En años anteriores, la Unión Europea y sus principales burguesías monopolistas trataron de convencernos de que una de sus principales señas de identidad europeas eran las «políticas verdes» y el decidido impulso a la «transición ecológica» y a la lucha contra el cambio climático.
En estas afirmaciones había enormes dosis de «greenwashing» -un lavado de imagen «verde» para la gran industria europea- y sólo algo de realidad. Pero es cierto que durante años, las principales burguesías monopolistas de la UE, especialmente la alemana y la francesa, usaron los comparativamente más exigentes estándares medioambientales europeos como una barrera comercial para impedir o dificultar la penetración de mercancías procedentes de EEUU, de China y de otros mercados, en la zona euro.
Pero ahora estas barreras están siendo derribadas bajo el ariete de las imposiciones de Trump.
Dos recientes anuncios han hecho poner el grito en el cielo a los científicos y luchadores contra el cambio climático, e indican una cada vez mayor claudicación de la UE en sus tibias políticas medioambientales: una es el alargamiento de la vida del coche de combustión; otra es la «flexibilidad» en el uso de pesticidas.
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Bruselas alarga la vida de los coches de combustión
¿Larga vida… a las emisiones de gases de efecto invernadero?
Hace menos de dos años. Bruselas puso fecha de caducidad a la venta de vehículos con motor de combustión. Más allá de 2035 todos los vehículos, tanto los turismos como los de uso industrial, que se vendieran en la UE deberían ser eléctricos o al menos híbridos. Pero ahora han dado marcha atrás, alargando la vida de los coches de combustión mientras las emisiones de gases de efecto invernadero no para de aumentar.
La potente industria automovilística europea pretendía que a lo largo de la década, la subida de las ventas de coches eléctricos o híbridos acompañara a esta medida. Pero aunque las ventas de eléctricos se multiplicaron por más de 2 desde 2020 hasta 2023, se estabilizaron en 2024 debido a la eliminación de subsidios, y el crecimiento ha sido mucho más lento de lo previsto por la gran industria, hasta el punto de que la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ha dicho que los objetivos marcados son «inalcanzables».
El enfriamiento de las expectativas de ventas de coches eléctricos por parte del poderoso sector automovilístico, especialmente en Alemania, es lo que ha espoleado al Partido Popular Europeo (PPE), liderado por los conservadores de Merz -y donde milita la propia Úrsula von der Leyen- a maniobrar para devaluar la propuesta estrella de la UE en la reducción de las emisiones de carbono, alargando la vida del coche de combustión más allá de 2035.
La decisión ha sido fruto de una ardua batalla, con Alemania e Italia pujando por alargar la vida del coche de combustión, y Francia o España presionando para incluir medidas que impulsaran la fabricación de los vehículos made in Europe.
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Una decisión que también es ‘made in USA’
En el alargamiento de la vida del coche de combustión, que condena al planeta a varias décadas más de altas emisiones de gases de efecto invernadero, y a la humanidad a padecer aún mayores estragos del calentamiento global, están entrelazados los intereses de las grandes burguesías monopolistas europeas, especialmente de sus monopolios de la automoción, que temen perder beneficios, ante una situación en la que la demanda de coches eléctricos, aunque al alza, crece mucho más lentamente de lo previsto… pero también las exigencias del hegemonismo norteamericano y sus imposiciones sobre Europa
En esta decisión está la mano de unos EEUU, que bajo la línea Trump han renegado de encabezar la «revolución industrial verde» y el desarrollo del coche eléctrico.
Los EEUU, de la mano de la línea Trump, han renegado de encabezar la «revolución industrial verde» y el desarrollo del coche eléctrico. Con apenas un millón de vehículos eléctricos producidos en 2024 (6% del global), la industria del motor norteamericana está muy por detrás de China, la líder indiscutible, con 12,4 millones de unidades (el 70% del global), pero también de la UE (2,4 millones, el 14%).
Por tanto, EEUU necesitaba que se derribe esta barrera de «sin emisiones» para poder vender, durante muchas décadas más, sus coches de combustión en Europa. Y esto es lo que ha conseguido, a golpe de amenazas (aranceles) o de sus hilos en el Partido Popular Europeo.
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Un peligro para la biodiversidad, para la salud y para la seguridad alimentaria
¡Agrotóxicos no, gracias!
Hasta ahora, la normativa de la UE exigía revisar cada 10 o 15 años los análisis de cada pesticida, fungicida o fitosanitario para asegurar que no tenía consecuencia adversas contra la salud humana, los ecosistemas o las aguas subterráneas. Se quería evitar casos como el del clorpirifós, un insecticida organofosforado de amplio espectro usado en los cultivos de cítricos que causa anomalías neurológicas y motoras en el desarrollo del cerebro en bebés. O el Flufenacet y el Flutolanil, productos fitosanitarios utilizados ampliamente en cultivos tan relevantes como cereales o patata, que se han retirado por los riesgos para la salud humana y la contaminación de aguas subterráneas.
Ahora, la Comisión Europea quiere cambiar las reglas del juego y eliminar esa exigencia, salvo cuando surjan pruebas científicas nuevas que aconsejen volver a evaluarlos. Es decir, sólo se revisarán a posteriori, cuando el daño ya esté causado
Científicos y organizaciones ecologistas alertan de los efectos adversos de esta medida, que permitiría el uso indefinido ―sin fecha de caducidad― de la mayor parte de los fitosanitarios: herbicidas, insecticidas y fungicidas autorizados para aumentar la producción agrícola y prevenir o combatir enfermedades.
«Esta propuesta es un error”, denuncia Manuel Ortiz Santaliestra, científico en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) “porque en muchas de estas sustancias es el paso del tiempo el que permite recoger las evidencias científicas de riesgos que no se detectaron al principio”. Es uno de los 200 científicos europeos que han firmado una carta de protesta y la han enviado a la Comisión Europea.
Estamos en manos de mercaderes, de burguesías monopolistas, para los que la salud de las personas y del medio ambiente es sólo un obstáculo a remover en la búsqueda de la máxima ganancia.
Esto se da en un contexto donde los ecosistemas rurales, especialmente en torno a los campos de cultivo, están perdiendo de manera dramática la biodiversidad, sobre todo en lo que se refiere a la drástica caída de la población de abejas y otros polinizadores a consecuencia del uso de estas sustancias. Un fenómeno, el de la pérdida de biodiversidad, que representa una enorme amenaza para el medio ambiente y para la humanidad. Sin polinizadores no hay cosechas.
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¿Los beneficios de la agroindustria antes que la salud y el medio ambiente?
De nuevo en esta decisión -que atenta contra la salud del medio ambiente y de las personas, contra nuestros ecosistemas y contra nuestra seguridad alimentaria- están entrelazados dos intereses.
Por un lado, el de la gran industria agroalimentaria europea, y su búsqueda del máximo beneficio a costa de lo que sea. Con una agricultura intensiva que prima el uso masivo de todo tipo de sustancias químicas cuyo impacto sobre las personas y el medio ambiente ahora ni siquiera será estrechamente monitorizado.
Por otro lado, es imposible no percibir en esta decisión -como en la del motor de combustión- la larga mano de EEUU y de las políticas de Trump. La superpotencia norteamericana, a golpe de injerencias políticas o de aranceles, ha impuesto a Europa un cambio en sus políticas medioambientales -hasta ahora muchísimo más exigentes que en EEUU- para derribar barreras que impedían que sus productos y alimentos, producidos con sustancias que en la UE no están permitidas, puedan penetrar en el mercado europeo.
Estamos en manos de mercaderes, de burguesías monopolistas, para los que la salud de las personas y del medio ambiente es sólo un obstáculo a remover en la búsqueda de la máxima ganancia.