Tras la publicación de la sentencia del “juicio al procés”, Puigdemont y Torra han avivado el fuego con el objetivo de crear un enfrentamiento del que obtener réditos políticos. ¿Cómo debemos enfrentarlo?
Hay quien, como Pablo Iglesias, Ada Colau o Iñigo Errejón, afirman que “el conflicto catalán no puede resolverse solo con decisiones judiciales o actuaciones policiales”. Planteando que “hay un problema político que es urgente abordar”, señalando hacia “la intransigencia de Madrid” o “la necesidad de revisar la relación de Cataluña con España”.
Frente a estas posiciones, Recortes Cero-Grupo Verde plantea con claridad que el “problema político” en Cataluña es el poder de las élites del procés, que para blindar su dominio pretenden imponer de forma antidemocrática la independencia a una mayoría social que la rechaza.
Votar el 10-N a una candidatura como Recortes Cero-Grupo Verde, que exige la dimisión de Torra y denuncia el carácter reaccionario de Puigdemont, o defiende la unidad del pueblo trabajador en toda España desde las mejores tradiciones de la izquierda, es también avanzar en construir la alternativa que necesitamos la mayoría.
El problema son las élites del procés
Se puede coincidir o disentir de la sentencia aprobada por el Tribunal Supremo. Lo que no se puede es sembrar la confusión.
Las élites del procés no son “presos políticos”. Ni se ha juzgado al independentismo, ni las organizaciones independentistas han pasado a la clandestinidad, es más… gobiernan la Generalitat. No están “perseguidos”, son el poder en Cataluña.
No se les puede esconder bajo el disfraz de “víctimas de la represión de Madrid”. Un periodista de izquierdas como Antonio Maestre los define como “la burguesía del procés”. Han ejecutado los mayores recortes sociales. Han construido la “Gürtell catalana”, con el 3%. Disolvieron a palos el 15-M o reclamaron elevadas penas de prisión para quienes rodearon el Parlament protestando contra sus recortes.
Son la élite de la DUI, de los recortes y de la corrupción del 3%.
Es una estafa que se presenten como “defensores de la democracia”. El apoyo a la independencia nunca ha superado el 37% del censo, frente a un 63% de catalanes que se han negado a respaldarla. Y con solo el apoyo de uno de cada tres, han intentado imponer a la mayoría la independencia de forma unilateral. Ellos son los que más han atacado y recortado la democracia en Cataluña.
No es que Torra y Puigdemont no hayan condenado la violencia, es que la han alentado y protegido, con el agravante de utilizar para ello todo el poder de la Generalitat. Esperaban que la publicación de la sentencia fuera el “momentum” para antagonizar el enfrentamiento “con España”. Y necesitaban crear mayor tensión y división en la calle. Son los máximos responsables de lo que ha sucedido.
Están en retroceso, y cuanto mas enseñan su verdadero rostro menos respaldo movilizan. La manifestación en la que confluían en Barcelona las cinco “Marxes per la Llibertat”, impulsadas por la ANC y Omnium, congregaron a 525.000. Es menos que en la última diada, y la tercera parte de lo que pudieron movilizar en su punto álgido en 2015. Y la “huelga general” convocada por sindicatos independentistas minoritarios fue un fracaso.
Pero siguen siendo muy peligrosos. Disponen de todo el poder autonómico, y en la medida en que disminuye la base de apoyo a la unilateralidad, deben recurrir a formas más agresivas.
Torra debe irse, es ya un clamor en Cataluña y en toda España. Y hay que acabar con las políticas del procés, que han dividido y enfrentado al país y al pueblo.
Lo que nos interesa a la mayoría, en Madrid y en Barcelona, es unidad para enfrentar los recortes y promover políticas de redistribución de la riqueza.