El objetivo de Puigdemont y el Govern no es el referéndum, sino crear las condiciones para una declaración unilateral de independencia.
El referéndum del 1 de octubre convocado por Puigdemont es una estafa, a los ciudadanos de Cataluña, a los demócratas y a toda la gente de bien. Es antidemocrático y reaccionario.
Estamos ante la convocatoria de una consulta que se pretende vinculante y con efectos inmediatos, anunciando una declaración unilateral de independencia en 48 horas si ganara el sí aunque solo fuera por un mero voto.
Pero la ley de referéndum con la que pretenden romper una unidad de siglos y separar Cataluña de España no cumple con los mínimos requisitos democráticos.
Se pretende aprobar en septiembre, a menos de un mes del 1.O, la fecha señalada para el referéndum, sin tiempo para abordar un debate que permita poder expresarse a todas las opciones y a cada ciudadano decidir libremente. Y sin establecer un mínimo de participación.
Se ha cambiado el reglamento acortando los tiempos para marginar al Parlament y a las fuerzas políticas de la oposición y aprobar de forma exprés, la ley de referéndum, las “leyes de desconexión” y la posible declaración unilateral de independencia.
Se saltan a la torera, no ya la legalidad española, sino el propio Estatut de Catalunya, que exige una mayoría reforzada de dos tercios para “decisiones de especial transcendencia”.
No es de extrañar su actuación, porque su objetivo no es el referéndum, sino crear las condiciones para la declaración unilateral. No pretenden que el 1.O sea una movilización por el derecho a decidir, sino que forme parte de un mismo paquete: la fecha, la pregunta, las leyes de “desconexión”y la ruptura unilateral. Y todo exprés para hacer pasar por el aro a la sociedad catalana, con trampas y chantajes, sobre todo a la mayoría social que se opone a seguir su camino. Las presiones a las que están sometido a fuerzas como Catalunya en Comú para que se preste a secundarles es todo un ejemplo.
Tenía razón Ada Colau cuando dijo que le preocupaba “un 1.O unilateral respecto a media Cataluña”. Y Pablo Iglesias cuando declaró que si él fuera catalán “no votaría en este referéndum”.
El 1.O no puede ser una movilización política por el derecho a decidir, porque es un referéndum trampa, una estafa en toda regla preparada con todos los medios del poder autonómico de que dispone la Generalitat. Al servicio de una estrategia dirigida a forzar una respuesta dura del Estado que genere conflictos entre la población catalana y con el resto de España, para presentarse como víctimas de un «Estado español autoritario» y utilizarlo para atraer y encuadrar a una parte de la sociedad catalana que se resiste a seguirles. Y, por otro lado, tratar de que medios e instituciones internacionales reclamen que se «abran negociaciones».
No son la mayoría
Puigdemont repite una y otra vez que representa “a la mayoría de catalanes que defienden el derecho a decidir”. Pero como se puede observar en el gráfico que reproducimos en la página 3 del periódico, nunca han superado la barrera de la mayoría.
En las últimas generales, Junts Pel Si y la CUP apenas recibieron el voto de un 20% del censo. Incluso en las autonómicas del 27-S de 2015, convocadas por Artur Mas como un plebiscito por la independencia, no solo lo perdieron, al quedarse en el 48% de los votos sino que apenas recogieron el apoyo de un 36% del censo.
Puigdemont exhibe el apoyo al referéndum de 500 ayuntamientos, el 80% de los municipios catalanes. Pero oculta que solo representan al 43% de la población. Las grandes ciudades y capitales de Cataluña se han posicionado en contra.
Los Puigdemont y Mas se presentan como progresistas, pero el PdeCat (la CIU del 3%) ha sido un aventajado ejecutor de los recortes en sanidad, educación, dependencia… Y en Madrid ha apoyado las propuestas más reaccionarias, el rescate bancario, la reforma laboral, la reforma de las pensiones o el encuadramiento en los planes de la OTAN.
Buscan dividirnos y levantar muros entre el pueblo trabajador de Cataluña y con el resto de España para imponer sus intereses y dominarnos mejor.
Ante esta situación todos los demócratas y progresistas, pero especialmente la izquierda: partidos, sindicatos, organizaciones sociales y personas que se sienten de izquierdas, anarquistas, comunictas, socialistas y librepensadores tenemos que dar un paso adelante en la denuncia de este referéndum-estafa, unilateral y antidemocrático, y por la defensa de la unidad del pueblo trabajador de las nacionalidades y regiones de España.
Hay que impedir la imposición de muros para dividirnos y debilitar la lucha contra nuestros enemigos comunes.
Solo unidos podremos hacer frente a un futuro más justo y de progreso, que reduzca las desigualdades, redistribuya la riqueza y regenere la política.