Surgió como un escándalo localizado, como un caso que parecía afectar sólo a algunas decenas de pacientes de cáncer de mama -mujeres que habían detectado retrasos anormales en las citaciones y falta de comunicación sobre los resultados de las mamografías- en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Pero pronto se ha comenzado a descubrir su dimensión, aunque aún no conocemos su verdadero alcance. La Junta de Andalucía ya reconoce que se trata de una crisis sanitaria que afecta a unas 2.000 mujeres y que se viene gestando desde hace más de un año y medio. La defensora del paciente y la asociación Amama (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama) tienen razones para sospechar que afecta a miles de mujeres más, y que está extendido a más provincias andaluzas (Málaga, Huelva, Almería y Jaén), así como a más pacientes -mujeres y hombres- de otros tipos de cáncer, a los que no se les habría notificado sus pruebas diagnósticas en tiempo y forma.
A la dimensión objetiva del escándalo sanitario se suma la intolerable actitud del ejecutivo andaluz presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla.
«Cuando hay algún posible indicio de [cáncer] futuro lo que hacen [los médicos] es no introducir un elemento de ansiedad al paciente», dijo Moreno, con ese tono tranquilo de señorito andaluz, del que sabe que no es la vida de los suyos la que está en peligro. Entre susto y muerte, la Junta de Andalucía ha elegido por las mujeres, y ha elegido que avance su tumor, algo que por lo visto no genera ansiedad.
Para más inri, y tras dimitir la indolente e insensible consejera de salud, Rocío Hernández, el nuevo responsable de la Sanidad Andaluza aseguró, de nuevo en tono arrogante, que «no nos consta ningún fallecimiento en las personas que están a la espera».
Estas indecentes declaraciones han multiplicado el dolor y la indignación de las víctimas, de sus familiares y de toda la sociedad andaluza, que ha salido a la calle por miles para denunciar esta infamia. Tanto Amama como familiares directos de varias mujeres han salido a asegurar que hay «varias mujeres muertas ya por retrasos» en las notificaciones de los diagnósticos y en las pruebas complementarias tras mamografías no concluyentes.
No estamos ante simplemente ante un caso de negligencia, de descuido, de desidia. Estamos ante la consecuencia de unos recortes sanitarios que -literalmente- matan.
Si este caso fuera una “excepción” en una sanidad andaluza saneada, eficiente, con recursos y profesionales suficientes, podríamos pensar en una condenable falla del sistema, en una falta de celo. Pero estamos ante una sanidad pública andaluza constante y planificadamente atacada, recortada, degradada e infrafinanciada, donde el escándalo de las mamografías es su más dolorosa punta del iceberg.
Esta deriva planificada de recortes y privatizaciones no es, por desgracia, exclusiva de Andalucía, sino que es la norma -más o menos acusada- de todas las comunidades autónomas. Pero sin embargo el gobierno de Moreno Bonilla ha hecho méritos para estar en lo alto del podio de las comunidades donde más agresivamente se está degradando la sanidad pública.
Sólo en el último año, el gobierno andaluz ha derivado servicios esenciales (como consultas, cirugías y pruebas diagnósticas) a la privada mediante conciertos que alcanzaron 494 millones de euros en 2025, un incremento del 21,5% respecto al año anterior, el mayor de la historia. Moreno Bonilla ha despedido 18.000 sanitarios, ha cerrado centros de salud (75% por las tardes en verano de 2025) y se ha negado a reforzar plantillas, mientras el número de andaluces con seguro privado crece al 22,6% (1.840.928 personas. Todo mientras la Junta ha sido denunciada ante la Justicia por fraccionar contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para adjudicaciones directas sin concurso público, beneficiando a grandes empresas de sanidad privada.
Los recortes en la Sanidad matan.
No es una consigna, es literal. Los recortes en Sanidad tienen consecuencias directas en la salud y en la vida de miles de personas.
Los responsables del escándalo de las mamografías en Andalucía deben responder políticamente, pero también ante los tribunales.