Todos hablan de ella, todos la esperan de forma inminente, todos anuncian lo que harán cuando llegue, todos amenazan con sus consecuencias, algunos intentan incluso movilizar a las masas antes de su advenimiento: pero como el personaje de la obra de Beckett, como Godot, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña no acaba de llegar, convirtiendo su ilimitada espera en un absurdo «tiempo muerto» que muy probablemente va a terminar por diluir su contenido y echar a perder la poca o mucha eficacia que podría haber tenido de cara a «corregir» los desvaríos confederalistas de Zapatero y los nacionalismos periféricos y a sentar las bases de un verdadero Estado federal.
Tres años dura ya la esera de la sentencia que el TC debe emitir sobre la constitucionalidad o no de algunos de los aspectos claves del Estatut (reconocimiento de Cataluña como “nación”, empleo de símbolos “nacionales”, obligatoriedad de conocer el catalán, bilateralidad, financiación, justicia…), en los que pervive aún la huella del proyecto confederal que en su día fue elaborado y aprobado por el Parlament de Cataluña (eran los tiempos de Maragall), que luego fue “limado” en algunos aspectos en el Congreso en Madrid (donde fue validado sin consenso) y que luego fue aprobado en referéndum popular, pese a que sólo contó con el apoyo real del 34% de los catalanes: un tercio de la población.En estos tres años, la sentencia del TC se ha convertido en una de las más agrias y disputadas batallas políticas y jurídicas de toda la transición española. Las maniobras de los distintos partidos en liza para influir en sus deliberaciones y tener mayoría han hecho saltar chispas, han llegado a la opinión pública y convertido el Tribunal en un verdadero “lodazal”. Ha habido revocaciones de magistrados, intentos sucesivos de eliminarse unos a otros, prolongaciones de mandato más allá de toda lógica, denuncias de intentos de manipulación y hasta una muerte “sospechosa”. Con todo, aún no ha sido posible hallar una fórmula de consenso ni construir una mayoría suficiente que avale una redacción definitiva de la sentencia. Las dos últimas redacciones, presentadas antes del verano, han sido rechazadas por la mayoría.Las “dificultades” para llegar a esa redacción de consenso –o como mínimo a una fórmula que tenga una mayoría consistente (de 7 a 3, por ejemplo)– no obedecen, sin embargo, sólo a las profundas divergencias partidistas que enfrentan al PP y al PSOE sobre la configuración del estado autonómico, sino a una verdadera disyuntiva que atraviesa a toda la clase dominante y a todos los poderes del Estado acerca del modelo a adoptar y de los límites que deberían fijarse a la descentralización del poder, para que éste no quede reducido a un mero “coordinador” de poderes autonómicos, cada vez más autónomos, con mayores competencias, más recursos y, por tanto, más capacidad de decisión y de veto sobre el poder central. En definitiva, lo que refleja esta pugna es que (como está ocurriendo en el seno misma de la sociedad española, en la que crece de forma palpable una tendencia en pro de fortalecer la “unidad nacional” y de rechazo a los proyectos disgregadores de los nacionalismos excluyentes, tendencia que se hace efectiva con cada nueva elección) también en las esferas de poder parece imponerse la idea de que hay que empezar a poner límites claros a la disgregación del poder, al desmantelamiento del Estado y a las ambiciones de unas “taifas” regionales, que cada vez más funcionan de hecho como tales, es decir, a su arbitrio y antojo, ya sea abriendo “embajadas” propias, ya sea marginando deliberadamente la lengua común, etc. El fortalecimiento de esta tendencia es lo que ha hecho inviable hasta ahora la adopción de una sentencia que “salve” plenamente la constitucionalidad del Estatut, como deseaba Zapatero, y ha extendido la idea y hasta la certeza de que, al final, el TC o bien va a declarar abiertamente inconstitucionales algunos aspectos del Estatut, o bien va a introducir unos principios “interpretativos” que sin obligar a una revisión “literal” del Estatut, sí van a limar decisivamente sus aspectos más “confederales”. Una sentencia así, por otra parte, no sólo tendría por objeto cerrar el camino a una deriva confederal de Cataluña, sino que buscaría un efecto “ejemplarizante” para el resto, al fijar claramente los límites que no pueden ser traspasados. De otro modo, si se aceptase el “modelo”catalán, todos querrían inmediatamente lo mismo (el Estatuto valenciano, por ejemplo, incluye una cláusula explícita que le permitiría reclamar “todo lo que consiga Cataluña”).Naturalmente, una perspectiva así comienza a poner “nerviosos”, no sólo al Gobierno (que sufriría un importante revolcón político), sino sobre todo a los nacionalistas, en particular, a los nacionalistas catalanes, que han llegado incluso a plantearse este verano (y ante los insistentes rumores sobre la inminente “aparición de Godot”) la posibilidad de hacer “manifestaciones preventivas” contra una sentencia inexistente y aún desconocida, en un último y delirante intento de presionar y chantajear al tribunal. En todo caso, los nacionalistas juegan a un doble juego: llevan tres años utilizando el retraso de la sentencia para ir desarrollando el Estatut, en un intento deliberado de convertirlo en “irreversible”, y a la vez no dejan de presionar y amenazar al TC. ¿Qué va a pasar al final? ¿Cuándo terminará la espera? ¿Aparecerá al final Godot, este otoño, con su sentencia en la mano, o asistiremos a nuevos aplazamientos? ¿Qué puede ocurrir si la sentencia efectivamente corrige y lima los aspectos realmente inconstitucionales del Estatut? ¿Se irá, como amenazan los nacionalistas, a un “choque” de legitimidades entre España y Cataluña? ¿Se disparará la “desafección” de los catalanes hacia España, tal y como asegura Montilla? ¿O todo quedará como una tormenta en un vaso de agua, como ha ocurrido otras veces (por ejemplo, cuando se ilegalizó Batasuna, y los nacionalistas vascos auguraron un Apocalipsis que nunca se produjo)?En todo caso, si no se acaba por encontrar una redacción asumible las consecuencias no van a ser baladíes. Si no pueden imponer sus tesis, Zapatero y los nacionalistas pueden apostar a retrasar sine die la sentencia, lo que por un lado les permite seguir actuando como si el Estatut estuviera legimitado realmente y por otro aplaza y desvirtúa las posibles declaraciones adversas, si es que algún día llegan a producirse.Por todo ello, urge reclamar al TC a que no demore más los cosas. De todos modos, y aunque finalmente, la sentencia aparezca y suponga un cierre efectivo de la opción confederal, ello no va a terminar de zanjar el problema territorial español. Y es que no es el TC, ni una sentencia sobre el Estatut de Cataluña, el marco idóneo para ello: España necesita una verdadera reforma constitucional que se plantee de una vez por todas la articulación de un verdadedo Estado federal fuerte, en el que las competencias estén fijadas definitivamente y no se conviertan en objeto de un tira y afloja y un cambalache constante.