De nuevo la Francia insumisa, la de las huelgas masivas, la de las protestas enérgicas, la catalizadora del enorme malestar que desde hace ya muchos años recorre a las clases populares del país, contra los continuos ataques antipopulares de los gobiernos de Emmanuel Macron.
El jueves 18 de septiembre, Francia volvía a la huelga, justo una semana después de otra jornada de intensas movilizaciones que al grito de “bloqueemos todo” acompañó la caída del ex primer ministro, François Bayrou, que perdió estrepitosamente la moción de confianza a la que se había sometido para aprobar el brutal y masivo plan de recortes sociales -de más de 44.000 millones de euros- que Macron quiere aplicar a Francia para aliviar el alto endeudamiento de las cuentas públicas.
La huelga del 18 de septiembre ha sido una especie de protesta preventiva -o de bienvenida- al sucesor del depuesto Bayrou, el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, muy cercano a Macron, y que a pesar de que prometió ”una ruptura de forma y de fondo” con su predecesor, mantiene un silencio cómplice ante las insistentes preguntas -de la prensa y los sindicalistas- de si piensa mantener la hoja de ruta de ajustes y recortes sociales, que en última instancia emana del propio Eliseo.
La huelga y las manifestaciones -celebradas en todas las principales capitales francesas- han sido convocadas de manera unitaria por las ocho principales centrales sindicales galas, a diferencia de la del día 10, que tuvo un origen difuso y se propagó con el lema “bloqueemos todo” por las redes sociales. Y ha tenido una especial incidencia en los sectores del transporte, la sanidad o la educación, donde más de un tercio de los docentes se sumó al paro.
Según el sindicato CGT, el mayoritario, la han secundado un millón de franceses, con nutridas manifestaciones en París, pero también en Marsella, Nantes, Lyon. Las protestas, enérgicas y con numerosos choques con los antidisturbios, han tenido el blanco preferente habitual: Macron, un presidente fuertemente detestado por la izquierda y las clases trabajadoras, que ya lleva varias huelgas generales en su historial, además de oleadas de protestas como la de los chalecos amarillos.
Tras la huelga del 18, los representantes de las ocho centrales sindicales mantuvieron un encuentro de dos horas y media con el primer ministro entrante, Lecornu, que aún no ha formado gobierno. Por más que los sindicatos le insistieron en que dejara clara su posición de mantener o no el plan de ajustes de Bayrou, sólo recibieron evasivas.
Eso, junto al hecho de que en el encuentro estuvieron presentes tres ministros del Gabinete de Bayrou -los de Función Pública, Trabajo y Sanidad, las carteras más implicadas en las reivindicaciones sindicales- han dejado claro que el plan de recortes, más o menos maquillado, sigue adelante.
Por eso, a la salida, los sindicatos galos han anunciado una tercera jornada de protestas y huelga para el próximo 2 de octubre. Las centrales exigen el abandono del plan de presupuestos -con el paquete de 44.000 millones en recortes- del gobierno anterior, y trazan una línea roja en la derogación de la propuesta de suprimir 3.000 puestos de funcionarios y la intención de congelar el gasto en 2026. Exigen también la derogación de la reforma de las pensiones de 2023, que retrasaba la edad de jubilación a los 64 años y que se aprobó finalmente por decreto, tras meses de violentas protestas en la calle.
Mientras tanto, en las calles de Francia, entre la izquierda y las organizaciones sindicales -junto a los gritos contra los recortes sociales y contra la enésima andanada de políticas antiobreras de un Macron cuya única receta contra la deuda pública consiste en cargar sobre las espaldas de las clases populares toda clase de ajustes- se abre paso con fuerza la exigencia de la redistribución de la riqueza.
La consigna “Taxons les riches (Impuestos para los ricos)” es una de las más frecuentes en las protestas. Hace referencia a la llamada ‘tasa Zucman’, y toma el nombre del economista Gabriel Zucman, que propuso un impuesto del 2% sobre los patrimonios superiores a los 100 millones de euros. Algo a lo que de manera recalcitrante, Macron y sus primeros ministros se ha negado a hacer.