Bien. El Parlamento catalán emprendió ayer el último camino ante de darse de bruces contra el muro de la Constitución. Todos los que ayer votaron esa petición para que el Congreso autorice a celebrar un referéndum de autodeterminación saben que están haciendo una petición de imposible cumplimiento.
No se trata de que al pueblo catalán se le niegue el derecho a votar, como cínicamente han vendido los promotores de la independencia a todo incauto que han encontrado. Ninguno, por cierto, entre los receptores de esas cartas que Artur Mas ha enviado a primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores de medio mundo, una estrategia que se ha saldado con un fracaso clamoroso. Se trata de que ningún Estado del mundo pone voluntariamente los medios para ser destruido, que es exactamente lo que pretenden los independentistas con esta petición.
Ayer se dio el último paso formal dentro de los cauces legales, paso que acabará en un callejón sin salida. Y a partir de que el Congreso niegue esa competencia al Parlamento catalán, empezará otro escenario mucho más complicado.
Porque el Parlamento catalán tiene que acatar lo que se le diga desde el Congreso. Si lo hace así, Mas no saltará por encima de la legalidad, pero cualquier convocatoria que ignore el mandato del Parlamento español será una abierta ilegalidad que deberá ser combatida con energía por las instituciones del Estado. Artur Mas dijo en su día, Rubalcaba lo ha recordado hace poco, que no actuaría fuera de la ley. Está ya muy cerca de tener que demostrarlo. De aquí al mes de febrero, cuando el Congreso trate la petición venida del Parlament, Mas puede todavía hacer algunos gestos rimbombantes como los que acostumbra a hacer y que a veces rozan el ridículo.
Pero a partir de entonces el juego será con fuego real. Y es el momento de prepararse para responder con contundencia ante cualquier movimiento que burle el mandato del Congreso cuando éste se produzca.
La pelota esta en el tejado de Artur Mas, no en el del Gobierno. Pero el Gobierno debe estar listo para responder si Mas da un solo paso más allá de la línea que marcará el debate en la sede de la soberanía nacional de esta petición inadmisible, por mucho que venga disfrazada de inocencia democrática.
Desde luego, no es el Gobierno quien tiene la última oportunidad de deshacer la tensión política como dice, también con considerables dosis de cinismo, la número dos de ERC, Marta Rovira. Porque no es el Gobierno quien ha producido esta escalada de tensión basada siempre en el chantaje de «o me das esto o prepárate».
