Mientras se frotan las manos ante las revelaciones del escándalo de Santos Cerdán y afilan las navajas en su cerco y derribo al gobierno de Sánchez, en Génova 13 observan como un caso sigue prosperando en los tribunales, abriendo una via de agua que puede hacer zozobrar la trayectoria de una de sus figuras emergentes -la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- enturbiando el camino de retorno del PP a la Moncloa.
Después de que la jueza haya ordenado a la unidad de élite de la Guardia Civil -la misma UCO que investiga a Santos Cerdán- realizar pesquisas sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y sus presuntos pagos ilícitos a ejecutivos de Quirón, la multinacional de la sanidad privada, el cerco judicial se estrecha.
En el auto la jueza Inmaculada Iglesias afirma que “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”, encarga a la UCO “que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias” para indagar en las operaciones que mantienen imputado al empresario por corrupción en los negocios y administración desleal. La magistrada ve indicios de que los presuntos implicados -González Amador, Fernando Camino, ejecutivo de Quirón, y su esposa- hayan “transformado” o “disimulado” las ganancias “para ocultar el origen ilícito”, lo que apunta ya a un posible blanqueo de capitales, delito que por ahora no se investigaba.
Tanto la Fiscalía como la jueza aprecian indicios de que la pareja de Ayuso, González Amador, haya pagado medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada, que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año.
Esa supuesta comisión -por conseguir dichos contratos públicos para la multinacional- habría sido abonada mediante el subterfugio de que González Amador compraba por medio millón de euros la empresa de la mujer de Camino, Gloria Carrasco. Una sociedad cuya facturación el último ejercicio ni siquiera llegaba a los 30.000 euros, y que carecía de patrimonio o trabajadores (todo indica que se trata de una empresa pantalla).
Carrasco ha negado que la venta de esta sociedad a González Amador fuese una comisión y ha asegurado que aceptó la transacción porque le pareció una oferta razonable. Pero la jueza no le he creído, la ha declarado investigada y habla ya de una presunta “trama delictiva compleja”, solicitando a la UCO que investigue hechos que se corresponden con los delitos de organización criminal y de blanqueo de capitales.
El trayecto judicial de este caso apenas ha comenzado. Todo parece indicar que tiene recorrido.