Todas las contradicciones que latían entre la línea que representa Pablo Casado y la que encarna Isabel Díaz Ayuso han saltado por los aires, abriendo en canal una batalla en el PP que es completamente antagónica. Sólo va a poder resolverse con la aniquilación política de uno de los dos extremos… o incluso con el hundimiento de los dos.
Estamos ante la mayor crisis en la historia del Partido Popular, un partido clave para el régimen político con el que la oligarquía y el hegemonismo vienen dominando nuestro país. Un cisma que no se puede explicar sólo, ni principalmente, desde las rivalidades personalistas ni las pugnas de liderazgo en el Partido Popular, sino desde los intereses y proyectos de las clases dominantes y los problemas que las líneas de Casado y Ayuso han producido y generan.
.
Contratos irregulares y agencias de detectives
Para que exista una voladura como la que estamos asistiendo, tienen que haber dos componentes. Un material explosivo y un detonante.
La dinamita de esta guerra interna del PP es el contrato, que adjudicó a dedo la Comunidad de Madrid, y por el que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso cobró -según el propio Pablo Casado en la COPE- 286.000 euros. Tal escándalo -potencialmente devastador para la Puerta del Sol- ya llevaba latiendo desde hacía meses. Los intentos de la oposición en la Asamblea de Madrid de sacarlo a relucir fueron placados por el PP madrileño, pero también desde Génova han intentado, durante meses, ponerle sordina y utilizarlo de forma interna como elemento de presión -o chantaje- contra Ayuso.
Pero el detonante de esta explosión que abre en canal al Partido Popular, en realidad, parece haberlo suministrado el propio entorno de Ayuso. Parece haber sido Miguel Ángel Rodríguez (MAR), máximo ‘consigliere’ de la presidenta madrileña, el que suministró la noticia del espionaje por parte de Génova a El Mundo y el Confidencial, que abrían la Caja de Pandora.
En el momento más crítico de la pandemia, y aprovechando las disposiciones del Estado de Alarma -normalmente la administración no puede pagar más de 15.000 euros sin un concurso público- la Comunidad de Madrid pagó un millón y medio de euros por 250.000 mascarillas a un empresario sin experiencia conocida en el sector. Se trata de Daniel Alcázar, propietario de Priviet Sportive, y amigo de la infancia de Isabel y Tomás Díaz Ayuso. Algunos medios sugieren que se trataría de un testaferro del hermano de la presidenta.
Este contrato irregular, y sobre todo la sospecha de la «mordida» del hermano de Ayuso, comenzó a levantar revuelo entre la prensa en otoño de 2021. Y fue esgrimida en una tensa reunión en el despacho de Pablo Casado, entre el presidente del PP e Isabel Díaz Ayuso. La reunión, convocada inicialmente acerca del Congreso del PP madrileño, acabó girando en torno a este caso de presunta corrupción. En medio de una pugna por el liderazgo de Madrid que ya llevaba tiempo gestándose, y que había subido de tono tras la aplastante victoria de Ayuso en las elecciones madrileñas, Génova enseñaba su «proyecto Islero» a Díaz Ayuso.
Pero ésta, lejos de arredrarse, continuó actuando y aireando sus intenciones de convocar cuanto antes el Congreso del PP madrileño y hacerse con su control, enfrentándose públicamente a la dirección de Génova. Sin embargo, a finales de diciembre Mañueco -instigado desde la estrategia marcada por García Egea- convocó por sorpresa elecciones en Castilla y León y ambos contendientes aparcaron las hostilidades para dar apariencia de unidad.
Pero antes, en noviembre, según publican El Mundo y El Confidencial, los fontaneros de Génova -parece ser que Ángel Carromero, director general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid y estrecho colaborador de Martínez Almeida- decidieron ir un poco más allá y contrataron a una empresa de detectives para investigar al hermano de Ayuso.
Un exministro de Mariano Rajoy se enteró y se lo contó a la presidenta madrileña. El entorno de Ayuso -en concreto su máximo asesor, Miguel Ángel Rodríguez- ha pasado a la ofensiva sirviendo a El Mundo y El Confidencial la noticia de los espías, en la esperanza de que un caso de espionaje interno a lo Watergate, que sitúa como víctima a Ayuso, eclipse uno de corrupción.
La contradicción es antagónica y ha llegado a un punto de no retorno. Sólo puede quedar uno, o quedar aniquilados los dos.
División en canal en la derecha
Viendo los titulares y editoriales de los principales medios de comunicación (especialmente los más vinculados a los grupos mediáticos y oligárquicos que respaldan al PP, y que tienen predicamento entre sus bases y votantes), podemos hacernos una primera idea de la correlación de fuerzas inicial, en una batalla de incierto final y que no ha hecho sino comenzar.
El Mundo, uno de los dos medios que han detonado la «guerra», se pone inequívocamente de parte de Ayuso, pidiendo la dimisión de Casado, García Egea, y de toda la dirección nacional del PP. En un editorial durísimo contra Casado, lo centran todo en el chantaje «al mejor activo» del PP. En la misma dirección se expresaba esRadio de Federico Jiménez Losantos.
ABC habla de «Guerra civil» en el Partido Popular. Aunque de forma menos radical que El Mundo, también se pone de parte de Ayuso. No pide la cabeza de Casado, pero sí la de García Egea. Al igual que El Mundo, no da credibilidad alguna a las acusaciones de corrupción contra Ayuso. En una línea similar al ABC se expresa El Confidencial, -otra de las plataformas origen de este estallido- que titula «los barones populares exigen la cabeza de García Egea para salvar a Casado y frenar a Ayuso»
La Razón, en cambio parece mantener una posición conciliante entre ambos. Pide a ambos que bajen el tono y que la investigación a Ayuso se haga desde la “buena fe”. Medios como la Cadena Cope -que ha hecho una entrevista a Casado- o El Español sin embargo parecen ponerse de parte de Casado, centrando sus titulares en la presunta corrupción de Ayuso.
La contradicción es antagónica y ha llegado a un punto de no retorno. Sólo puede quedar uno, o quedar aniquilados los dos. Si la batalla la acaba ganando la dirección de Casado, Ayuso seguramente quedaría expulsada del PP y -dependiendo de los posibles hechos delictivos que revele la investigación judicial, del contrato irregular, ya en manos de la fiscalía- podría aventurarse a crear una nueva plataforma política que haría el mapa político de la derecha aún más complejo. Sin embargo, es difícil pensar en un escenario donde la actual dirección del Partido Popular salga airosa de esta crisis, con el partido abierto en canal y una gran parte de los barones exigiendo responsabilidades a Génova por el espionaje interno.