Las cúpulas de PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo, basado en un programa de 90 medidas, que ya se ha traducido en la toma de control de la Mesa del Parlamento andaluz, y que debe reflejarse en la configuración de un gobierno conjunto.
Pero Vox se resiste a ser un convidado de piedra, y sus primeras demandas son una auténtica bomba de relojería. Reclaman la supresión de ley andaluza contra la violencia de género, eliminando todas las partidas de gasto público destinadas a luchar contra la violencia machista.
No se trata de una provocación para ganar algunos minutos de notoriedad. Estaba en el programa electoral de Vox, como sucede con otros puntos que se enfrentan frontalmente a lo que defiende la mayoría de la sociedad andaluza, desde la práctica supresión de la autonomía a unas rebajas fiscales salvajes que otorgarían barra libre a los más ricos.
Ciudadanos insiste en que no va a negociarse nada con Vox, y que no se tocará ni una coma del acuerdo alcanzado con el PP. Pero la realidad es tozuda. No solo para formar gobierno, sino también para aprobar cualquier medida en el parlamento andaluz, el nuevo gobierno necesitaría contar con los votos de los 12 diputados de Vox.
Este es el punto más débil del nuevo gobierno que se quiere imponer en Andalucía. Estaría presidido por un PP que ha perdido más de 300.000 votos, llevándose un severo castigo por parte del electorado andaluz. Y precisaría del apoyo de una formación tan ultramontana como Vox.
Este es un escenario que inevitablemente genera repulsa en buena parte del electorado de Ciudadanos. ¿Cómo va a alcanzarse la regeneración democrática a la que aspiran de la mano del partido de la Gürtell y de una formación “liberticida”, que ataca permanentemente la democracia, como Vox?
Resto por saber como acabará resolviéndose la formación de gobierno en Andalucía. Pero incluso en el caso de que PP y Cs formen gobierno -lo que hoy es el escenario más probable, aunque no se deban descartar otros- el problema reaparecerá cada vez que Vox quiera hacer valer sus 12 diputados.
Algunos medios ya han anticipado encuestas que auguran, con la irrupción de Vox en la política nacional, una “mayoría de derechas”. Sueñan con una modalidad de acuerdo a tres que alumbre un “gobierno de los recortes” con mayoría parlamentaria.
Pero en Andalucía ya están apareciendo, antes incluso de empezar, los límites de esta alternativa. La cercanía a Vox puede suponer un severo peaje a Ciudadanos en muchos lugares de España. Incluso en el seno del PP ya empiezan a aparecer voces, como el presidente del partido en Gipúzcoa, Borja Semper, que rechazan los acuerdos con Vox. Y, sobre todo, existe una mayoría social de progreso que no va a aceptar un gobierno encabezado por el PP y secundado por Vox.
Pase lo que pase en Andalucía los números van a seguir poniendo encima de la mesa la posibilidad de un gobierno de progreso. Ese es el camino que, con toda seguridad, respaldarían muchos de los votantes de Ciudadanos. Para ello sería también necesarios cambios en el PSOE andaluz de Susana Díaz, que abrió el paso a Rajoy a la Moncloa y siguió ejecutando los recortes en Andalucía, y en una línea dominante en Podemos empeñada en alimentar la división adoptando una posición “tóxica” ante los ataques contra la unidad de las élites del procés en Cataluña.
La realidad pone encima de la mesa, y lo seguirá haciendo en este año donde vamos a afrontar citas electorales decisivas, la necesidad de contrarrestar los intentos de formar un nuevo “gobierno de los recortes” con la alternativa de un gobierno de progreso que ponga en primer plano la lucha contra los recortes, la regeneración democrática y la defensa de la unidad, y que contaría con el apoyo de una mayoría social.