En medio de una campaña electoral llena de ruido y griterío -con acusaciones de compra de votos, o la polémica en torno a los exmiembros de ETA en las listas de Bildu- varias cuestiones de hondo calado han pasado desapercibidas. Una de ellas hace referencia a la cada vez mayor subordinación de los gobiernos españoles -sean del PSOE o del PP- a los esquemas y planes del Pentágono y la OTAN. Mientras en el Congreso de los Diputados, casi cada debate parlamentario levanta apasionadas y polarizadas trifulcas… el creciente encuadramiento de España respecto a EEUU no es ni siquiera mencionado, y mucho menos cuestionado, por ninguna fuerza política. Ni de la derecha… ni tampoco de la izquierda.
Así, Moncloa y el Ministerio de Defensa han firmado un acuerdo para ampliar la base aeronaval de Rota -que ya es una de las más grandes del mundo- sin siquiera pasar por el Congreso de los Diputados. Una decisión que nos encadena -aún más- a la maquinaria bélica de la superpotencia, pero al que se le ha puesto una conveniente «sordina» política y mediática.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la embajadora de los Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, han firmado un acuerdo para el despliegue de dos buques adicionales de la Marina de los Estados Unidos en la Base Naval de Rota. La ampliación —con la que se pasarán de cuatro a seis destructores en la base— no pasará por el Congreso de los Diputados. Esta acuerdo ya estaba contemplado en el compromiso expresado en la declaración conjunta que Joe Biden y Pedro Sánchez adoptaron el pasado 28 de junio de 2022 durante la reunión celebrada en los márgenes de la Cumbre de la OTAN, en Madrid.
El acuerdo entre Moncloa y Washington permite ampliar de cuatro a seis buques la autorización para estacionar en la Base Naval de Rota, sin modificar ni las misiones, ni los tipos de fuerzas, ni los niveles de fuerza máximos, tanto de personal civil como de militares norteamericanos en esta base aeronaval de uso exclusivo de los EEUU. Se incrementará de 1.200 a 1.800 el número de marineros norteamericanos.
Rota es algo más que una base militar extranjera en suelo español. Forma parte del “escudo antimisiles”, uno de los proyectos estrella de la era Bush. Es el principal núcleo del despliegue naval estadounidense en Europa. Y es una plataforma de agresión de las operaciones de castigo de la superpotencia norteamericana. Desde Rota partieron los barcos que bombardearon Siria, en una de las “operaciones de castigo” ordenadas por Trump.
La ampliación de la base de Rota, a la que se une, en los últimos años, la designación de Morón como la base del Africom -el comando de Marines para operaciones en el norte de África- forma parte de la «sinfonía de la pleitesía» a EEUU, una música que cualquier inquilino de la Moncloa sabe que tiene que tocar, y que nos encuadra aún más en los planes del Pentágono y en la geopolítica del hegemonismo norteamericano, la principal fuente de guerras, intervenciones militares e injerencias y desestabilización política de todo el planeta.
Una decisión que nos encuadra -aún más- en los planes del Pentágono y en la geopolítica del hegemonismo norteamericano, la principal fuente de guerras e intervenciones militares del planeta
Para el 2% del PIB en gastos militares…no hay recortes
Las reglas de «disciplina fiscal» impuestas por Bruselas están a punto de retornar. Bruselas ya ha exigido al Gobierno un «ajuste» de 9.000 millones en el presupuesto de 2024, «para garantizar el cumplimiento del límite de déficit». Esto significan recortes, que -de una manera o de otra- se aplicarán a los gastos sociales… pero no a los militares. Porque por encima de la obediencia a Bruselas, está la que España guarda hacia Washington.
Actualmente, España destina a defensa 13.126 millones, un 1,01% del PIB, a gastos militares. Los compromisos que Sánchez adquirió con EEUU en la Cumbre de la OTAN de 2022 suponían duplicarlo, hasta alcanzar los 26.000 millones. Un aumento de 13.000 millones, que supone el 150% de toda la inversión pública en dependencia.
Y se tomaron medidas para acelerar los “trámites burocráticos”. No se esperó a la aprobación de los presupuestos para 2023, como sería lógico. Para que se aplicaran con celeridad, ya en 2022 el gobierno aprobó un aumento de 1.000 millones en el gasto militar.
¿Se va a utilizar este dinero para reforzar la seguridad nacional o potenciar una defensa europea? No. El principal coste será el aumento de las fuerzas de alta disponibilidad de la OTAN, desde 40.000 a 300.000 efectivos. España debe invertir más en defensa para reforzar el despliegue de la OTAN, es decir el poder militar norteamericano.
.
Tras casi 60 años del accidente de Palomares (Almería), EEUU se llevará las tierras radioactivas
A buenas horas, boinas verdes
Se cumplen ahora 57 años del accidente nuclear de Palomares, en la costa de Almería. En medio de la dictadura franquista, en 1966, dos aviones norteamericanos -un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135- chocaron accidentalmente durante una operación de repostaje. El B-52 iba cargado con cuatro bombas termonucleares que cayeron a tierra. Afortunada y evidentemente no explotaron, pero dos de ellas se rompieron y dispersaron la carga de plutonio entre as pedanías almerienses de Palomares y Villaricos.
Hubo una primera limpieza en plena dictadura y Washington pagó algunas indemnizaciones a los vecinos afectados, y todos recordamos al entonces ministro de Turismo Manuel Fraga, con el bañador hasta la cintura, dándose un baño junto al embajador de EEUU, Angier Biddle Duke, supuestamente en la playa de Palomares, para convencer a todo el mundo que las aguas estaban libres de contaminación.
Han tenido que pasar casi seis décadas para que un gobierno norteamericano -en pago a los «servicios prestados» de Moncloa- tenga a bien reparar el daño causado por el accidente de Palomares.
Más allá de si aquel baño fue real o ‘fake’, el hecho es que en 2007 un estudio del Ciemat —el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia— confirmó lo que muchos sospechaban: que el Ejército estadounidense se había dejado atrás un rastro de contaminación: restos de plutonio repartidos por unas 40 hectáreas. Las parcelas, con unos 50.000 metros cúbicos de arena contaminada, fueron valladas. Y en 2010 se elaboró un primer proyecto de limpieza, pero en el que la principal duda era qué hacer con los residuos radiactivos resultantes del proyecto de descontaminación, para los que España no dispone de ningún almacenamiento adecuado.
Ningún gobierno español hizo públicos nunca los datos oficiales del seguimiento médico que se hizo a la población, ni se hizo -según afirma la Revista Clínica Española- ningún estudio epidemiológico solvente en la zona. Pero El Mundo publicó en 2016 una entrevista a José Ortiz Hernández, uno de los 10 guardias civiles que participaron en las operaciones de limpieza tras el accidente. Era el único que quedaba con vida, el resto murió de cáncer por la radiación que sufrieron en Palomares. Lo mismo pasó con los soldados estadounidenses que llevaron a cabo las labores de descontaminación de la zona: de los 41 hombres que trabajaron en la zona, 21 desarrollaron cáncer por los altos niveles de plutonio a los que se expusieron.
A pesar de las múltiples evidencias de que la «versión oficial» de Fraga y la embajada de EEUU era mentira, han tenido que pasar casi seis décadas para que un gobierno norteamericano -en pago a los «servicios prestados» de Moncloa al aumentar el grado de subordinación de España hacia el Pentágono y la OTAN- tenga a bien reparar el daño causado por el accidente de Palomares, un incidente cuyas consecuencias exactas sobre la salud pública de la zona nunca se han estudiado.