Ford -uno de los monopolios estadounidenses del sector de fabricación de vehículos- ha decidido el despido de 1.144 trabajadores de su fábrica en Almussafes, lo que supone el 19% de la actual plantilla de su factoría en Valencia, que suma 5.800 personas. Para ello presentará un llamado Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La excusa es que van a dejar de ensamblarse los modelos S-Max y Galaxy en abril. Sin embargo, el porcentaje de la plantilla dedicada a las líneas de montaje de dichos modelos no alcanzan el 7% del total, es decir, solamente un tercio de los despidos propuestos.
Lo que Ford busca es evitar una bajada de sus enormes beneficios durante la transición hacia la fabricación de vehículos eléctricos; así como asegurar ganancias en la etapa de coches eléctricos. Todo ello, dentro del objetivo de reducir su producción en Europa para llevársela a Estados Unidos. Ford quiere reducir sus gastos entre 7.000 y 8.000 millones de dólares para mantener el nivel de beneficios.
No sólo beneficios, ayudas también
Sin embargo, Ford España ha recibido -desde su instalación en la Comunidad Valenciana- abundantes ayudas por parte tanto de la administración central como de la autonómica, que en los últimos 16 años sumarían como mínimo 119 millones de euros en ayudas públicas directas. Y como “agradecimiento” plantea el despido de uno de cada cinco trabajadores de la plantilla actual.
Ford se ha beneficiado también de las ayudas de dinero público que han sido los ERTE. Actualmente disfruta de uno vigente hasta el 30 de junio -por la falta de componentes, semiconductores y los problemas de suministro debidos a la guerra en Ucrania y al rebrote de la covid19 en China-; y en 2020 y 2021 Ford llevó a cabo dos ERE con despido de mil trabajadores mientras se acogía a dos ERTE sucesivos.
La respuesta de los sindicatos
Los sindicatos rechazan el argumento de la bajada de producción hasta la llegada de los modelos eléctricos para 2026. Consideran que con la fábrica centrada en la producción del modelo Kuga -que mantiene un nivel alto-; así como el ensamblaje todavía de la furgoneta modelo Transit Connect, no se justifica una cifra tan alta de despidos. UGT -el sindicato mayoritario en la factoría valenciana- considera que “se trata de un volumen de empleos más que considerable, lo que dificulta alcanzar un acuerdo que garantice la voluntariedad del 100% de las bajas a través de planes de acompañamientos hacia la jubilación y bajas incentivadas”.
El problema de fondo
El problema es un modelo productivo en España con una industria menguante, a lo que se añade que nuestra principal industria -con el 10% del PIB y el 18% del total de las exportaciones, y con 2 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos- está al 100% en manos extranjeras a la búsqueda de los máximos beneficios. Gigantes monopolistas dispuestos a hacer deslocalizaciones o despidos masivos en cuanto hay un año de beneficios «no espectaculares», o que hacen «subastas» entre sus plantas: la que ofrezca una plantilla que trabaje más horas por menos salario, se queda con el modelo del coche.
Cuando hay “ayudas” públicas y beneficios, todo son sonrisas. Pero cuando hay “ajustes”, las pérdidas se cargan sobre los trabajadores.