de “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana”, que Junts pel Sí y las Cup pretenden aprobar, se esconde la intención de imponer la independencia a la mayoría social catalana que la rechaza.
El texto de la ley presentada por Junts pel Sí y las CUP consta de 89 artículos y tres disposiciones adicionales, y supone una nueva constitución para Cataluña. Representa en los hechos toda una declaración de independencia.
¿Quién la aprobaría? Los diputados de Junts pel Sí y las CUP, que conviene recordarlo, recibieron el apoyo de menos del 50% de los votos y apenas un 32% del censo en las últimas elecciones autonómicas.
Según el articulado de la ley, el camino hacia una Cataluña independiente se pondría en marcha solo con que el 1-O se registraran más votos del Si que del No. Aunque solo participara un 20% del censo.
Con los números en la mano, que nunca mienten, la realidad de la aprobación de la “ley de transitoriedad” es que una minoría impondría el camino hacia la independencia a la mayoría de los catalanes.
¿Cabe una aberración más antidemocrática?
Las cosas empeoran cuando entramos en el contenido de la ley que pretende ser la nueva constitución de la Cataluña independiente.
De entrada contempla una amnistía total “para todos los condenados por delitos relacionados con la independencia”. Una fórmula que podría aplicarse para salvar a Artur Mas, a la familia Pujol o a todos los implicados en el saqueo del 3%.
Pero además, la “ley de transitoriedad” elimina de un plumazo la división de poderes, pilar de la democracia burguesa dese Montesquieu. El president de la Generalitat no solo acapararía todo el poder ejecutivo, también controlaría el parlamento, y nombraría directamente al presidente del máximo órgano judicial y a la mayoría de sus miembros.
Un diseño equiparable al que defiende el ultrareaccionario partido gobernante en Polonia, representante de la ultraderecha europea.
La “ley de transioriedad” establece además los requisitos para la obtención de la nacionalidad catalana. Sería compatible con la española, pero solo podrían votar y ser funcionarios aquellos ciudadanos que obtuvieran la nacionalidad catalana.
Es decir, en la república catalana que diseña Puigdemont habrían ciudadanos de primera y de segunda, los que no adopten la nacionalidad catalana, y que verían restringidos sus derechos.
Este es el marco antidemocrático sobre los que pretenden construir una república catalana., que otorga todos los poderes a los partidarios de la independencia que controlan la Generalitat y niega los derechos a la mayoría que se enfrenta a la ruptura,