(…) La crisis política que se vive en el parlamento griego no es más que una consecuencia del hartazgo de una población obligada a cargar con los costos de la irresponsabilidad y la corrupción de sus autoridades y de las sucesivas turbulencias financieras, tanto exógenas como endógenas: eliminación de empleos, congelamientos salariales, afectación de los programas agrarios, alimentarios, de salud, de vivienda, de educación y de cultura. Así, la incapacidad de la clase política por conformar una mayoría parlamentaria y la consecuente necesidad de convocar a nuevos comicios equivale a una forma de desahogo social de los griegos frente a sus representantes y autoridades.
Es inevitable contrastar, el caso de Grecia con el de España, país este último en el que el curso de zozobra económica no luce tan pronunciado como el de la nación helénica, pero cuya población enfrenta un panorama igualmente o más desolador (…)
Así, en forma paradójica, la aparente solidez de la institucionalidad política española en comparación con la griega puede derivar en un factor de debilidad: mientras el descontento, la inconformidad y el caos que se viven en las calles de Grecia se han expresado en la imposibilidad de construir una mayoría parlamentaria en ese país, las muestras de indignación que han proliferado en meses recientes en España no parecen disponer de cauce institucional alguno para manifestarse, y ello coloca a la nación peninsular en el riesgo de una desestabilización política vasta e indeseable.