Un nutrido número de más de 200 agentes de la Policía Nacional, usando ilegalmente fondos y recursos públicos, y siguiendo las órdenes y orientaciones del ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, del entonces secretario de Estado de Seguridad (número dos de Interior) Francisco Martínez, -y presuntamente del entonces exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aunque han sido apartado por el momento de la investigación-, espiaron los movimientos de al menos 69 diputados de Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como acredita la documentación remitida por el propio Cuerpo al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
Son miles de ficheros -hasta 6.903 búsquedas con los programas de la Policía- que sobre los movimientos de los diputados hicieron funcionarios de la seguridad del Estado, sin ningún tipo de autorización, control o supervisión judicial. Algo flagrantemente ilegal tratándose de cualquier ciudadano que no haya cometido delito alguno, pero aún más escandaloso tratándose de diputados electos, y por tanto aforados.
El espionaje a Podemos no es un caso aislado, forma parte de una guerra sucia del gobierno de Rajoy que tiene otros dos vértices que también están siendo investigados por la Justicia: la operación Catalunya contra el procesismo y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial de la caja B del PP.
Contra estos corruptos hechos Podemos ha presentado una querella delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental, así como por malversación y por delito contra las instituciones del Estado.
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Tres episodios del escándalo
A partir de los mensajes incautados en el caso Kitchen al ex número dos de Interior. Francisco Martínez, así como por grabaciones y documentos de otras investigaciones, se ha podido reconstruir al menos tres episodios de esta guerra sucia contra Podemos
1. Búsqueda ilegal de información comprometedora contra Podemos, que comienza en 2015.
El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez, que le ordena que persista.
2. Fabricación de bulos sobre la financiación ilegal de Podemos, el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima).
En el dosier, sin sello ni firma policial, se lanzaban acusaciones sin concretar sobre la financiación de Podemos que, según delatan las conversaciones de whatsapp del número dos de Interior entonces, fue obra de la brigada política, y contó con la colaboración de conocidos personajes de la cloaca mediática de la ultraderecha, como Eduardo Inda de OKdiario.
Por ejemplo, el excomisaro Emilio Baos concedió la residencia en España a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en una banco de Granadinas, en el Caribe. Una cuenta falsa luego publicada en OKDiario.
3. Viajes a Nueva York para buscar vínculos con Venezuela. Uno de los mandos de la ‘policía patriótica’, Ángel Fuentes Gago, viajó a Nueva York para reunirse con el ex ministro venezolano Rafael Isea, disidente del chavismo, para que éste le ayudara encontrar vínculos entre la Venezuela de Chávez y Podemos. De sus supuestos hallazgos dieron cuenta varios medios de comunicación españoles, como ABC.
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Un escándalo mayúsculo
Se trata de un escándalo superlativo, de uno de los mayores atentados contra la democracia en nuestro país.
La ‘guerra sucia’ contra Podemos, desplegada a través de la llamada ‘policía patriótica’ que no respondía a instrucción judicial alguna, y que espiaba ilegalmente a adversarios políticos con el objetivo de reunir información sensible, para luego difamarlos y derribarlos, es una práctica propia de las cloacas de cualquier Estado, especialmente de los regímenes más autocráticos y dictatoriales.
La Justicia debe investigar con luz y taquígrafos hasta el último rincón de este intolerable escándalo. Sus responsables políticos, trabajaran en Moncloa, en Génova o en el Ministerio del Interior, así como los mandos policiales deben ir a la cárcel por largos años. Y todos los agentes implicados deben cuanto mínimo perder su empleo y ser inhabilitados para la función pública