En la escena política española se abre paso cada vez con más fuerza la alternativa de que se blinden las pensiones en la Constitución.
Desde De Verdad Digital llevamos seis años defendiendo esta alternativa y apoyando a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP).En poco más de tres años y medio, la MERP -que se presentó públicamente en abril de 2013 con el apoyo de diferentes organizaciones y más de cien personalidades de la cultura, la política, la ciencia y la economía- ha recogido la firma de más de 700.000 personas por el blindaje constitucional de las pensiones, que se han presentado ante la Defensora del Pueblo y los “defensores del pueblo” de las diferentes comunidades autónomas.
Ha realizado centenares de actos en plazas y centros de las principales ciudades de España, con participación de personalidades y representantes de las 175 organizaciones que integran ya la Mesa Pro-Referéndum, como: USO, Por un Mundo +Justo, PACMA, Mundo Rural Cristiano, Movimiento de Jubilados Indignados, Bloque Aragonés, SAIN, ATTAC, UCE, Recortes Cero, asociaciones de pensionistas y Iaioflautas, de vecinos y ONGs entre otras muchas.
Publicado varios manifiestos en el diario El País exigiendo el blindaje de las pensiones firmados por varios miles de personalidades y profesionales de todos los sectores, activistas sociales y políticos, mujeres y hombres de todas las clases populares, como el pintor Antonio López, el ex-secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, el escritor Juan Goytisolo, los directores Fermín Cabal y Miguel Hermoso, el cantante Luis Eduardo Aute o los actores Amparo Baró, Manuel Galiana o Laura Valenzuela..
Y ahora una catarata de mociones presentadas en ayuntamientos de toda España.
Por primera vez desde la transición democrática decenas de ayuntamientos empiezan a pronunciarse a favor de blindar constitucionalmente las pensiones, llamando al Gobierno y al Congreso de Diputados a poner en marcha una reforma constitucional que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones; y al mismo tiempo garantizar, como obligación constitucional, el mantenimiento de su poder adquisitivo.
En todos los casos con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas presentes en los ayuntamientos (como en el caso de Zaragoza, aprobada con el apoyo de PSOE, Zaragoza en Común, Ciudadanos y Chunta Aragonesista, excepto el PP), demostrando en los hechos cómo blindar las pensiones es una alternativa capaz de unir a todos los que estamos por preservar, defender y mejorar el sistema público de pensiones frente a los recortes y la privatización.
¿Es esta una batalla de resistencia o una batalla para ganarla?
Las pensiones son un problema especialmente sensible que afecta de forma directa al 90% de la población, a todas las clases populares y sectores sociales. Desde el inicio de la crisis, los 110.000 millones de euros que maneja el sistema público de pensiones han estado en el centro de los objetivos de los grandes centros de poder internacionales y la banca. Y vienen a por ellas.
Hay dos caminos para afrontar esta batalla.
Uno plantea una lucha de resistencia. Concentrando el debate y los esfuerzos en las diferentes alternativas sobre la sostenibilidad o no del sistema, sobre los ingresos o si hay que sacar una parte de ellas fuera de la Seguridad Social para financiarlas… Un camino que no impide que la espada de los recortes siga amenazando las pensiones.
Otro dar la batalla para ganarla.
¿Qué es ganar? Ganar es que se blinden constitucionalmente para que el carácter público y su poder adquisitivo sean un derecho que sólo dependan de la Carta Magna, al margen de cualquier imposición exterior, del debate político o diferencia ideológica y que, por imperativo constitucional, ningún gobierno pueda recortarlas, privatizarlas o mermar su poder adquisitivo.
Este es el camino y la batalla. Extender y multiplicar los pronunciamientos que, como nuevos “alcaldes de Móstoles”, están siendo la aprobación de las mociones por el blindaje constitucional de las pensiones en todos los rincones del país. Convertirnos cada ciudadano, organización o movimiento en un “alcalde de Móstoles”, recogiendo miles de firmas de apoyo y promoviendo actividades, para que esta exigencia sea un clamor general.
Todo va a depender de que se mantengan la línea con la que hemos llegado hasta aquí.