Eso es lo que está en juego en la negociación de los fondos europeos en Bruselas y de los presupuestos en Madrid, en las negociaciones entre los sindicatos y la patronal o en el debate sobre la reforma de las pensiones. Y eso es lo que está detrás de la crispación política que tiene en vilo al país.
Los centros de los grandes poderes dominantes de dentro y fuera del país, y las fuerzas políticas de la derecha que les representan, intentan poner límites y marcar las políticas del gobierno de coalición para eliminar todas aquellas medidas establecidas bajo la influencia de la mayoría social progresista que votaron los españoles: desde las subidas de impuestos a las tecnológicas, bancos y monopolios, a la derogación de las reformas laborales o seguir mejorando las pensiones.
En última instancia todo se concentra en si esta crisis la vamos a pagar los mismos que hemos pagado la anterior, mientras el gran capital oligárquico y extranjero dan otra vuelta de tuerca al saqueo del país y la población descargando sobre nosotros las pérdidas de la pandemia.
Sindicatos y otros colectivos como “Economistas frente a la crisis” ven “insuficientes” las propuestas y consideran necesario políticas de “estímulo” que tiren ya mismo de la economía.
Para UGT, las medidas fiscales son “positivas pero insuficientes”, critica que “se elude afrontar una reforma fiscal extensa”, y pide que en los Presupuestos se incluya un “potente plan de estímulos directos e inmediatos” que, como ha propuesto también Antonio González, vicepresidente de “Economistas frente la crisis”, convierta al consumo en un motor de la recuperación económica, extendiendo la red de protección social y evitando el aumento de situaciones de pobreza.
Según “Economistas” no podemos esperar mientras llegan unas ayudas europeas que no estarán hasta la segunda mitad del 2021. Por eso proponen medidas sociales que suban las rentas familiares y que se conviertan en “consumo inmediato”. Por ejemplo, un subsidio durante nueve meses para los 1,6 millones de desempleados y autónomos que no pueden abrir sus negocios inyectaría en la economía 6.000 millones de euros.
Además piden al gobierno que trabaje en un plan de “consolidación fiscal” para aprobar medidas impositivas y que contribuyan más las rentas más altas y grandes patrimonios. Entre otras un impuesto a las grandes fortunas para movilizar los ingentes recursos económicos que tienen en gran parte en “estado de parálisis”.
No puede haber una salida a esta nueva crisis económica que beneficie a la inmensa mayoría de la población y no a una ínfima minoría de grandes capitalistas si no es con políticas que hagan avanzar una redistribución de la riqueza más justa.
Elevar los salarios y rentas de la población, de los trabajadores, muy especialmente de las mujeres, los jóvenes y los sectores esenciales como la sanidad, la educación pero también la limpieza o los cuidados del hogar, de las familias, de los pensionistas, los autónomos, pequeños y medianos empresarios…, garantizando sueldos dignos, revalorizando las pensiones y ayudas suficientes para mantener los ERE y contra el cierre de sus negocios… No es solo un acto de justicia social, es poner en marcha un poderoso motor de recuperación de la economía.
Banqueros, monopolistas y capital extranjero, grandes fortunas del país claman que no se les suban los impuestos “por la pandemia”; al contrario que sea el Estado el que se endeude y suba los impuestos como el IVA que pagamos todos… Pero no dicen nada de los más de 164.000 millones de euros que el conjunto de grandes bancos y empresas del Ibex-35 ganaron en los cinco años anteriores a la pandemia. Como dice la jefa del Santander: “Los bancos tenemos suficiente colchón de capital para repartir los dividendos”. ¿Y no para contribuir a la Hacienda común? Claro que tampoco pueden los monopolios tecnológicos que están haciendo su agosto en la pandemia con Internet y la plataformas digitales, ni las multinacionales como Inditex que ya gana 240 millones de euros en un trimestre, ni las eléctricas o las grandes empresas de alimentación…
Necesitamos un plan fiscal a corto y medio plazo para movilizar los ingentes recursos apalancados por bancos, monopolios y grandes fortunas para que contribuyan con recursos nacionales a la recuperación del país reduciendo el endeudamiento. Apoyando las medidas del gobierno que van en este sentido, como la tasa Google o las leyes contra la evasión fiscal.
Solo con medidas redistributivas de la riqueza es posible salir de esta crisis sin ahondar aún más el empobrecimiento de las clases populares, sentar las bases para dar un salto en la modernización e industrialización del país asentado en las nuevas energías y evitar encadenar el futuro de las nuevas generaciones a una pesada montaña de deuda.