La “financiación singular” para Cataluña, pactada con ERC para garantizar la investidura de Illa, ha sacudido la política española. No solo se ha convertido en munición en manos del PP para atacar al gobierno. También ha provocado el rechazo de importantes sectores de la izquierda.
Hablemos claro. Un gobierno catalán sin independentistas es un éxito. Pero no se puede lograr a cualquier precio. Los problemas de la sanidad o la educación catalanas no provienen de la “infrafinanciación”, sino de las reaccionarias políticas de los gobiernos de las élites del procés. Y una financiación que otorgue privilegios a las comunidades más ricas se enfrenta a los valores de la izquierda, genera división entre comunidades y perjudica la igualdad y la solidaridad.
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Un no concierto que se parece mucho a un concierto
¿En qué consiste la propuesta de “financiación singular” para Cataluña?
Ahora Cataluña está dentro del sistema fiscal común a todas las comunidades, menos Euskadi y Navarra. El Estado recauda los impuestos estatales, los que más ingresos generan. Y con el dinero recaudado entrega recursos a las comunidades para financiar sus competencias, desde sanidad a educación.
Este sistema no excluye la descentralización. El Estado ha cedido el 50% de algunos impuestos, como el IRPF, a las autonomías. Pero existe una caja única, en manos del gobierno central, que se puede redistribuir.
El acuerdo firmado con ERC sacaría a Cataluña de esa financiación común. La Agencia Tributaria Catalana, dependiente de la Generalitat, recaudaría todos los impuestos. Y luego entregaría al Estado una parte por los servicios que presta en Cataluña, y otra como “cuota de solidaridad” con el resto de comunidades, al ser Cataluña una de las más ricas.
Aunque la ministra Montoro haya negado repetidas veces que esto sea un concierto económico, como el que disfrutan Euskadi o Navarra, habrá que aplicarle el adagio popular: si sucede lo mismo que con un concierto, es que debe ser un concierto.
Se puede discutir la justeza o no del concierto vasco. Pero no tiene el mismo peso que un concierto catalán. Euskadi representa el 5,5% del PIB español, y Cataluña el 18%.
Si Cataluña sale del régimen común se dinamita la unidad fiscal. Cataluña dispondría de más recursos, pero la caja común, que permite redistribuir en favor de las comunidades menos desarrolladas, tendría 30.000 millones menos.
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Despejar las mentiras
El pacto firmado entre el PSC y ERC, avalado por Sánchez, afirma que se impone a Cataluña una solidaridad excesiva que limita injustamente sus políticas públicas y su capacidad de crecimiento.
No es verdad. Si Cataluña es la segunda comunidad que menos invierte en sanidad no es porque esté infrafinanciada, sino porque los gobiernos catalanes, los del procés, han llevado una política antipopular, que ha quitado recursos a la sanidad pública para entregárselos a la privada.
La tesis del “expolio fiscal”, de que “España nos roba”, y que obliga a otorgar más recursos a Cataluña, es falsa.
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El rechazo desde la izquierda
No solo el PP se opone a la “financiación singular” para Cataluña. En el PSOE la oposición no se limita a Page o Lambán. Incluye a Borrell, o a las direcciones socialistas en Extremadura, Madrid, Castilla-León, Andalucía…
Compromis o la Chunta, integrados en Sumar, desde comunidades como Valencia o Aragón, sensiblemente perjudicadas por el actual sistema de financiación, también están en contra.
Y una fuerza como Izquierda Unida duda que la “financiación singular” para Cataluña encaje dentro de la solidaridad territorial, y rechaza el acuerdo por incluir “criterios contrarios al principio de equidad”.
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Lo que no se dice y lo que no se puede aceptar
Hace falta una nueva financiación autonómica. El actual modelo lleva diez años caducado, y tiene serios problemas, que perjudican a varias comunidades.
Pero poniendo en primer plano la “financiación singular” para Cataluña se oculta el principal problema de todas las comunidades.
Las autonomías gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sus presupuestos están muy, pero que muy afectados por los recortes en estas partidas ejecutados desde 2010. Y sobre ellas pende la amenaza de nuevos recortes, dictados por las nuevas reglas fiscales aprobadas por la UE bajo la bandera de reducir la deuda y el déficit.
Lo que más va a mejorar la financiación autonómica, la de Cataluña y la del resto de comunidades, es acabar con los recortes en sanidad, educación o servicios sociales.
Lo que de verdad mejorará la financiación autonómica es derogar estos recortes. Es lo que interesa a Cataluña y al resto de autonomías.
Y un nuevo modelo de financiación autonómica debe basarse en los principios que siempre ha defendido la izquierda.
Si Cataluña es la segunda comunidad más rica, debe contribuir más que otras. Esto es lo justo. Lo que permite disponer de una caja común que se redistribuya según criterios de equidad, para privilegiar no a los más ricos sino a los menos desarrollados.
Y esa nueva financiación autonómica debe aprobarse por todos y para fortalecer la unidad. Comenzar con un acuerdo bilateral con la segunda comunidad más rica, Cataluña, es uno de los peores caminos posibles. Que lógicamente genera el rechazo del resto de autonomías con menos recursos.