En los primeros días de febrero, las calles de Haití han estallado de ira contra el reaccionario y corrupto gobierno de Jovenel Moïse, sostenido desde EEUU y las grandes potencias occidentales e impulsor de todo tipo de políticas antipopulares recetadas desde el FMI. La huelga general -convocada por la oposición y los sindicatos- y las protestas, con un amplio seguimiento, han paralizado durante dos días el país y han sido reprimidas como en los últimos años con el Ejército, causando varias víctimas mortales.
Hablar de Haití es hablar del país más pobre no ya de todo el continente americano, sino de todo el hemisferio occidental. Una década después del devastador terremoto que causó más de 315.000 muertos, el 70% de su población sigue en la pobreza, con ingresos anuales per cápita (unos 800 dólares) que son menores que el salario mínimo mensual de varios países de su entorno.
Pero el factor que determina la extrema miseria del pueblo haitiano no es geológico, sino político. Los presidentes que han intentado desafiar los dictados de Washington han sido rápidamente removidos de su cargo por los militares, tal y como le pasó al presidente -y sacerdote de la Teología de la Liberación- Jean-Bertrand Aristide, depuesto en 1991 por un golpe made in USA. Desde entonces, todos los gobiernos se han cuidado de seguir al pie de la letra las recetas y los ajustes mandados desde el FMI, el Banco Mundial o la OEA.
El último de esta saga de sátrapas cipayos es el empresario Jovenel Moïse, que además de continuar con las políticas empobrecedoras y antipopulares de sus antecesores y de haber reprimido duramente las protestas en los últimos años (como las de 2018, con medio centenar de muertos), está decidido a alargar fraudulentamente su mandato, que ha vencido el pasado 8 de febrero. Pero usando una treta legal, y gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y sobre todo de EEUU, Moïse piensa aguantar hasta 2022, y reformar la Constitución.
Con el argumento de que las protestas son un «golpe de Estado» de la oposición, el gobierno de Moïse aplazó sin fecha las elecciones legislativas previstas para 2019, clausurando el Parlamento (bicameral) en enero de 2020. Desde entonces gobierna por decreto contra una población harta de la miseria y de la extrema violencia de unas bandas criminales que muchos no dudan en vincular al propio gobierno.
Si todo esto ocurriera en Venezuela, llenaría semanas de tertulias e informativos. Pero Moïse, que ha contado estos últimos años con el aval de la administración Trump, acaba de recibir el respaldo expreso del Gobierno de Joe Biden, que reconoce su mandato hasta 2022. También el de la OEA, el de Francia, Canadá y el resto de la UE.