En siete jornadas consecutivas de huelga general y protestas, con más de 3,5 millones de personas en las manifestaciones, el seguimiento más masivo de la última década, las clases populares francesas han puesto contra las cuerdas a Emmanuelle Macron y a su reforma del sistema de pensiones, que -entre otros ataques- pretende elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Incluso para Francia, un país que periódicamente estalla en grandes protestas sociales, el presente maremoto de movilizaciones multitudinarias está batiendo récords. De la mano de las principales centrales sindicales, de los partidos de izquierdas, y de un sinfín de organizaciones sociales, las grandes ciudades del país se han visto desbordadas por 3,5 millones de huelguistas y manifestantes.
Un tercio de los funcionarios ha secundado los paros, y los piquetes han logrado bloquear, paralizar o interrumpir seriamente tanto las refinerías, como las carreteras y las universidades, y el tráfico ferroviario nacional y los transportes de la Región de París han sufrido fuertes perturbaciones.
«Todos los jubilados se verán afectados por el aplazamiento de la edad de jubilación a los 64 años y las 43 anualidades para tener una pensión completa. Todos tendrán que trabajar más tiempo y las personas mayores permanecerán desempleadas o con ingresos sociales por más tiempo, ya que la mayoría de las personas mayores ya no están trabajando cuando se jubilan. Esta reforma es injusta y brutal para todos, ya sean empleados del sector privado, el público, una pequeña o una gran empresa», ha declarado el sindicato CGT, una de las principales centrales de trabajadores francesas, y una de las organizaciones convocantes de los paros.
Siguiendo su conocida estrategia de atrincherarse, el Elíseo mantiene su empeño de imponer su denostada reforma de las pensiones. La ley sube la edad de jubilación desde los 62 años actuales, hasta los 64 en 2030, para lo cual se irá aumentando en tres meses al año, a partir del 1 de septiembre de 2023. Además, Macron impone el incremento del período de cotización, desde 42 años actuales a 43 años en 2027 (o 172 trimestres) para cobrar el 100% de la pensión, a razón de un trimestre adicional por año (hasta ahora, la ampliación estaba prevista para 2035). Por último, el gobierno del enarca ha decretado la eliminación de regímenes especiales de jubilación del que se beneficiaban importantes sectores de trabajadores públicos.
Pero semanas enteras de huelgas -que se van a mantener- tienen un enorme coste económico y político para un gobierno como el de Macron, que ganó las elecciones presidenciales de 2022 en dura pugna con la ultraderecha y con la izquierda con apenas un 27% de los votos en primera vuelta (un 20% del censo), y que poco después, en las elecciones legislativas, se encontró con una Asamblea Nacional virtualmente ingobernable, con fuerte avance de la Francia Insumisa de Jean Luc Melenchón.
Todas las encuestas y sondeos muestran que 7 de cada 10 franceses están frontalmente en contra de la reforma de las pensiones de un Macron cuyas antipopulares políticas se enfrentan cada pocos meses a sucesivas y masivas oleadas de protestas. El pulso sigue abierto, pero el polvorín popular francés tiene aún mucha pólvora que quemar.