Irene Lacalle, ingeniera informática granadina y residente de Bruselas, recibió una carta donde se le notificaba que se ponía fin a su derecho de residencia como ciudadana de la UE, comunicándole la orden de abandonar el territorio belga. Así nos lo cuenta Irene: «Me dijeron tiene usted treinta días para dejar el país. ¿Perdona?, les dije. ¿Pero no soy una ciudadana de la UE? Y me contestaron. Sí, pero como no has encontrado trabajo y eres una carga para el Estado». La misma orden de expulsión recibió una jubilada española que pidió una ayuda social porque su pensión tras 20 años cotizando en Bélgica era muy baja.
El Estado considera que los trabajadores inmigrantes en paro son «una carga excesiva para el sistema social». Y les obliga a irse si no encuentran empleo en tres meses. También a españoles o italianos, aunque formen parte de la Unión Europea. «¿Este es el carácter de la UE de Merkel? ¿Tratar a los españoles como a “una carga” de la que hay que desprenderse?»
Lo peor de todo es que esto es legal. Se han hartado en difundir que, al ser miembros de la UE, nos beneficiábamos de la “libre circulación de personas”. Era mentira. La legislación comunitaria únicamente establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin tener que ser sometidos a ninguna condición o formalidad”. Al superar ese plazo… que cada uno se las apañe como pueda.
Con el estallido de la crisis se ha disipado la propaganda del “papanatismo europeísta” y aparece la verdad. Alemania, como único centro de poder de la UE, nos impone draconianos recortes, y una intervención total disfrazada de “rescates”.
La degradación de Grecia, Portugal o España no solo se restringe a nuestras fronteras. También afecta a nuestros compatriotas que, gracias al saqueo a que someten a España, se ven obligados a emigrar y buscar trabajo en el extranjero.
El gobierno belga expulsó el año pasado a 2.407 trabajadores procedentes de países de la UE. Y los españoles ocupan el tercer lugar, después de rumanos y búlgaros.
Esta es una afrenta intolerable. No solo nos imponen desde Berlín el recorte de la sanidad, la educación, las ayudas sociales, los salarios… Es que también nos tratan fuera de nuestras fronteras como si fuéramos las “espaldas mojadas” de la UE.
¿Este es el carácter de la UE de Merkel? ¿Tratar a los españoles como a “una carga” de la que hay que desprenderse?
Lo más vergonzoso es la sumisa posición adoptada por el gobierno español. Lejos de defender a nuestros compatriotas, los han abandonado a su suerte, plegándose a los dictados de Merkel.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido en el Congreso que “es una decisión legal aunque no nos guste”. Subrayando que “la Comisión Europea ha avalado esta decisión”. Y ofreciendo como única alternativa que “el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, pedir explicaciones e información a través de las autoridades diplomáticas al Gobierno de Bélgica sobre la situación de los españoles en el país”.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando a unas élites políticas que son capaces de aceptar sin pestañear todos los ataques de las grandes potencias, por muy humillantes que sean?