Mientras algunos sectores insisten en que las pensiones son “insostenibles” y que será necesario aplicar nuevos recortes o retrasar la edad de jubilación, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) defiende el blindaje de las pensiones en la Constitución como la mejor defensa del Estado del Bienestar
Una ola de recortes del Estado de Bienestar, impulsada por las políticas trumpistas de rearme, recorre Europa con las pensiones en el centro de los ataques.
En Alemania, el canciller Friedrich Merz ha prometido un “otoño de reformas” con propuestas que van desde elevar la edad de jubilación a los 70 años hasta un impuesto especial a los pensionistas, o recortar suplementos. En Francia, han tenido que aplazar la reforma para subir dos años la edad de jubilación y aumentar el periodo de cotización hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, y en Dinamarca ya se habla de subir de 67 a 69 años la edad de jubilación. La misma Comisión Europea se ha sumado a esta ola con una propuesta para vincular las reformas de las pensiones a los pagos en efectivo de los fondos europeos. Y altos directivos de la Comisión consideran “insostenibles” los sistemas públicos de reparto como el español y pretenden recomendar su sustitución, al menos parcialmente, por planes privados de pensiones. Es la llamada “privatización silenciosa” de las pensiones públicas.
Hablamos con Joanen Cunyat, coportavoz de la plataforma para analizar el momento actual y las amenazas —abiertas o silenciosas— que, según afirma, ponen en riesgo el modelo público.
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¿Es insostenible nuestro sistema público de pensiones? ¿Tienen razón quienes dicen que es un sistema muy caro y que la única salida es aplicar nuevos recortes o retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años o más?
El sistema público de pensiones español es absolutamente sostenible. Lo es tanto como cualquier otra partida del gasto público del Estado. Su continuidad depende exclusivamente de una decisión política, no de una imposibilidad técnica o económica. Resulta curioso que nadie cuestione si es “sostenible” el Ministerio de Defensa, la Casa Real o cualquier otro ministerio, y sin embargo ese mismo enfoque se usa constantemente contra las pensiones, que además son un sistema admirado en nuestro entorno europeo por su solidez y por su capacidad redistributiva.
España es un país con 49 millones de habitantes, la decimocuarta potencia económica del planeta, con un nivel de productividad creciente y un PIB que se ha multiplicado en las últimas décadas. Incluso en periodos de crisis, la economía española ha demostrado una gran resiliencia, y recientemente ha sido una referencia de crecimiento dentro de la Unión Europea. Estos elementos refuerzan la idea de que es un país con suficiente capacidad de generar riqueza para sostener el sistema público de pensiones y, de hecho, para mejorarlo de manera significativa.
No debemos olvidar datos esenciales: el 60% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes, y la mayoría de quienes se encuentran en esta situación son mujeres. Además, tres millones de pensionistas perciben menos de 600 euros. Hablar de recortes, de retrasar la edad de jubilación o de supuesta “insostenibilidad” es ignorar que el sistema ya es, de por sí, un elemento básico de cohesión social.
“El sistema público de pensiones es sostenible y su fortaleza depende de decisiones políticas.”
Cuando se pone sobre la mesa la idea de que el sistema “no se puede pagar”, lo que realmente se está haciendo es justificar políticas que abren la puerta a la privatización, total o parcial. Siempre que aparece el discurso de la insostenibilidad, aparece también la propuesta de sistemas mixtos o de mayor peso de los fondos privados. Incluso desde una perspectiva económica, este argumento no se sostiene: la productividad compensa la reducción de la población activa. Pasó, por ejemplo, con la agricultura en los años 50, cuando la población trabajadora se redujo drásticamente pero la producción aumentó. Lo mismo ocurre ahora: cada trabajador es más productivo y genera más riqueza. La verdadera discusión es qué se hace con esa riqueza y cómo se distribuye.
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¿Se está utilizando la supuesta brecha entre jubilados y jóvenes para generar división social? ¿Es realmente un sistema insolidario?
Sí, se utiliza deliberadamente para dividir. El enfrentamiento generacional es una herramienta muy eficaz para favorecer políticas de privatización. Se intenta enfrentar a jóvenes contra pensionistas, a quienes cobran la pensión máxima contra quienes cobran la mínima, o incluso a las no contributivas frente a las pensiones contributivas. Son divisiones artificiales y peligrosas, porque rompen la lógica solidaria e intergeneracional del sistema.
La realidad es que somos 49 millones de pensionistas, presentes y futuros. La única brecha real no es entre jóvenes y mayores, sino entre una minoría que posee grandes fondos privados —directivos que acumulan fondos de pensiones de decenas de millones de euros— y la inmensa mayoría de la población que forma parte del sistema público. El sistema público de pensiones es solidario, interterritorial e intergeneracional. Precisamente esa naturaleza es lo que algunos intereses privados buscan debilitar.
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¿Estamos ante una contrarreforma de las pensiones?
Sí, estamos viviendo un momento internacional de recortes o de cuestionamiento del sistema público de pensiones. Esto ocurre en varios países europeos, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Son tiempos de turbulencias económicas y de disputas entre modelos que ponen en riesgo derechos sociales construidos durante décadas. Frente al valor universal que la ciudadanía otorga al sistema público de pensiones, existen intereses que buscan deteriorarlo, desprestigiarlo o reducirlo para que la privatización —total o parcial— parezca inevitable.
Lo más preocupante es el método: una reforma silenciosa, una serie de cambios pequeños pero constantes, como un “sirimiri” que cala sin que uno se dé cuenta. La forma paulatina en la que pueden producirse estos recortes exige una respuesta clara y contundente: blindar las pensiones en la Constitución, prohibir su privatización y garantizar la protección del poder adquisitivo.
“La brecha real no es generacional, sino entre fondos privados millonarios y la mayoría social”
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¿Por qué es ahora más urgente que nunca la propuesta de la MERP de blindar las pensiones?
Porque estamos en un momento especialmente sensible. Los ataques, directos o indirectos, al sistema público aumentan en periodos de incertidumbre económica. Blindarlo constitucionalmente permitiría frenar de raíz cualquier intento de deterioro o privatización, sea abierta o encubierta.
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Desde algunos sectores se afirma que el blindaje es innecesario porque las pensiones ya están protegidas en la Constitución. ¿Qué responde a esta crítica?
Es falso que estén blindadas. La Constitución importa y lo que protege explícitamente tiene una relevancia jurídica enorme. Las pensiones están incluidas como “principios rectores”, no como derechos exigibles. Esto significa que los poderes públicos deben tenerlos en cuenta, pero no pueden ser obligados judicialmente si los vulneran.
Por eso es necesario cambiarlos de categoría constitucional y convertirlos en un derecho protegido. Además, el artículo 50 no menciona el carácter público de las pensiones, ni prohíbe su privatización, ni garantiza que mantengan el poder adquisitivo. Dice que deben “actualizarse”, pero actualizar no significa necesariamente subir; podría incluso justificar bajadas, como ya hemos visto.
“Blindar las pensiones en la Constitución es clave para impedir recortes y privatizaciones”
La reforma constitucional debe: Prohibir expresamente su privatización. Garantizar que nunca pierdan poder adquisitivo. Reconocer su naturaleza como derecho y como sistema público.
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Hay quienes dicen que blindarlas sería inconstitucional porque limitaría a futuros gobiernos. ¿Es así?
No. Es un argumento equivocado. Sería como decir que un gobierno podría restablecer la pena de muerte aunque la Constitución la prohíba. La Constitución fija límites. Blindar las pensiones simplemente establece un límite más: impedir que un gobierno privatice un pilar del Estado de bienestar.
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¿Exagera la MERP cuando habla del riesgo de privatización del sistema público? Algunos afirman que “nadie quiere privatizarlo”.
Los hechos son incontestables. El espacio que ocupan las pensiones públicas está siendo sustituido por otras fórmulas, privadas o mixtas. Se puede discutir la intencionalidad, pero no los hechos. Además el problema es lo que ocurre siempre cuando llega una crisis del tipo que sea. Sabemos que en momentos de turbulencias económicas las pensiones son un mercado muy atractivo para grandes fondos y empresas. España es un mercado casi virgen para los fondos privados, que ya están avanzando a través de los planes de empresa.
Es legítimo que exista iniciativa privada, pero es imprescindible que el Estado impida que esos intereses deterioren el sistema público para obligar a la población a recurrir a lo privado. Siempre ponemos un ejemplo: es legítimo vender oxígeno, pero no contaminar el aire para que la gente tenga que comprarlo. Lo mismo ocurre con el sistema público de pensiones: hay que impedir que lo deterioren para justificar su privatización.
“Las reformas silenciosas amenazan el modelo público; protegerlo requiere acción ciudadana”
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¿Tiene la MERP prevista alguna campaña o iniciativa nueva?
Sí. Estamos organizando un gran debate en el Congreso de los Diputados con los portavoces del Pacto de Toledo, que tendrá lugar en febrero. Además, hemos iniciado una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios —excepto Vox, con quien no mantenemos relaciones debido a su defensa explícita de la privatización— para pedir que incluyan el blindaje constitucional en sus programas electorales y que se comprometan a apoyarlo en el Congreso.