¿Una ley de huelga? Por supuesto: hace falta una, y con urgencia. Cada año que pasa es más necesaria, pues tienen razón el presidente del gobierno, la alcaldesa de Madrid o el presidente de la patronal: cada vez más ciudadanos ven afectados sus derechos esenciales por no tener una ley que los ampare, y la falta de legislación permite los abusos y las prácticas salvajes. Hace falta una ley de huelga que garantice derechos, acabe con los abusos y ponga a cada uno en su sitio.
Sí, no me miren así, hablo en serio. En la última huelga general, por ejemplo, hubo millones de ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución: el derecho a la huelga. Ya les habría gustado tener una ley que los amparase, que garantizase su derecho, que les permitiese hacer huelga sin miedo a ser despedidos al día siguiente, sin coacción empresarial.
En cuanto a los abusos, están a la vista de todos: el piquete más activo en toda huelga siempre es el piquete patronal. Los reventadores no son los que ponen silicona en las cerraduras o bloquean la salida de autobuses en las cocheras, sino los jefes que pasan lista el día antes y preguntan a los trabajadores quién piensa hacer huelga, y toman nota.
Hace falta una ley de huelga, sí: una que proteja a quienes más dificultades tienen para ejercer su derecho, aquellos para quienes la precariedad es un servicio mínimo insalvable. Una ley para que las autoridades, policía incluida, persigan a los empresarios revientahuelgas con la misma contundencia que emplean contra los piquetes.
Y lo mismo podríamos decir de los servicios mínimos: el incumplimiento sistemático no es de los trabajadores, sino de los gobernantes que una y otra vez interpretan el vacío legan a su antojo y fijan mínimos abusivos, incluso en servicios que no tienen nada de esenciales. Mínimos que se repiten huelga tras huelga, aunque la justicia dé la razón a los trabajadores a toro pasado.
Lo de los “servicios mínimos” es un invento muy español, ajeno a otros países donde sí está regulado el derecho a la huelga, y que aquí se interpreta arbitrariamente. Encima suele servir para otros abusos habituales: la guerra de cifras, el habitual porcentaje pequeño y con decimales con que las autoridades minusvaloran el éxito de toda huelga; y la fabricación de una imagen de “normalidad”, que rompa la excepcionalidad que conlleva toda huelga.
En cuanto a prácticas salvajes, una ley de huelga debería poner coto a una cada vez más frecuente: el esquirolaje, al que tantas empresas recurren mediante subcontratación, externalización de tareas afectadas, o llevando la producción a otros centros. Una ley de huelga debería impedir que una alcaldesa chantajee a los trabajadores amenazando con recurrir a otra empresa; o que una concesionaria de un servicio como la lavandería hospitalaria de Madrid pueda llevarse el trabajo a otras instalaciones para anular la protesta de sus trabajadores, y así no les quede más remedio que aceptar salarios de miseria.
Claro que hace falta una ley de huelga contundente. Igual que necesitamos una ley de seguridad ciudadana, pero una que merezca ese nombre, que haga sentir más seguros a los ciudadanos: una ley que nos proteja en nuestro derecho de reunión y manifestación, para que no seamos acosados y golpeados, infiltrados por policías reventadores, identificados arbitrariamente, sancionados abusivamente. Para que alguien pueda ir a una manifestación sin arriesgarse a volver tuerto a casa.
Pero claro, si la ley de seguridad ciudadana se la encargan a un antidisturbios, imagino que la ley de huelga la pondrán en manos de algún jefe de recursos humanos experto en reventar huelgas, o incluso a algún dirigente patronal que ayer celebraba el anuncio de Rajoy.