Los jueces de toda España votan en estos días ir a huelga como medida de presión frente a la situación actual de la justicia. Oscar Saiz es el portavoz del Comité de huelga en Sevilla, donde ya se ha acordado la huelga de 24 horas para el 18 de febrero ante lo que califican de falta de soluciones serias por parte del gobierno.
DV: ¿A qué se debe la convocatoria de la huelga? OS: La convocatoria de la huelga es algo que se viene fraguando desde el mes de noviembre. No ha habido un catalizador esecial, si no que se han ido produciendo una serie de críticas por parte del poder ejecutivo al poder judicial prácticamente culpándole de todos los males que ocurrían, después se ha iniciado una especie de persecución a base de expedientes en los que muchas veces la base de esos expedientes tenían una base no de culpabilidad si no de deficiencia de los medios materiales humanos que hay en Administración de Justicia. Todo eso, unido a la falta de medios materiales humanos y la desconsideración secular en la que se tiene a los jueces a la hora por ejemplo de promover reformas legales o consultar a cerca de cómo se ejercita la Administración de Justicia, yo creo que es lo que ha producido un poco el hartazgo tanto de las asociaciones como de los Jueces no asociados. DV: ¿Porqué en unos sitios sí y en otros no? OS: En realidad lo que ocurre es que existe una amplia mayoría Jueces que han votado la huelga para el día 26 de junio, que es el día que la convocan las cuatro asociaciones que integran la CIP (Comisión Interasociativa Permanente). Sin embargo, dentro de los Jueces no asociados, incluso determinados Jueces y Magistrados si asociados, se ha creído que la inoperatividad del Ministerio no conllevaba a una demostración de que efectivamente los Jueces podíamos hacer huelga. Por un lado se trata de conquistar el derecho de huelga, que se nos ha venido incluso negando en muchas instancias, y en segundo lugar demostrar que sí, que nosotros podíamos hacer huelga como medida de presión, auque es una medida puntual, para demostrar que efectivamente los jueces están unidos. Esto es lo que a motivado que unos Jueces quieran llevar un ritmo más rápido y concreto de exigencias al Gobierno y otros un ritmo más sosegado, en el fondo la unidad existe. DV: ¿Ha habido una utilización del caso del Juez Tirado y la niña Mari Luz? ¿Por qué interés? OS: Realmente si creemos que ha habido una utilización política del caso. El poder ejecutivo siempre funciona en términos de votación o de rentabilidad electoral, de manera que cuando un caso así llega a la opinión pública y evidentemente la opinión pública no puede entender, porque no es entendible que una persona que pudiera estar condenada estuviera ya en libertad, pues el Gobierno lo que ha hecho es cargar las tintas sobre el eslabón más débil de la cadena que en este caso era el Juez Tirado y en definitiva, la secretaria y el Juzgado de lo penal. Ha sido una utilización bastarda por parte del Gobierno, ya que si hay que exigir responsabilidad a alguien que se haga en los justos términos, de hecho, le lincharon ya definitivamente y creo que quedará marcado de por vida por este caso. DV: ¿Qué interés tiene la polémica sobre los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial y la renovación del Tribunal Constitucional? OS: Son dos temas diferentes. Por un lado en el año 1985 el PSOE eliminó el sistema de elección de los vocales del CGPJ en parte por Jueces y Magistrados. Precisamente el espíritu y la letra , la ley en este caso la ley suprema que es la Constitución, y así lo dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia. Los partidos políticos que siempre tienen una tendencia expansiva y de acaparar poder, en este caso vieron la oportunidad de nombrar también a dos vocales, que fueran en cierto modo una correa de transmisión de los partidos políticos en el Consejo, y desde el año 1985 se vino haciendo así auque todos estemos reclamando que en la elección se participe en la forma que se establecía en la Constitución por Jueces y Magistrados. El Tribunal Constitucional es tres cuartos de lo mismo, más que un órgano judicial es un órgano político y entiende fundamentalmente cuestiones políticas, auque también es una vía muchas veces para intentar arreglar o componer algunos asuntos de jurisdicción ordinaria que interesan a los políticos a través del Tribunal Constitucional. Yo creo sinceramente que el Tribunal Constitucional está sumamente desprestigiado. DV: En el juicio de Emilio Botín sobre las pensiones pagadas a las cúpulas del Central, Botín afirmó que había que entender que los banqueros se movían en otras dimensiones. Al ser absuelto Botín ¿No crees que esto contribuye a generar la idea de que la justicia tiene un doble resero? OS: Por supuesto. Por supuesto, precisamente la absolución de Botín fue una causa formal, que fue precisamente la que decía que eso de que no hubiera acusación del Ministerio Fiscal, con la acusación popular, que no particular, hay que entender la diferencia, no se podía abrir juicio oral. Para entendernos: el Ministerio Fiscal es la acusación pública. La acusación particular es el ofendido por el delito, que se persona con abogado y procurador en la causa, y la acusación popular es quien tiene un interés en el asunto, pero no necesariamente directo. Entonces se puede comprender fácilmente, que si en estos casos se niega a que haya juicio oral, cuando no tenemos un perjudicado por el delito que reclame, como puede ser en determinados casos en delitos medioambientales, que no tengan una relación directa con un perjudicado o una víctima, en estos casos si no acusa el Ministerio Fiscal es prácticamente es quitar la posibilidad de que exista juicio. DV: ¿Quiere añadir algo más que no le haya preguntado? OS: Decir que me gustaría que los Jueces y Magistrados tuvieran una relación más estrecha con la prensa, que es el cuarto poder como se suele decir. Debería existir una relación estrecha y que el ciudadano esté informado, de sentencias, problemas y cosas que ocurren tan cercanas a ellos y de las cuales muchas veces no se les pone al corriente.