Sólo el argumento irrebatible de la disciplina de partido impidió que el pasado miércoles algunos parlamentarios del PP se rebelaran contra las consignas de Alberto Fabra y tumbaran en las Cortes Valencianas, votando «lo que les pedía el cuerpo», la ley que liquidaba Canal Nou. Finalmente el pragmatismo se impuso al corazón, pero al presidente de la Generalitat le puede salir muy cara su desastrosa y atropellada gestión del apagón de la radiotelevisión pública, que ha causado «bochorno» y una honda preocupación en sus propias filas por las funestas consecuencias que esa «chapuza» puede acarrearle al PP, ya muy debilitado en las encuestas, en las próximas elecciones autonómicas, según reconocen fuentes del partido.
«Todo ha sido un despropósito de principio a fin», confiesa un diputado popular muy crítico con Fabra, «empezando por cómo se tramitó el ERE», que el presidente de la Generalitat puso enteramente en manos de su número dos, José Ciscar, y de la última directora general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, enfrentados entre sí. Fabra, aseguran las fuentes consultadas, ni siquiera tenía preparado un plan B para el caso de que los tribunales anularan el expediente de regulación de empleo de Canal Nou, como finalmente así ocurrió, porque «estaba convencido de que el ERE saldría adelante».
Garrigues, la consultora que asesoró a la Generalitat en la tramitación del ERE que dejó en la calle a 1.100 de los casi 1.700 trabajadores de la plantilla, alertó a Fabra de que Vidal estaba poniendo en grave riesgo la viabilidad del despido colectivo con su decisión de repescar a 186 técnicos de la lista inicial de afectados. El vicepresidente Ciscar advirtió públicamente a la directora general del ente público que tendría que «apañarse con el dinero que tiene» para hacer frente al coste extra que suponía salvar a esos empleados, y cuestionó abiertamente, al igual que hizo Garrigues, que la medida tuviera «el soporte jurídico adecuado».
Pero Vidal se empeñó en seguir adelante porque «decía que tenía informes que avalaban su decisión, aunque nadie ha visto nunca esos informes, y que la repesca de esos 186 trabajadores no influiría en la sentencia de los tribunales», sostienen las fuentes del PP consultadas. Fabra confió ciegamente en ella. Y desoyó los consejos del propio Ciscar, que empezaba a temerse la tempestad que se les venía encima.
No debió hacerlo. En la mañana del pasado 5 de noviembre, el president recibió como un auténtico mazazo la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había declarado nulo el ERE, lo que obligaba a la readmisión de los despedidos y, lo que es peor, a ensanchar el enorme agujero de más de 1.200 millones de euros de RTVV, una deuda que la Generalitat se ha comprometido a asumir y que pesa como una losa en las diezmadas arcas autonómicas. Para escarnio de Fabra, la sentencia resaltaba que la polémica repesca fue clave en la decisión del tribunal porque se había «vulnerado el principio de igualdad».
El dilema
El presidente de la Generalitat, abatido por el varapalo judicial, se enfrentó entonces a un penoso dilema: asumir los costes de readmisión del millar de trabajadores despedidos, engordando así la asfixiante deuda de casi 30.000 millones del Ejecutivo valenciano, o echar el cierre definitivo a una televisión carcomida por los números rojos, la pérdida de credibilidad y unos índices de audiencia tan insignificantes que rozaban lo que los expertos llaman cero técnico. Fabra, tras reunirse de urgencia con su reducido equipo de fieles, se decantó por ejecutar de manera inmediata esta última opción. Y cometió su segundo error.
El president resolvió que ese mismo día haría pública su decisión. Pero antes llamó a La Moncloa para informar a Mariano Rajoy, confiando en que éste respaldaría la medida. El presidente del Gobierno ni siquiera se puso al teléfono. Fabra, según las fuentes consultadas, habló con «una persona muy cercana a Rajoy», y ésta a su vez con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El mensaje que le transmitieron fue muy claro: el apagón de Canal Nou resultaba prematuro y arriesgado. Le aconsejaron esperar.
Fabra, casi a la desesperada, llamó entonces a Cristóbal Montoro para pedirle una partida extraordinaria de fondos con la que hacer frente a la readmisión de los despedidos y salvar in extremis el canal autonómico. Pero el ministro de Hacienda se aferró al axioma de la inviolabilidad del déficit público y se negó en redondo. «Si tenía alguna duda de que debía cerrar Canal Nou, después de hablar con Montoro ya no le quedó ninguna«, apuntan las mismas fuentes. «Pero todo fue tan precipitado e improvisado que no calculó bien las consecuencias», añaden. Y ese fue su tercer error.
De la noche a la mañana, los informativos de la radio y la televisión públicas pasaron de ser un dócil instrumento de propaganda al servicio de los populares, a un altavoz de los presuntos desmanes del partido. Desde entonces y hasta la desconexión de este viernes, los telediarios y boletines de noticias se han cebado con Fabra y el PP, lo que ha desatado un torbellino de críticas internas hacia la bisoñez de un president que ya estaba muy tocado por su falta de credibilidad y autoridad, y al que las luchas cainitas de un partido que ya intuye la pérdida del poder empiezan a devorar.
En vivo y en directo
Fabra no había previsto que los cerca de 600 trabajadores a los que no afectó el ERE, muchos de ellos colocados a dedo durante los años de nepotismo y despilfarro de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, se volverían contra él al saber que ya no tenían nada que perder, porque todos se iban a quedar en la calle. «El PP perdió de repente su capacidad para seguir manipulando los informativos porque ya no estaba en condiciones de ofrecer los cargos y prebendas de antaño a quienes aceptaban someterse a sus dictados», afirma un diputado socialista.
El presidente de la Generalitat también improvisó sobre la marcha la forma de ejecutar la suspensión definitiva de las emisiones. Y el esperpéntico resultado de esa decisión lo pudieron ver decenas de miles de valencianos, en vivo y en directo, en la madrugada del viernes, cuando asistieron atónitos al espectáculo de la toma de Canal Nou por la Policía Nacional y la rebelión de cientos de trabajadores atrincherados en la sede de Burjassot, que lanzaron al aire una programación especial en la que, una vez más, arremetieron sin miramientos contra el PP.
El apagón de Canal Nou ha dejado abrasado a Fabra. En Valencia y en Madrid. Muchos no le perdonan que la factura de la calamitosa gestión del ERE la vaya a pagar el PP, y dan por hecho que no será el candidato del partido en las elecciones autonómicas de 2015. Pero, al mismo tiempo, reconocen que, hoy por hoy, no hay un recambio para él.